La Defensoría del Pueblo de Colombia informó en la primera semana de marzo que durante el período comprendido entre el 1.° de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 se han registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones a líderes sociales y activistas defensores de DD. HH. Además, otros 430 se encuentran amenazados.

Fabián Antonio Rivera Arroyave, Ruth Alicia López Guisao y Éder Cuetia Conda fueron asesinados la última semana de febrero. Con su muerte asciende a cerca de 120 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos silenciados a sangre y fuego en Colombia desde enero de 2016.

Según explica el defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Negret Mosquera, el retiro de las FARC de las zonas donde ejercían control ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el dominio territorial y económico. La aparición de estos grupos criminales afecta especialmente a organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, que quedan expuestas a estigmatizaciones y señalamiento constante debido a su labor.

A través de su trabajo en terreno, la Defensoría del Pueblo colombiana, entidad estatal encargada de velar por la defensa y el respeto de los derechos humanos, ubicó a las víctimas de estos homicidios en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

El titular de la Defensoría exhortó a las autoridades y la sociedad en general a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales.

Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Foto: publicada por RFI.

El pedido apunta en especial a la Fiscalía General de la Nación para que las investigaciones sobre estos crímenes sean asumidas por la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz. Asimismo, el funcionario llama a que se fortalezcan las labores de inteligencia que permitan desmantelar los grupos armados que violan los derechos humanos de esta población.

El defensor recuerda que estos hechos, además de atentar contra la vida e integridad de este grupo poblacional, son una violación directa al derecho a pensar y opinar libremente, participar en asuntos públicos y defender los derechos humanos.

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