Inversión y generación de empleo Actualmente las utilidades reinvertidas por las empresas se gravan a una de las tasas más altas del mundo. Esto perjudica la inversión, dado que el capital es el factor productivo de mayor movilidad. El proyecto propone reducir en un plazo de cuatro años la alícuota del impuesto a las ganancias de 35% a 25% para ganancias que no se distribuyan.

Así, las empresas tendrán mayores incentivos a reinvertir sus utilidades. El IVA es otro impuesto que en la práctica castiga a la inversión. En el sistema actual quien invierte puede tener que esperar mucho tiempo para recuperar su crédito fiscal de IVA por la inversión realizada, por lo que el costo financiero de invertir se incrementa.

La propuesta establece un régimen de devolución acelerada de saldos de IVA para inversiones de largo plazo que subsane la distorsión que actualmente genera el impuesto. La reforma pretende reducir el costo de contratación de los trabajadores menos calificados para promover su ingreso al mercado laboral formal.

Por eso propone la implementación gradual (en cinco años) de un Mínimo no Imponible (MNI) para contribuciones patronales, con el cual los primeros $12.000 de remuneración bruta no pagarían estas contribuciones. Esto incrementará la demanda de trabajo, impactando positivamente sobre el nivel de empleo y de ingresos de los trabajadores.

Los impuestos en cascada (impuesto a los créditos y débitos bancarios (ICDB) y los provinciales a los ingresos brutos) son una fuente de distorsiones del sistema impositivo. Generan incentivos a la integración vertical, incentivos a la concentración geográfica (vía las alícuotas de extraña jurisdicción), incentivos a la desintermediación financiera (particularmente el ICDB) y un considerable sesgo anti-exportador.

Ningún otro país del mundo recauda, como Argentina, 6 puntos del PBI, en esta clase de tributos. Por eso se propone aumentar gradualmente hasta 100% el porcentaje del ICDB que pueda pagarse a cuenta de ganancias. También trabajarán en acuerdos con las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos.

Eficiencia y equidad Argentina es un caso raro en América Latina y el mundo al no alcanzar a numerosas rentas dentro de la imposición a los ingresos personales.

Para avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo se gravará la mayor parte de las rentas financieras actualmente exentas, con tasas del 15% para las colocaciones en UVA/CER/moneda extranjera y 5% para las colocaciones en pesos, con un mínimo no imponible para preservar a los pequeños ahorristas. Este paso es presentado en la búsqueda de una más justa tributación a la renta.

Otra de las propuestas en busca de un sistema más equitativo es la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) e introducción de un impuesto a la ganancia de capital realizada con la venta de inmuebles no destinados a casa-habitación. Esta modificación reducirá los costos de acceso a la vivienda y fomentará la formalización de la actividad inmobiliaria.

En cuanto a los impuestos internos, proponen reducir los que gravan productos electrónicos, que hace tiempo dejaron de ser artículos de lujo y se utilizan en casi todas las actividades productivas. Además, se apunta a diferenciar la imposición entre vehículos de distinta gama, por lo que se propone reducir los impuestos para los vehículos de gama media y aumentarlos para los de alta gama.

El consumo de productos con alcohol también será gravado, lo cual causó fuerte malestar en Mendoza y San Juan, polo vitivinícola, ya que el gobierno quiere aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado. Proponen además la modificación del impuesto a los combustibles para que este dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido.

El impuesto afectará al principio a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicará también sobre gas natural, GLP y carbón. Impacto de la reforma La reforma implicará una reducción en la presión tributaria nacional de 1,5 puntos del PBI al cabo del quinto año, lo que se sumará a la reducción de 2 puntos del PBI que tuvo lugar desde 2016 y a la baja del impuesto inflacionario a partir de este año.

Hacienda espera que gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía (en 0,5% del PIB adicional por año durante al menos 5 años): con estos impactos la reforma le costará al Tesoro Nacional solamente 0,3% del PBI a la vez que aumentará los recursos coparticipados a las provincias.