El fallo de la Corte Suprema del martes 29 de octubre resultó una grata sorpresa para la mayoría de quienes apoyaban la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que los últimos movimientos del máximo tribunal habían ido en la dirección contraria a los planes del gobierno.  Se especulaba días atrás con una decisión favorable al Grupo Clarín o, en el mejor de los casos, un fallo en salomónico equilibrio, que concediera un poco a cada parte. Solo que un fallo así se leería como la admisión de dos hechos. Uno es que la ley preparada a lo largo de años de experiencias y meses de debates, discutida y aprobada por un Congreso democrático, es constitucional. El otro es que Clarín hace valer siempre su poder de presión, hasta el punto de lograr que se borre de la ley algún artículo tan relevante que su ausencia debilita la norma y desvirtúa sus objetivos.

La declaración de constitucionalidad de la 26522 marca un fin de época para el grupo que se apropiara ilegalmente de Papel Prensa, se hiciera redactar normas a su medida, concentrara el mercado de la comunicación con prácticas desleales y consiguiera respaldos políticos a partir del miedo que imponía su capacidad de construir o demoler candidatos. Numerosos periodistas han informado durante estos últimos días acerca de la pérdida de poder de fuego por parte del grupo, que se había hecho evidente en encuentros nacionales e internacionales sobre comunicación o negocios. Eliminada la variable del miedo, no quedó un atisbo de respeto.

Clarín salió a jugar el primer tiempo con suplentes. Sus voceros fueron figuras de la oposición que alguna vez tuvieron chances frente al kirchnerismo y que actualmente apenas si logran sobrevivir a las PASO. Elisa Carrió y Fernando "Pino" Solanas, entre otros, se juegan la credibilidad remanente por la defensa del oligopolio de medios con la esperanza de conservar sus cuotas de apoyo mediático y presencia en pantalla. Enarbolaron el discurso de la libertad de expresión supuestamente amenazada y lanzaron sobre los ministros de la Corte acusaciones de corrupción sin pruebas ni fundamento, en la línea de lo que hoy el multimedio entiende por periodismo y ejercicio del derecho a la información. Quedaron en soledad frente a una Corte que rechazó sus demandas de anular el fallo, y lejos del grupo que empezó a jugar desde el plano al que se había negado hasta ahora, el comercial, con la presentación de un plan de adecuación mucho mejor pensado que sus estrategias judiciales.





¿Qué es lo que sigue al fallo? 

Hay que distinguir entre lo que Clarín quiere hacer, lo que efectivamente puede y todo aquello que se le escapa de las manos. Su primera opción, anticipada días atrás ante la eventualidad de un fallo adverso, era recurrir a instancias internacionales. No existe esta posibilidad para el Grupo porque esas instancias se limitan a personas reales, no ideales. La libertad de expresión no está amenazada, dijo la Corte, y dijo también que no se atentaba contra lo patrimonial porque se contemplaba el resarcimiento económico por las unidades de negocios que no pudieran conservar. 

Luis Lazzaro, periodista, especialista en Educación, Lenguajes y Medios, excoordinador general de AFSCA y autor de La batalla de la comunicación (Colihue 2010-2011), explicó: "En números duros, se trata de reducir en 134 la cantidad de empresas de cable y en aproximadamente 1 millón de abonados pertenecientes a Cablevisión, sobre los 3,4 millones que posee en la actualidad. En términos de facturación, el impacto estaría en el orden de unos 150 millones de pesos mensuales. Anualizado, puede hablarse de unos 1800 millones de pesos sobre una facturación global (incluyendo gráfica, internet y contenidos) que se acerca a los 9,8 mil millones. Creo que, más allá del costo económico, el problema central del Grupo es la exposición política y la pérdida de su capacidad de instalación de agenda. En términos cualitativos habrá que ver, según el procedimiento de adecuación que resulte operativo, cuáles señales de contenidos permanecen en el dispositivo mediático del Grupo".

El resarcimiento económico es otra cuestión que parece más problemática de lo que efectivamente es. El ministro de la Corte Raúl Zaffaroni explicó que existía la posibilidad de que pidieran un resarcimiento y de que lo consiguieran. Por otro lado, Sabbatella sostuvo, en la misma jornada en la que se conoció el fallo que mencionaba este aspecto, que se trataba simplemente de percibir el precio por la venta de los medios de los que eligieran desprenderse. Sigue Lazzaro: "Nuevamente, si la adecuación es voluntaria, es la propia empresa la que debe proponer las transferencias y los valores para la aprobación del regulador. Si es de oficio, y dependiendo del instrumento de aplicación que se utilice (Resolución 297/2010 o 2206/2012) debe seleccionarse el sistema de tasación, incluyendo los bienes imprescindibles, y llamar a concurso. El precio obtenido del mejor oferente sería el resarcimiento de la empresa sometida a la adecuación. No se trata de una indemnización en el sentido de la expropiación, sino del valor de mercado a los efectos de una transferencia de tipo comercial".

