Las circunstancias y los caminos que unen a las madres de las víctimas de violencia institucional son claros: recordar su pasado y reafirmar la búsqueda de justicia luego de la muerte de sus hijos. Con estas banderas, los integrantes de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional explicaron que su objetivo es visibilizar hechos en los cuales las fuerzas encargadas de la seguridad dañaron la integridad de sus hijos.

Desde 1983 las fuerzas policiales mantuvieron, en muchos casos, el mismo accionar que tuvieron durante la dictadura. Casos como el Sebastián Bordon pusieron en jaque el sistema policial porque se comprobó que la forma de trabajo que usaban los policías estaban basadas en la represión, la tortura y la muerte. Este viernes se escucharon historias unidas por la falta de respuestas del aparato estatal y la posterior muerte de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad.

En Mendoza no hay registro oficial de la cantidad de muertes pero, de acuerdo al recuento de la Campaña, son más de 200 personas. Las madres repitieron el pedido de justicia para que no se olviden los casos. "Todas las familias estamos enfermas de ausencia", comentaron. 
 

Los casos

Viviana Espina es la madre de Lucas Carrasco, el joven que fue baleado en medio  de los incidentes de un partido de fútbol el 14 de marzo de 2014. Según el relato de la mujer, la policía le disparó por la espalda y él murió dos días después en el Hospital Central. El recorrido no paró allí. Aseguró que el juicio por la muerte se suspendió porque los jueces Uliarte y Valerio, los mismos que tienen críticas por su accionar en casos como Soledad Olivera, estaban “enfermos”.

Viviana Espina con la foto de su hijo en uno de los Juicios. Foto: Diario UNO.

De acuerdo al relato de la mujer, tienen el indicio de que Valerio no estaba enfermo para esa fecha, por lo que pedirá que se reabra la causa y se lleve a la justicia.

Elsa Navarro contó que su hijo "Willy" Gil (34) apareció muerto en la Comisaría 19 de Junín. Admitió que su hijo era adicto y que en un episodio de abstinencia, la policía detuvo al hombre pero no lo llevaron al hospital. "Nunca lo llevaron al hospital. En la policía me dijeron que volviera a mi casa”, lamentó. Según la crónica policial de esa fecha, el hombre vendía estupefacientes. Según la madre, el caso estuvo siete meses parado. Hoy lo lleva el abogado especialista en derechos humanos Fernando Peñaloza.

Su historia está relacionada con la de Leonardo Rodríguez quien apareció muerto en la comisaría 27 de Godoy Cruz. Su mamá es Marilú Contreras. Marcada por el paso del tiempo y por recuerdo de su hijo, recordó que la noche del 16 de enero, la policía detuvo a Leonardo cerca de las tres de la mañana. Ella fue a buscarlo y no le dieron información. Cuando lo encontraron, el hombre tenía golpes en el cuerpo y las uñas arrancadas. Se hicieron marchas para pedir justicia y la causa nunca avanzó.

“No puede ser que maten a un chico así porque sí. Lo extraño y quiero justicia por él”, dijo Contreras, superada por la emoción.
 

Cuando las sentencias no alcanzan

Cristian Reyes murió el 12 de abril de 2006 en Luján. El hombre en ese momento tenía 28 años y un policía lo baleó cuando estaba arrodillado y con las manos esposadas. Su madre, Alicia Vargas, relató que se realizaron tres juicios y en ninguno se obtuvo respuesta. El 23 de septiembre comenzará el cuarto juicio en medio de cambios en la causa y con dos ingredientes que completan la escena: al policía lo ascendieron y las esposas que llevaba Cristian la noche que fue ultimado nunca se encontraron.

Vargas relató que desde hace 10 años recibe amenazas y llamados para que detenga su pedido e incluso amenazaron al resto de sus hijos. La mujer aseguró que no tiene miedo a la represalias y que llegará hasta las últimas consecuencias.

Mural que pintaron los familiares y amigos de Tania Páez y Lorena Castro. 

La muerte de Tania Páez y Lorena Castro ganó la atención de los medios de comunicación. Las jóvenes fueron atropelladas por Antonio Cruz, un policía que conducía ebrio en Godoy Cruz el 9 de diciembre de 2014. Después del juicio, la Justicia le dio al policía cuatro años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir. El caso quedó bajo la carátula "homicidio imprudente en ocasión de tránsito". La madre de Tania, Jesica Carvalo, aseguró que la sentencia no alcanzó, ni alcanzará, para devolver a su hija y que pedirá que se revea el fallo.