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26 DE DICIEMBRE DE 2024
La municipalidad de Guaymallén clausuró la empresa de jabones López, que había sido denunciada por los vecinos a principios de año.
Foto: Victoria Gaitán / Unidiversidad
En las calles Figueroa Alcorta y Río Negro, en el distrito de Pedro Molina, Guaymallén, funciona desde 1974 una fábrica de jabones que emana olores nauseabundos debido a que en este lugar se procesan grasas. Los vecinos expresan que en días de mucho calor no se puede respirar y tienen que andar con barbijos, tapándose la nariz con remeras. Al olor se les suman ratas, pericotes y moscas.
Como contó Eduardo Sosa, exjefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, a través de su cuenta de Facebook, “Este sábado (por el 20 de diciembre), los vecinos del lugar por primera vez en más de 40 años y más de 25 años de lucha tendrán un fin de semana donde podrán abrir sus ventanas y respirar el aire sin los vahos provenientes de la empresa, que fue clausurada por el municipio de Guaymallén ayer viernes (19 de diciembre) por no poseer en regla los sistemas contra incendio, pero fundamentalmente porque nunca terminó de cumplir con los requerimientos ambientales para poder funcionar”.
En un recorrido por la zona, Unidiversidad intentó dialogar con el presunto dueño de la fábrica, pero este se negó a fundamentar algún comentario o a referirse al tema. Paralelamente, vecinos se pronunciaron al respecto. Gisela Lucero (32), vecina del lugar, dijo: “Mi idea es que no tendría que ser cerrada, lo correcto sería que fuera trasladada, hay muchas familias que trabajan ahí. El olor es fuerte, nauseabundo. Incluso cuando hace calor hay mucho olor. Hoy está cerrada y no hay tanto olor, pero cuando está abierta es espantoso, no se puede estar. Cuando viene el camión de las grasas, ves que tiran pedazos de carne y grasa en la calle, y nadie limpia. Además, cuando lavo la ropa no puedo colgarla en el patio, ya que se le penetra el olor a grasa y las moscas andan por todos lados”.
"Nosotros no queremos que nadie pierda su fuente de trabajo, pero sería justo ante un reclamo de 44 años que la Municipalidad lo solucione. Pedimos el traslado para que se preserven las fuentes laborales, no vamos en contra del trabajo de nadie", aclaró Diego, vecino del lugar.
Por su parte, el casero de la fábrica de jabones, Lorenzo Quinteros, expresó: “Son los vecinos los que han producido esto". "Los vecinos y los medios. Los medios deben informar desde las dos partes, escuchar los dos lados. A la gente no le interesan las familias que trabajan aquí. Yo trabajo hace 27 años, hay vecinos que creen que hacemos jabones con perros, es una locura. Somos empleados, cuando necesite algún medicamento y mi hijo o hija se enfermen, voy a ir a pedirles a los vecinos el dinero para solventar los gastos médicos de mis hijos. Ellos fueron los que cerraron esto, los que insultan y agreden. Son muchas las familias quedan en la calle”, agregó.
En la misma sintonía, Javier Massó, director de Industria, Comercio e Inspección General de Guaymallén, se refirió al tema e informó que el día viernes 19 de enero se procedió a la clausura de la fábrica López. "Es un problema que data de mucho tiempo, cuando la zona no era la actual que recorremos hoy. Ahora es residencial. A la gente le comenzaron a disgustar los olores que emanan de la fábrica, la presencia de roedores, fluidos que se vierten en el sistema cloacal”.
En ese marco, en 2016 se comenzó a intimar a los dueños de la fábrica para que regularizaran su situación, alegó Massó. “Se los fue emplazando, luego los plazos se fueron venciendo uno tras otro y llegamos al último emplazamiento el día 2 de enero, cuando les otorgamos diez días hábiles como último plazo improrrogable. Dentro de los requisitos que se solicitaron, no presentaron lo primordial, que es un informe de impacto ambiental”, detalló.
Por su parte, el municipio intimó a que se ordenaran para evitar la clausura. Con las ya reiteradas medidas y el paso del tiempo, se tomó la medida de clausurar y multar con 50 000 unidades tributarias, lo que equivale a $ 110 000.
En cuanto a la clausura, Javier Massó dijo: “Es una medida municipal, no judicial y provisoria, ya no depende de la municipalidad, sino depende del cumplimiento de todo lo requerido. No se ha actuado desde lo legal, lo que hemos pedido son distintos requisitos para que ellos presenten un plan de trabajo de higiene y seguridad. Si ellos cumplen, se levantará la medida o se continuará con la clausura".
"El emplazamiento es una solución que ellos tienen que plantear. Sería una alternativa, pero la meta sería que ellos cumplieran con la medida. El municipio no tiene terreno alguno para ofrecerles, el polo industrial está lleno, completo y no tenemos lugares disponibles”, agregó Massó.
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