Clarín podía seguir litigando. No ya contra la ley, sino por cada aplicación de la norma sobre sus empresas, por cada licencia a la que el Estado considerara que debía renunciar. De hecho, hizo reserva de todo ello en el plan que presentó esta semana. El problema era la enorme pérdida simbólica que le hubiera generado, independientemente del más mensurable costo en tiempo y dinero. La batalla contra la totalidad de la ley fue capitalizable para el Grupo porque había logrado imprimirle un sentido épico. En este relato, la tiranía kirchnerista amenazaba la libertad de expresión y el más débil, Clarín, se defendía acudiendo a la Justicia. El público que rechazaba al oficialismo podía identificarse con ese rol de resistencia y legalidad democrática que el oligopolio pretendía encarnar. Con la gran batalla perdida, la épica se volvía insostenible. Era dudoso que pudiera conseguir la misma adhesión por parte de sus audiencias, la general y la atomizada, si se embarcaba en un abanico de luchas pequeñas y diseminadas por todo el país, en una situación que podría recordar a su público la triste escena en la que las partes de un mal divorcio pelean con mezquindad por cada objeto que entre en la división de bienes.

A través de los términos del plan de adecuación que presentaron, el grupo parece haber buscado una salida en la que la generación de contenidos y la plataforma tecnológica se complementaran sin superponerse geográficamente. De este modo, sigue Lazzaro, "conservaría un considerable peso en lo económico y en lo político. La apropiación directa de una renta cautiva durante muchos años le ha permitido un considerable avance tecnológico e importantes reservas".

Esta decisión se explica porque el poder del multimedio chocaba con el vencimiento del plazo para presentar el plan de adecuación y con la atribución estatal para actuar de oficio. Poco podía reclamar, más allá de lo retórico, en este sentido, cuando los otros grupos y hasta su socio minoritario en el negocio del cable habían presentado sus planes a tiempo. Chocaba también con la caída de sus acciones en los mercados nacional e internacional. Solo al finalizar la semana logró un repunte de su valor en las bolsas de Buenos Aires y Londres (el 4,6 por ciento y el 11,4 por ciento, respectivamente), luego de haber acumulado una baja del 5,8 por ciento en el mercado local y del 41,6 por ciento en el londinense. Es en este marco en el que su propuesta aparece como una sabia decisión empresarial, todavía sujeta a la aprobación de AFSCA y a los condicionamientos que le impone el hecho de cotizar en mercados de valores internacionales, lo que no sucede con los otros grupos.


Tareas pendientes para el periodismo y la oposición

Un detalle que no se puede soslayar todavía es que Clarín guarda una tradición de manipular el valor de la moneda, presionar sobre la economía nacional y disponer del interés de las clases media, media alta y alta en el dólar para acomodarlos a sus propias necesidades financieras, aunque esto implique acelerar la inflación, destruir empleos o dinamitar las cuentas del Estado. Por ejemplo, la presión sobre el Poder Ejecutivo y el apoyo a Duhalde a comienzos de 2002, cuando necesitaban la devaluación y leyes especiales que los resguardaran. Respecto de su situación actual, Lazzaro marca una gran diferencia: "El escenario es muy diferente. Entonces, el Grupo tenía más de 20 pedidos de quiebra y acumulaba deudas por más de U$S 1500 millones con el mercado interno quebrado. Hoy tiene una fuerte demanda en el mercado interno y se ha diversificado en sectores no alcanzados por la ley 26522, como el mercado editorial o la producción y exportación de contenidos. Ha refinanciado sus obligaciones y mantiene una posición dominante en el sector editorial, es un fuerte competidor de internet y una gran productor de contenidos".

Queda entonces en los medios que se oponen históricamente a sus prácticas, y en aquellos que le han perdido miedo, la responsabilidad de echar luz sobre estas maniobras y completar la educación popular acerca del significado de la manipulación informativa y de la diferencia, determinante en la vida ciudadana, entre operación mediática y periodismo. Queda también como un deber para la oposición realizar un trabajo autocrítico. Desde la recuperación de la democracia, y con mayor agresividad durante los últimos cinco años, el Grupo destruyó a la oposición en su carácter de tal y la reconvirtió en un equipo de voceros de sus intereses. Funcionarios/as y candidatos/as resignaron historias militantes, coherencias ideológicas y plataformas electorales para adaptar sus campañas y gestiones públicas a las necesidades legales y la voluntad expansiva del oligopolio. Esta distorsión del valor de la oposición, junto con el trabajo de erosión permanente que realizaron sobre el oficialismo, hicieron de Clarín un condicionante para la salud democrática que esta vez encontró su límite.