Tomando como precedente la marcha que se realizó el 13 de septiembre pasado, se supone que  la convocatoria del 8-N ha de ser heterogénea: una incuestionable presencia de sectores altos y medios altos, una porción significativa de la clase media y en menor medida la asistencia de poblaciones más pobres concurrirán a la protesta. Según señaló Wainfield en su crónica del 13-S, resultaba llamativa la cantidad de autos 0km en las colindancias de las concentraciones que se produjeron en esa ocasión.

Más allá de su disparidad de clases y posiciones sociales, según se puede comprobar en los distintos sitios que se presentan como foros de organización de la marcha, se predica un teórico apartidismo –más no apoliticismo- que resulta bien recibido por los medios de comunicación privados. Dicha condición es presentada como un modelo ejemplar de ciudadanía dado el abierto desprecio que presentan los medios de comunicación (ergo también sus audiencias) por la política. 

Mal que les pese a muchos de los que vayan a esta manifestación y sean realmente apartidarios, se ha comprobado que una serie de referentes claves pertenecientes a fundaciones, partidos y entidades liberales están prestando recursos y logística para la organización y éxito de la marcha. Por supuesto especulan con que en el futuro puedan cosechar el potencial capital político de los “indignados”.

El caldo de cultivo de esta situación remite a 30 años atrás, cuando se produjo una inflexión en la cultura argentina. La comunicación se puede considerar como uno más de los crímenes y transgresiones que cometieron los militares durante el auto proclamado proceso de reorganización nacional.  Es en esa etapa donde se sentaron las bases para la propagación de una cosmovisión liberal que hasta entonces resultaba minoritaria en la sociedad argentina.

Este proyecto se desarrolló en una primera etapa a través del férreo control sobre los contenidos por parte de los militares que estuvo orientado a implementar un plan de propaganda liberal en todos los medios. Luego, con su  sanción en el año 1980, la Ley Nacional de Radiodifusión 22.985 estableció con claridad a las empresas mediáticas como sus mayores favorecidas al sostener que la radiodifusión sólo se podía ejercer exclusivamente como una actividad con fines de lucro.

Durante la década del 90 el menemismo terminó de cerrar este proceso liberalizador fomentando y permitiendo la creación de verdaderos trust comunicacionales. Desde hace dos décadas funcionan los oligopolios comunicacionales como verdaderos aparatos de propaganda y formación manteniendo y dirigiendo la agenda mediática en base a sus intereses.

Un dominio que no solo se manifestó en el ámbito económico sino que dado el carácter eminentemente social de la comunicación devino en poder político, en tanto afecta e influencia directamente la forma en que amplios sectores de la población  comprenden la realidad. 

Quizá la marcha del 8-N sea una de las últimas acciones que sean resultado de este esquema mediático, que tiene los días contados hasta que se comience a aplicar de manera efectiva la reciente (y no tan reciente) Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Algunas de las consignas

Claramente, la seguridad –una de las consignas principales de la marcha del 8N- es uno de los lugares comunes en los que suele caer el aparato de propaganda conformado por los medios de comunicación privados.

Probablemente debido a eso es que desde hace mucho tiempo en la Argentina no se discute con seriedad acerca de seguridad desde una perspectiva que sea distinta a la que proclama la ecuación “más policías es igual a más seguridad”, que es el derrotero criminológico que suele aparecer en los medios. Eugenio Zaffaroni incluso oportunamente creó un término para refiere al fenómeno:  “Criminología mediática” fue el concepto que propuso el alto magistrado para señalar a la banalidad y sesgo ideológico con el que los medios suelen representar a las problemáticas ligadas a la seguridad. 

De la misma manera que ocurre con la “seguridad”, en los reclamos de los caceroleros se repiten muchas de las consignas con las que se suelen obstinar los medios de comunicación privados (Clarín, La Nación, etc.) como por ejemplo: corrupción, inflación, autoritarismo, falta de libertad de empresa, de prensa, de mercado, de compra o venta de dólares, etc.

La influencia de los medios sobre las consignas que se han tomado como eje para la marcha son evidentes, tal es así que inclusive en varios sitios y pancartas digitales que promocionan la asistencia a la marcha se sostiene en franca solidaridad con el grupo Clarín que “Con un gran 8-N no hay 7-D”.

Con esto queda claro que la protesta contra el Gobierno Nacional en diferentes puntos del país  ha sido extensamente incentivada por el grupo Clarín y otras entidades empresariales a través de un trabajo constante y sistemático de operaciones de prensa y formas técnicas de presentar las noticias e informaciones.

La urgencia del grupo por que se produzca esta marcha es urticante dado que luego del 7 de diciembre próximo –debido a la finalización de la cautelar presentada contra el art. 161- Clarín particularmente (que, según el Afsca, es el único que se resiste a hacerlo) deberá ajustarse a los parámetros que dicta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Visión política-ideológica en serio

Más allá (o a causa) de su ideario (ideal) apartidista, la marcha posee un claro componente político e ideológico: reclamar por ¡más seguridad! en abstracto no es lo mismo que reclamar por más inclusión para mejor seguridad. La primer consigna abreva sobre la forma de reprimir la delincuencia, la segunda de evitarla desarrollando políticas orientada a atacar sus causas (como por ejemplo la exclusión). La una está a la derecha de la otra.

En términos generales, tanto en la Argentina como en la mayoría de los países occidentales, mientras más a la derecha, más intenso, lineal y abstracto es el reclamo por seguridad y libertad. En Venezuela, por ejemplo, uno de los argumentos más habituales de la oposición contra el movimiento bolivariano que encabeza Hugo Chávez suele ser la “falta de seguridad”, demanda que disputa codo a codo con la denuncia por falta de “libertades civiles”, aunque es un país que acaba de tener elecciones ejemplares e incuestionables según innumerables veedores internacionales.

Ese es otro de los puntos que señalan muchos de los foristas que asistirán a la marcha del 8-N: la relación de Argentina con Venezuela les resulta incómoda. Muchos de los/las indignados/as reclaman la necesidad de dejar de parecerse a la República Bolivariana a fin de evitar que el país se convierta en una verdadera “Argenzuela” y con esto repiten viejas manifestaciones de la oposición (y también de los titulares de los diarios) al gobierno cuando denunciaban la “chavización del país”.

Cuba es otro de los peligros que detectan los foristas, ampliamente manifestado en muchos de los carteles de la anterior marcha del 13-S de manera poco feliz e incluso agresiva.

Respecto a las denuncias de corrupción –quien nadie duda que no puedan existir casos determinados- no se ha planteado ningún ejemplo concreto que invista de sustancia al reclamo. Demandar menos corrupción sin presentar denuncias concretas es un consigna tan abstracta que impide cualquier tipo de debate en torno a la problemática

En síntesis

Es parte del espíritu democrático que los distintos sectores de la población planteen -si la tienen- su disconformidad con su gobierno. Ante lo cual la marcha del 13-S o del 8-N son formas perfectamente legítimas. Sin embargo, existieron una serie de expresiones que por su violencia y su franco desprecio por la democracia  –por parte de unos pocos- durante la marcha del 13-S generan cierta inquietud en otros ciudadanos que no comparten tales valores.

Estas expresiones que fueron minoritarias nunca tuvieron el repudio por parte de ninguno de los partidos políticos de la oposición que tan frecuentemente se rasgan las vestiduras hablando de democracia y que ven como un convite y una oportunidad electoral futura a este tipo de movilizaciones. Mala la actitud.

Otro tanto ha ocurrido en los debates virtuales donde algunos foristas suelen decir verdaderas canalladas y dan muestras de odio clasista y racista contra los sectores más humildes de la sociedad sin ser repudiados por otros “indignados”. Extralimitaciones como esa no deberían ocurrir en un país con tantas herencias totalitarias.

Como así tampoco deberían existir ni ser permitidos sitios como “Sólo un año de militares y se acaba la inseguridad en Argentina” que posee  un  mensaje claramente apologista de la dictadura y de los crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo existen y cuenta en ese caso con más de 6 mil adhesiones en la red social de Facebook.  Hay ahí una cuestión preocupante para la democracia. ¿No debería ser también motivo de preocupación para muchos de los posibles concurrentes al 8-N que sitios virtuales como ese apoye de manera enfática su protesta?