Una vez que Alfredo Cornejo logró dar las primeras señales de soluciones a las urgencias, otra vez la agenda volvió a sus prioridades, poniendo a la seguridad en los primeros planos. Lo que nadie preveía era que el frente que se abriera fuera el flanco judicial por el fallo de la Corte local publicado el miércoles 23 y que le pone límites a la aplicación de la medida de prisión preventiva, a instancias de un Habeas corpus colectivo presentada por la ONG Xumek, defensora de derechos humanos.

No cayó nada bien en el seno del Ejecutivo. Lógica reacción, teniendo en cuenta la preeminencia que Cornejo le da al problema al punto de la obsesión, sólo disimulada por la crisis financiera del Estado provincial.

Entonces se entiende que el fallo de la Corte lo haya desequilibrado, porque le recortó una herramienta útil para satisfacer la demanda del vecindario que pide que los que roban, violan, atropellan y demás estén presos, pero desde el momento de ser imputados y mientras se los investiga, es decir, aún mientras no se les prueba el delito por el cual se los acusa. 

Otra vez se plantea desde el punto de vista jurídico, desde la Corte, la prioridad de asegurar las garantías ciudadanas. Y desde el otro lado, desde el Gobierno, se busca satisfacer la demanda de seguridad bajando la sensación de impunidad. 

La idea de Cornejo

No hay nada que esconder. En este plano, el gobernador se mueve por el humor social y por las mediciones en ese sentido, y es debido a esto que se queja de no haber sido consultado por los jueces previo a la resolución. Por eso, esta reunión con la Corte prevista para hoy lunes a las 12.00 en la sede del Alto Tribunal es tomada por el mandatario como una audiencia de conciliación.

Cornejo pretende que la prisión domiciliaria sea útil para sostener el ritmo de control policial sobre las calles, como primera fase de una idea de responder al reclamo. El argumento gubernamental de sobreexigir al aparato policial para cumplimentar con lo requerido por el fallo judicial parece más una excusa que una realidad.

Está claro que de ahora en más los fiscales deberán cumplir con la tarea de justificar rápidamente por qué se detiene a una persona ante el juez de garantías y esto debería hacerse en un plazo no mayor a 48 horas. Para morigerar su posición, Cornejo recuerda que en su plataforma de gobierno está apuntada la aplicación de la oralidad de los procesos penales como se hacen Chile e interpreta que el fallo es un paso mal dado hacia adelante porque sólo sería practicable con el aparato judicial y auxiliar adaptado para ese fin.
 

Por qué se produjo el fallo

El gobernador tiene dos lecturas en un orden de crédito para encontrar explicaciones a la resolución de la Corte.

1- Fue un fallo para condicionar al procurador de la Corte, Rodolfo González, enfrentado con el supremo Omar Palermo desde lo conceptual.

El primero de los puntos se asienta en la ya histórica crítica a la gestión de González y su modo discrecional para manejar el cuerpo de fiscales y defensores. El ala progresista del Poder Judicial, encarnado por Omar Palermo, ve en el funcionario un ejemplo de la rancia “familia judicial” y de un modo ortodoxo de impartir justicia. Señala el periodista Marcelo Arce en el portal MDZ Online que habrá una reacción de González contra el fallo y pedirá su nulidad, algo que parece improbable porque una sentencia judicial es inamovible y sólo puede ser apelada a una instancia superior. Sin embargo, está claro que la tensión siempre latente es ahora más evidente dentro del Poder Judicial.

2- Fue un estiletazo del sector kirchnerista de la justicia identificado como Justicia Legítima.

El segundo punto en que concluye Cornejo se funda en que los reclamantes y el juez Palermo son los mismos que rechazan la prisión preventiva y sostienen que hay que vaciar las cárceles. A propósito, el mandatario dice que los mismos demandantes, cuando fueron funcionarios de seguridad en el gobierno peronista de Celso Jaque, no impulsaron “ni un metro de cárcel”. Pero esta última elucubración pierde fuerza cuando aparecen en escena los ministros de la Corte, Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares, ambos de extracción radical, que suscribieron al texto final del fallo.

Los mismos magistrados ven que esta resolución integra la herencia recibida por Cornejo de parte de la administración de Paco Pérez, aunque desde el sector político oficialista saben que el Habeas corpus fue presentado en septiembre, cuando Cornejo ya era electo. La Corte bien podría haber acelerado sus pasos para que este fallo se diera a conocer antes de la asunción de Cornejo para aventar sospechas de este tipo, sostienen desde el radicalismo.

Presagios de guerra

Desde la vereda judicial temen que Cornejo también rememore que sus antecesores y correligionarios (Roberto Iglesias y Julio Cobos) sacaron réditos electorales enfrentándose a los jueces, en aquellos tiempos, por la indexación automática de los sueldos de los magistrados. “Ellos saben que pegándole a los jueces ganan elecciones”, aseguran en Tribunales, y presagian una nueva puja, esta vez por la presunta traba al combate de la delincuencia. Por eso se apresuraron para responder con un comunicado de prensa del Poder Judicial.

El texto salido de la Corte no está exento de una crítica hacia el Ejecutivo, sin decirlo pero aduciendo “versiones que pueden provocar en la comunidad desinformación o, lo que es peor, error conceptual y temores infundados”. Además, le recuerda su rol de "órgano de Gobierno" del mismo Poder Judicial.

Con esto, quien ha quedado desacomodado es el mismo presidente de la Corte, Pedro Llorente, quien, según el gobernador, sólo se limitó a concretar el encuentro para el lunes y se despegó de la resolución, ya que no suscribió al fallo junto a los otros jueces de la Corte, Mario Adaro y Herman Salvini. Claro está –y es oportuno advertirlo–, ninguno de los tres magistrados argumentó en contra del polémico fallo.