El sentido común –y no de mal manera- nos lleva directamente a Clarín, responsable de la medida cautelar que se aplastaba de manera indefinida sobre el artículo 161 de la ley de medios actual y que el 22 de mayo -a través de un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- quedó con los días contados hasta el 7 de diciembre de 2012.  Esto será 36 meses luego de haber sido congelado el artículo ha pedido del Grupo Clarín SA en conjunto con Arte Radiotelevisivo Argentino, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital Cable SA.  

La cláusula 161 estipula la desinversión de aquellos medios que superan la cantidad permitida - y razonable- de licencias radioeléctricas y digitales que puede poseer una empresa de comunicación.  Ergo, no se trata solo de la desinversión del Grupo Clarín sino de todo grupo empresario que no responda a esta cláusula, incluido el grupo Vila Manzano, Moneta, Szpolski-Garfunkel, o el que fuera.

El fallo de la Corte –al igual que la promulgación de la Ley 26.522 en su momento- representa un hito en la historia de la comunicación argentina.  El fin de la cautelar sobre el 161 allana un camino que puede permitir la transformación concreta de la estructura empresarial  que sostiene  la realidad mediática -y por ende simbólica- de la Argentina que ha primado hasta el momento y con esto la plena aplicación de los fundamentos democráticos y plurales de la LdSCA actual.

Planteados a través de una lupa mercantilista –como bien señala Gustavo Arball en su página Saber Derecho- los argumentos de Clarín en la cautelar se presentaron como un asunto patrimonial que nada tenían que ver con la amenaza a la libertad de expresión. Según Arball este fue un "error táctico" en la presentación de la demanda judicial que realizó el banquete de abogados del grupo, cometido quizá  por su -incontenible- sesgo ideológico.

El planteo que alimentó la cautelar se fundó  en base a la idea que Clarín poseía derechos adquiridos sobre la propiedad de distintos medios. Sin duda un argumento falaz, pues no pueden existir derechos adquiridos en base un manejo monopólico de la comunicación. El error, la falacia de Clarín por la cual cayeron sus argumentos, fue comprender a la comunicación como un mero producto mercantil y no como un valor de interés público, tal como se establece en la ley y fue refrendado por la Corte.

Y si de dinero se trata, con dinero se resuelve. Caída la Cautelar, Clarín al igual que todo otro grupo mediático deberá desprenderse del patrimonio ilegal que posea y por el cual se le pagará lo que corresponda en su debido término. Sin embargo, el dinero no es el meollo del asunto y no fue un mero error táctico jurídico haber presentado la disputa patrimonial como fundamento. El verdadero problema pasa por la pérdida del poder simbólico y político del Grupo Clarín, que por supuesto no podía ser planteado en esos términos en la demanda.

Clarín no podía explicar en la cautelar por ejemplo: “El artículo 161 coarta el poder expresivo, la capacidad de proponer e imponer estereotipos sociales, de bajar o subir gobiernos, de definir la agenda, que hemos ostentado durante más de 30 años a través de la cadena de medios que poseemos. No perdemos los aparatos, perdemos la capacidad de definir los símbolos”. 

No podía decir eso, ni podía tampoco argumentar racionalmente en el plano jurídico, como sí lo hizo en la campaña de propaganda -irracional- que agitó a través de sus medios espoleando que el artículo de desinversión - que debería ser mencionado  como de “desmonopolización”, sin eufemismos como bien señala Mario Wainfield en Página 12- atenta contra la “libertad de expresión”. Un argumento de ese tipo, que en realidad es un silogismo, y que fue ocupado profusamente en una campaña que hasta hoy continúa y que en términos concretos no puede tolerar el más mínimo sostén frente al excesivo (y alarmante) porcentaje de licencias de medios que Clarín posee en el país.  

Según el vice gobernador de Buenos Aires y ex titular del Afsca, Gabriel Mariotto, el Grupo Clarín "tiene aproximadamente 300 licencias de cable y va a tener que quedarse con 24". Si esto ocurre así, la baja de licencias en la tv por cable y demás soportes no representa para el Grupo una reducción  a  menos del  10% del patrimonio económico que posee, sino una disminución de su poder mediático y político. El asunto no pasa sólo por el dinero, sino también por lo simbólico.