Durante la tarde del jueves 10 de marzo, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se reunió con los gobernadores para modificar la oferta en torno a los fondos coparticipables que la Nación retiene a las provincias. El Gobierno ofreció pagar una parte con dinero y otra parte en bonos o herramientas financieras hasta el año 2020, cuando complete el 15 % que debe.

En la reunión participó la vicegobernadora Laura Montero en representación de Mendoza. La Nación se comprometió a entregar en 2016 la suma total de 37 813 millones de pesos, de los cuales 1180 millones corresponden a la provincia. En el caso de Santa Fe, Córdoba y San Luis, se les devolverá el 15 % que se les debía (14 213 millones de pesos), según el fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2015.

Siendo más claros, lo que ofreció Frigerio es un plan de pagos para devolver el dinero a las provincias y no pagar toda la deuda junta, porque esto significaría, en palabras de Martín Kerchner, ministro de Hacienda de la provincia “quebrar la Anses y eliminar todas las AUH”. En este sentido, agregó que el proceso “ hay que hacerlo con razonabilidad”.

El plan que presentó el ministro del Interior busca que las provincias reciban el dinero que se les adeuda y no se desfinancie la caja de los jubilados. En 2016 la Nación tiene una deuda total con las provincias de 73 213 millones de pesos, pero para evitar la quiebra de Anses girará 37 813 millones (3 % en efectivo y 3 % en bonos). En 2017 la suma a pagar será de 83 289 millones, pero el Ejecutivo entregará solamente 56 807 millones (6 % en efectivo y 3 % en bonos); en 2018, la suma ascenderá a 92 212 millones, pero la provincias recibirán 77 350 (9 % efectivo y 3 % en documentos).

En 2019 la deuda será 96 822 millones y las provincias recibirán ese mismo monto, porque el aumento será de 12 % más 3 % de los documentos a descontar. Finalmente, en 2020 se pagará el total de la deuda, que será de 101 663 millones, en efectivo, sin necesidad de recurrir al uso de documentos porque, según las expectativas del oficialismo, se llegará al 15 % adeudado.

En el caso de Mendoza, recibirá en 2016 1180 millones; en 2017,  2025 millones; en 2018 la suma será de 2971 millones y en 2019, la suma que llegará a la provincia trepará a 3900 millones.
 

Coparticipación, un problema viejo pero con necesidades nuevas

Para entender cómo funcionan los fondos coparticipables y de dónde salen esos números hay que hacer un recorrido histórico por esta forma de financiamiento que tiene la Nación. La coparticipación es el dinero que recibe el Estado Nacional y que distribuye entre todas las provincias, ya sea a través de coparticipación nacional, provincial o municipal. Esta masa coparticipable está formada principalmente por el ingreso de tres pagos importantes:

• El pago de IVA, que en las compras  que realiza el consumidor final significa el 21 % del producto que se paga;
• El dinero que recibe la Nación por el pago del impuesto a las ganancias;
• Dinero que recauda en los juegos y casinos nacionales.

Durante la década de los 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, el Estado privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones a través del sistema de las AFJP, por lo que la Anses se desfinanció. En 1992 se pidió a las provincias que cedieran el 15 % a la Nación para formar la masa coparticipable. Este dinero entra direcamente a las arcas del Gobierno y ahí aparece la llamada “detracción” (retención) de los fondos. Dada la situación en la que se encontraba Anses, las provincias aceptaron este acuerdo y se comprometieron a cumplir de manera voluntaria con esa suma de dinero tan importante para sus arcas.

En 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández, la Anses volvió a ser estatal y empezó a financiarse con el aporte de los contribuyentes y de los ingresos que entraban por coparticipación. Actualmente, ese organismo se encarga del pago de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Procrear, Progresar, Tarjeta Argenta, Asignación por embarazo y el aumento de las jubilaciones dos veces por año.

En 2006, las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba entendieron que con lo recibía la Anses no hacía falta que les retuvieran el dinero del 15 % de la coparticipación, por lo que iniciaron un pedido para que la Nación devolviera ese dinero. Por lo tanto, hicieron un pedido a la Justicia, que se formalizó el 24 de noviembre de 2015 cuando la Corte Suprema falló a favor de esas tres provincias e instó a la Nación a resolver la situación en un plazo no mayor de 120 días.

Luego de esto la expresidenta Cristina Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia por el que le devolvía a el 15 % de coparticipación retenida a todas las provincias, no solamente a las que estaban en litigio. La Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República presentó en la Corte una medida cautelar que fue avalada por supremos el 9 de diciembre.

En enero de 2016, el presidente Mauricio Macri firmó otro DNU donde derogó el decreto de su antecesora. Según indicaba la nueva norma, la medida de Kirchner “vulnera la expresa limitación constitucional del artículo 99, inciso 3, en cuanto prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, por tratarse su objeto de la distribución intrafederal de recursos de naturaleza impositiva”.

A nivel provincial, los gobernadores pidieron una nueva Ley de Coparticipación. Rogelio Frigerio el 9 de diciembre, día que asumió Alfredo Cornejo en la Provincia, aseguró que enviarían un nuevo proyecto de ley al Congreso “con el objetivo de modificar los desequilibrios contemplados en la norma actual".  

El 19 de enero, Macri firmó un nuevo DNU por el que aumentaba la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 1,40 a 3,75. Esto generó el enojo de los gobernadores porque no se los consultó para tomar la medida. El Gobierno justificó el decreto por los gastos que implicó el traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana. La Ley de Coparticipación todavía no existe. La respuesta de los gobernadores a la oferta que hizo el Gobierno el 10 de marzo, tampoco.