La Cámara de Diputados de Brasil inició este viernes 15 la maratónica sesión decisiva que puede terminar con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Si se aprueba, el domingo pasará al Senado, que tendrá la palabra final sobre el caso. La sesión comenzó después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) fallase por no interrumpir el proceso, cosa que había solicitado el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo.

En un clima de alta tensión, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dio inicio a las discusiones que se extenderán durante dos días y medio sobre las acusaciones de que Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), cometió "crímenes de responsabilidad" al manipular las cuentas públicas de los últimos años con el presunto objetivo de esconder el déficit fiscal.

Según la oposición, liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la moción por el juicio político ya cuenta con el respaldo suficiente en la Cámara para garantizar su éxito el domingo. Una vez que pase esta primera votación, el impeachment tendrá que recibir la luz verde del Senado, donde inmediatamente el lunes se crearía una comisión de análisis.

Luego, dentro de los diez días siguientes, el plenario del Senado tendría que decidir por aceptar o no el pedido de la Cámara, en una votación para la cual es necesaria apenas una mayoría simple de entre los 81 senadores. Sólo entonces Rousseff sería apartada de su cargo, por un plazo de hasta 180 días, dentro del cual el Senado deberá juzgarla con el apoyo de dos tercios (54) de sus miembros.

Durante el período en que la presidenta estaría imposibilitada de ejercer sus funciones, asumiría el poder temporalmente el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma agrupación que Cunha. El gobierno ha acusado reiteradamente al PMDB, que hasta hace poco era el principal socio de la coalición gubernamental encabezada por el PT, de usar pretextos jurídicos y contables para implantar un "golpe" y quedarse en el poder.

Si el Senado hallara culpable a Rousseff de los "crímenes de responsabilidad" que se le imputan, sería de inmediato destituida y quedaría imposibilitada de presentarse a cualquier otro cargo electivo por ocho años. Temer permanecería entonces al frente del Palacio del Planalto para cumplir el resto del mandato actual, que termina el 31 de diciembre de 2018.

Hasta ahora, Brasil sólo sufrió un proceso de impeachment exitoso, el del Fernando Collor de Mello, en 1992, quien fue acusado de corrupción y prefirió renunciar a la Presidencia tras la votación en su contra en la Cámara de Diputados. De todas maneras, el Senado lo juzgó y lo condenó; hoy, sin embargo, es senador de la República.

Rousseff, que cuenta apenas con el 10 % de popularidad en medio de una profunda recesión económica y una crisis política que mantiene paralizado al país, no está formalmente acusada de ningún acto de corrupción, aunque su proceso está teñido de numerosas denuncias contra el PT por el escándalo de sobornos que existió en Petrobras.

Varios de los dirigentes del partido están en la cárcel ya e incluso hay acusaciones de cobro de dádivas contra el máximo líder petista, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, padrino político de Rousseff. En un intento por salvar su gobierno, la mandataria designó a Lula como su jefe de Gabinete el mes pasado, aunque éste aún no ha podido asumir porque la Corte Suprema aceptó una medida cautelar por supuesta obstrucción de la Justicia; al ser ministro, Lula quedaría fuera del alcance de la Justicia ordinaria, específicamente de las órdenes del juez federal Sergio Moro, de Curitiba, quien lleva adelante el caso del "petrolão".