Más allá de la cuestión operativa, donde está establecido un cronograma que fija unos plazos frente a la concentración de las tropas guerrilleras, la renuncia a las armas y la misma desmovilización de las FARC, no cabe la menor duda de que a partir del lunes 26 y durante lo que queda de esta semana la atención de Colombia estará centrada en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre, el mecanismo acordado en la mesa de negociaciones de La Habana para refrendar el Acuerdo Final. Al fin y al cabo, de su resultado en las urnas depende el inicio en firme de la implementación de la paz.

Ya el asunto no tiene que ver con la mesa de diálogos. Se trata de un pulso político en el que el Gobierno y sus aliados, y la oposición, encarnada fundamentalmente en el expresidente Álvaro Uribe y su Centro Democrático, medirán fuerzas, teniendo como telón de fondo la lucha por el poder en 2018. La batalla por el Sí y por el No en el plebiscito ha estado mediada por retos a debates públicos, cartas y pronunciamientos de lado y lado, guerra de encuestas y, sobre todo, por una feroz discusión, muchas veces plagada de insultos, en las redes sociales.

En lo que tiene que ver con las encuestas, la tendencia de las últimas semanas muestra ventaja para el Sí. El estudio que hizo Invamer para El Espectador, Caracol Televisión y Blu Radio –dado a conocer el martes pasado– revela el 67,6 % por el Sí y el 32,4 % por el No. A su vez, una encuesta de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red + Noticias, del viernes pasado, daba el 54 % para el Sí y el 34 % para el No, con el 12 % de indecisos. Los expertos coinciden en afirmar que siendo una votación atípica y compleja, pues no se trata de elección de gobernantes, hay más volatilidad en la ciudadanía.

Pero aun así, frente al eventual escenario del triunfo del Sí, la expectativa está también en el número de votos que alcanzará, que en términos prácticos implican la legitimidad de los acuerdos frente a la ciudadanía. Porque si bien el umbral de los 4,5 millones es bastante alcanzable, también es cierto que defensores y detractores de las negociaciones con las FARC están a la espera de la cifra final para salir a reclamar el triunfo o hablar de derrota. Los primeros, si el número de votantes supera al menos los siete millones, y los segundos, si no se alcanza esa meta.

Eso sí, todos han hablado de “respetar la decisión”. El Sí significa el banderazo para iniciar la implementación de los acuerdos, tanto para el Gobierno como para las FARC. El Ejecutivo tiene el compromiso de llevar ante el Congreso las leyes y reformas constitucionales necesarias para el desarrollo de lo pactado; entre ellas, la ley general de amnistía e indulto, que a su vez marca para la guerrilla el punto de partida hacia su desarme y desmovilización. Según reveló recientemente el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, se han identificado 18 proyectos por facultades extraordinarias, 22 por procedimiento legislativo acelerado y cuatro actos legislativos, todos relacionados exclusivamente con la paz.

El uribismo, por su parte, insiste en que votar por el No es decirle sí a la paz y habla de que si su opción es la que gana en las urnas, se podrá renegociar lo acordado. Sin embargo, hay más incertidumbres que certezas, pues no ha dicho cómo sería eso posible. Algunos, como el ex vicepresidente Francisco Santos, han planteado que se debe rodear al Gobierno y mostrar unidad entre todos los colombianos, como una manera de presionar a las FARC a volver de nuevo a la mesa de negociaciones. “No es volver a empezar porque no estamos arrancando de cero, hay que recoger lo que ya está y replantear temas. No creo que sea tan grave, ni volver al pasado ni a la guerra, como se ha planteado”, dijo Pancho Santos.

Ahora, es iluso pensar que, ante la tesis de la oposición de que el Acuerdo Final implica impunidad, los jefes guerrilleros van a regresar al diálogo para aceptar ir a la cárcel por muchos años o hasta ser extraditados. Es cierto que algunos de sus comandantes han expresado que no contemplan la idea de volver a las armas y que su apuesta por la paz era inclaudicable, pero también hay otros que han dicho que solo hasta que la amnistía y el indulto estén en firme, procederán a desplazarse hacia las zonas de concentración para iniciar su desarme y desmovilización. Y como ya se dijo, ello solo será posible cuando el Congreso tramite y apruebe la ley, algo que a su vez depende de la refrendación. Por cierto, lo advirtió Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, si gana al No, hay que ser conscientes de que la consecuencia es que “el proceso terminó”.

De hecho, el Legislativo está notificado de esa urgencia. Según el senador Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, una vez que se cumpla el paso del plebiscito, la idea es que esa ley de amnistía e indulto se tramite en el menor tiempo posible, dentro del mecanismo de fast track establecido. “Tiene prioridad y se trata de la ley que permitirá el inicio de las zonas de concentración y la salida de los guerrilleros presos que no estén condenados por delitos de lesa humanidad (…) ese proyecto esperamos salga en máximo dos semanas para de esa manera darle la garantía a la guerrilla de que se va a cumplir lo pactado en La Habana”, dijo.

Frente a este panorama, hay que comenzar a pensar entonces en que el Día D para el cumplimiento del cronograma de desmovilización efectiva de las FARC hay que empezar a contarlo a partir de la aprobación del plebiscito e incluso quizás desde la aprobación de la ley de amnistía e indulto. Al menos, esa es la señal que dejan las palabras de Iván Márquez, segundo al mando en el Secretariado de las FARC: “Sí, el 26 está la firma del Acuerdo Final, pero hay un aspecto que debe precisarse y es el de la ley de amnistía e indulto. Sin ello es muy difícil que la guerrilla empiece el movimiento de sus efectivos hacia la zona de paz o hacia los puntos transitorios de normalización. Queremos seguridades en este terreno”.

Este pronunciamiento tuvo, a su vez, respuesta por parte del comisionado de paz Sergio Jaramillo, uno de los plenipotenciarios del Gobierno en la mesa de negociaciones: “Eso no es cierto y tampoco es una condición. Eso no está escrito en el Acuerdo Final de paz y lo único que se debe cumplir es con un cronograma de abandono de armas en 180 días. Durante ese tiempo pasarán muchas cosas, por ejemplo, el trámite de la ley de amnistía en el Congreso. Las FARC ya se están reagrupando para ingresar a las zonas de concentración”.

Es posible entonces que el cronograma se corra unos cuantos días que, según fuentes del Gobierno consultadas por El Espectador, no tienen la mayor importancia ni representan mayores riesgos para el cumplimiento de lo pactado. Eso sí: la única certeza en el compromiso es que en seis meses (180 días) se haya concluido totalmente con la dejación de las armas y la desmovilización, para que las FARC se integren así a la sociedad colombiana como un movimiento político legal.

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