Luego de un año y medio de estudio, juristas encabezados por el juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni presentaron la semana pasada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un anteproyecto de reforma del Código Penal. El extenso texto (578 páginas), que contó también con la colaboración de legisladores y legisladoras de distintos bloques, quienes marcaron su beneplácito o disidencia en diferentes puntos del texto elaborado, será discutido este año en el Congreso nacional. Pero antes será estudiado por la Presidenta, quien le dará el visto bueno final (en general, los cambios se hicieron con su aval), para ser enviado luego al Parlamento donde el oficialismo ha prometido promover un debate que incluya a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil.

El anteproyecto del nuevo Código tiene muchas modificaciones: unifica criterios sobre delitos, incluye nuevas tipificaciones y tiene un perfil garantista aunque con algunas excepciones polémicas, como la posición sobre aborto. Entre las tantas novedades se destacan:

- Elevación de la pena máxima de prisión a 30 años, eliminación de la prisión perpetua y de la figura de la reincidencia. En la actualidad es de 25 años la máxima pena para los delitos considerados gravísimos. La reforma prevé 30 años para los delitos de lesa humanidad, como lo determinan los organismos internacionales. Pero además, en este tipo de condena, caben todos los que, mediante el uso de la violencia, atenten contra la vida, la libertad y la integridad de las personas, es decir el homicidio, el secuestro y la violación seguida de muerte. A la vez, el texto de reforma del código deja asentada la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y de todo tipo de sentencia que sume penas por arriba de 30 años.

Otro de los cambios propuestos, vinculados a condenas, es la eliminación de la figura de la reincidencia. Esto es, que la sumatoria de un hecho delictivo cometido por un mismo delincuente agrava su pena, algo que han impulsado sectores que tienen una mirada ligada a la mano dura sobre la inseguridad. En Mendoza, el diputado provincial Daniel Cassia viene proponiendo una modificación a la Ley de Ejecución de la Pena que va en ese sentido. De hecho, la Legislatura mendocina aprobó hace dos años un proyecto que limitaba las salidas transitorias de los condenados por delitos violentos y, entre otros puntos, incluía a los presos reincidentes.

El abogado Pablo Salinas, especialista en Derechos Humanos, destacó los cambios impulsados para el Código al ser consultado por Edición UNCUYO: “Hoy no tenemos Código Penal porque la sistematicidad del mismo había sido destruida por la inflación penal. El proyecto presentado por la comisión dirigida por Raúl Zaffaroni es la manera de recuperar un código penal con sistematicidad y que sea verdaderamente un Código Penal, a lo que hay que agregarle que la comisión que lo elaboró estuvo constituida por todas las fuerzas políticas lo que le otorga un consenso social más que necesario”

Por otro lado, el Código dispone nuevas penas para delitos como el de contaminación o el de robar una identidad por correo electrónico.

- Despenalización del consumo personal de todas las drogas. Es el tema donde existe mayor consenso entre las fuerzas políticas, lo que sigue también lo ya marcado por la Corte respecto de la marihuana, solo que la reforma incluye a cualquier droga. El especialista en seguridad pública, Martín Appiolaza, aseguró ante Edición UNCUYO: “ Cada vez es más fuerte el consenso de que la política sobre el consumo de las drogas vinculado a las penas ha fracasado y hay que pasarlo al ámbito de la salud pública. Creo que el anteproyecto va en ese sentido, y me parece bien”.

Sin embargo, Appiolaza hizo una salvedad respecto de cómo debería ser acompañada desde el Estado nacional y los estados provinciales esta decisión de despenalizar las drogas para consumo:

“Ahora, la discusión hay que darla sobre las políticas de salud pública, respecto de la atención que hay que otorgar a las adicciones, sobre cómo el Estado se hace cargo de esa realidad. En ese sentido, encuentro contradicciones. Porque por un lado está este anteproyecto, apoyado por el Gobierno nacional, pero no hay una unificación de miradas respecto del tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional. Por lo tanto, conviven distintas miradas, una más ligada a la intervención profesional y otra a la discipina”. En esa línea, el magister en Política y Planificación Social de la UNCUYO, sumó: “Otros aspectos a destacar en ese sentido son: que el Gobierno nacional ha profundizado sus políticas respecto de la guerra de las drogas; que el Sedronar, con la intevención de la Iglesia, tiene un perfil de asistencia, y hay facultades cruzadas también entre las provincias, porque no está claro de qué deben hacerse cargo respecto de la política de drogas”.

- Se aclara que son abortos no punibles los que vienen de violación pero no se habla de la despenalización y se establecen tipos penales nuevos. En la página 180 del texto de la reforma, la comisión asegura que ha modificado el artículo 86: “No dará lugar a sanción alguna el aborto que practique un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer o su representante legal, cuando el embarazo proviene de una violación”. En ese sentido, se aclara: “La mayoría de la Comisión deja en claro que no abre ningún debate en torno de la posible ampliación del ámbito del aborto no punible, absteniéndose de pronunciarse al respecto en el presente anteproyecto, sin perjuicio de reservar cada uno de sus integrantes su personal opinión y considerar que la cuestión debe ser materia de una discusión separada. La experiencia nacional y comparada indica que cualquier alteración en este punto tiene el efecto negativo de obstaculizar e impedir la discusión general de la reforma, por lo cual se insiste en la necesidad de dejar el tema fuera de la discusión del código”.

Es decir que se decidió no discutir la posibilidad de despenalizar el aborto en general, y solo hay aclaraciones sobre las violaciones debido a que los grupos autodenominados “provida”, que no están de acuerdo con los abortos en ningún caso, han hecho presentaciones judiciales durante muchos años para impedir este tipo de prácticas cuando había una violación, alegando que el código no las permitía.

Ante la consulta de Edición UNCUYO, Mabel Gabarra, abogada, representante de las mujeres autoconvocadas de Rosario, lamentó la decisión de excluir la despenalización del aborto de la reforma del Código: “El criterio del anteproyecto del código es garantista, menos con el tema del aborto. Estamos contentas con que se aclare el tema del aborto pero es lo que ya estaba dicho, no se avanza en nada. Nosotras queríamos ver la posibilidad de que incluyera el tema del plazo para que las mujeres que quisieran abortar pudieran hacerlo, pero lamentablemente no se avanzó en nada”.

También marca tipos penales nuevos, como el aborto culposo. “El artículo 88 reproduce el artículo 88 vigente, dividiéndolo en tres incisos y tratando en forma particular la hipótesis del aborto culposo de la propia mujer. El inciso 1º tipifica la conducta dolosa de la mujer, y los dos restantes precisan que la tentativa de la mujer y el aborto culposo cometido por ella, no son punibles”, dice el anteproyecto.

Un Código con muchas consultas

Para armar el anteproyecto se buscó que existiera consenso, y la comisión recibió muchísimas propuestas, donde quedaron claras posturas de la sociedad sobre temas clave: