El senador nacional Julio Cobos (UCR-Cambiemos) presentó un proyecto de ley orientado a crear un marco regulatorio y de controles para eventuales casos de conflictos de intereses entre los funcionarios y el Estado. Está dirigido a políticos con cargos en el Ejecutivo y Legislativo, entre ellos el presidente y vicepresidente. Surge con el objetivo de preservar el interés general y dar transparencia al ejercicio de las funciones públicas.

La iniciativa legislativa de Cobos surge a pesar de que Mauricio Macri, presidente de la Nación, anunció en la apertura de sesiones ordinarias que se publicarán dos decretos orientados a evitar este tipo de problemáticas. Esto se da en el contexto de la polémica por las rutas preadjudicadas a Avianca y de las críticas por el conflicto con el Correo Argentino por el acuerdo de condonación de deuda entre el Estado nacional y el Correo Argentino, cuyo principal accionista es la firma Socma, de Franco Macri, padre del Presidente.

El proyecto del ex vicepresidente crea un marco regulatorio e incorpora controles dirigidos a "los funcionarios que deban gestionar la cosa pública, basado en el uso de las buenas prácticas y abarca al presidente y vicepresidente de la Nación; jefe de gabinete; ministros y secretarios, senadores y diputados; entre otros, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ética Pública".

El mismo surge de la necesidad de prevenir el conflicto de intereses en la gestión de los funcionarios y trasparentar la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones preservando el interés general: "Los responsables de la gestión del Estado nacional, sus funcionarios debemos ser conscientes de que el objetivo de las instituciones es servir a los intereses de la Nación y de sus ciudadanos en el cumplimiento de los objetivos políticos. Debemos esforzarnos por cumplir, en todo momento, las normas profesionales más estrictas", detalla el proyecto.
 

El proyecto

En el proyecto se crea la Oficina de Conflicto de Intereses como organismo responsable y autártico, que estará en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el desarrollo del análisis, seguimiento, investigación y derivación de los casos. El titular de dicha Oficina, que tendrá el deber de mantener en secreto los datos e informaciones y no podrá solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada, tendrá rango de secretario de Estado y será propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación. Asimismo, contempla un registro de actividades con el fin de detectar tempranamente posibles conflictos de interés que puedan surgir en el desempeño de la gestión.

Las disposiciones de esta regulación buscan "prevenir el peligro de captura de las decisiones públicas por intereses particulares e inhibir la utilización de información reservada y privilegiada", estableciendo un seguimiento de declaraciones juradas presentadas por los funcionarios, al principio y al final de la gestión. Además, establece un régimen sancionatorio que clasifica dos tipos de infracciones: graves y leves. Las sanciones van desde la destitución del cargo hasta multas cuyo monto no podrá ser menor al equivalente a cinco sueldos mínimos vitales y móviles.

PROYECTO PARA ACTUAR FRENTE A POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES