Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, celebrada en el salón Illia del Congreso Nacional, el senador nacional Julio Cobos solicitó que se cumpla el pago de los impuestos a las Ganancias de los nuevos jueces. El legislador radical mendocino requirió al Poder Judicial de la Nación un informe para “conocer si los magistrados designados a partir del 1.º de enero de 2017 están abonando el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27346”, y sostuvo que “es importante que se cumpla lo que establecimos en esta ley y los jueces paguen ganancias como el resto de los trabajadores”.

“Además, he solicitado que se nos informe si existen procesos judiciales en curso, cuyo objeto sea la impugnación del pago del impuesto a las Ganancias. En las audiencias públicas, todos los postulantes manifiestan estar de acuerdo con la obligación de pagar este impuesto y han aceptado que el pago los iguala ante el resto de la ciudadanía, por lo que considero que esa información es muy importante y mucho más que se cumpla lo establecido por ley”, manifestó el exgobernador mendocino.

El decreto que se trabó en la Justicia

Los jueces trabaron, en agosto de este año, el decreto del Ejecutivo nacional que los obliga a pagar el impuesto a las ganancias. Es que el Ministerio de Justicia preveía que se publicara esta semana, pero las asociaciones que reúnen a los magistrados buscan demorarlo para excluir a buena parte de los funcionarios judiciales.

"El decreto está dormido y ojalá que siga así": un importante magistrado definió de esta forma la situación de la norma que obliga a los nuevos jueces a pagar el impuesto a las ganancias desde este año.

Pese a que la intención del Ministerio de Justicia era que esa norma, que reglamenta la ley votada el año pasado por el Congreso, se publicara esta semana en el Boletín Oficial, la presión de los magistrados logró por ahora que el decreto quedara en stand by.

En diálogo con el diario La Nación, una calificada fuente de la cartera que conduce Germán Garavano admitió que hay bastante lobby de las diferentes asociaciones que reúnen a los magistrados para frenar la puesta en marcha de esta modificación legislativa. En tanto, el proyecto de decreto va y viene entre Presidencia y la AFIP, precisaron. Desde una de las asociaciones de jueces se mostraron confiados en que la aplicación no será rápida y aclararon que sigue el diálogo con diferentes áreas de Gobierno para tratar de que "la norma salga con la menor cantidad de arbitrariedades posibles".