No hay más que abrir la puerta del pasado público de Mendoza para que alguien traiga al presente lo que ocurrió en 1999, cuando cayó la banca provincial al cerrar sus puertas el recordado Banco Mendoza en su última etapa privada en manos Raúl Moneta, el recordado “el banquero de Menem”, después del proceso de privatización de los bancos oficiales (Previsión Social y Mendoza), ejecutado en el gobierno de Arturo Lafalla, y el traspaso de la cartera sana a la sociedad Magna-República.

El vaciamiento del banco provincial con los traspasos de fondos a la banca de segundo grado al Banco República fue el motivo de la debacle financiera de la Provincia, precipitada en abril de 1999. Ahora, los denunciantes, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, aducen que los jueces y fiscales de la causa judicial que tenían que investigar los motivos de la caída del banco dejaron que se cumplieran los plazos procesales y la causa prescribiera. 

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cierre por “prescripción” de la causa en la que se investigaba una presunta defraudación en perjuicio de las arcas públicas con la caída del Banco República, ex-Banco Mendoza, del exempresario menemista Raúl Moneta, en los 90. La Sala Cuarta del máximo tribunal penal rechazó los últimos recursos presentados por el fiscal Raúl Plée y por el representante del Banco Central contra el cierre del expediente a favor de varios de los imputados; entre ellos, Carlos Molina, Jorge Maldera, Eduardo Lede, Juan Carlos Bietti, Pablo Lucini y Benito Lucini. 

En la causa se investigaba una maniobra a través del Banco República para propiciar la caída del Banco Mendoza y la obtención de beneficios económicos del Banco Central por unos 140 millones de dólares. La denuncia la encabezaron en los 90 "Lilita" Carrió y Gustavo Gutiérrez.

La causa ya había sido cerrada, pero en 2014 la Corte dispuso su reapertura y la profundización de la investigación. Sin embargo, el 30 de noviembre del año pasado, la Sala Primera de la Cámara Federal nuevamente declaró “extinguida la acción penal”. El fiscal Plée y el BCRA, a través del abogado Pablo Roa, intentaron nuevamente llevar el caso ante la Corte, pero los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques rechazaron el planteo.

Moneta, con problemas de salud desde hace tiempo, también quedó desafectado del proceso.
 

Los comienzos de una megacausa

El gobernador justicialista Rodolfo Gabrielli (1991-1995) lanzó el proceso de privatización del Banco Mendoza, que iba a ser fusionado con el Banco de Previsión Social de Mendoza. Ese paquete fue adquirido por el Banco República, de Moneta, en 1996, durante la gestión de Arturo Lafalla (1995-1999). Esto lo hizo en sociedad con Magna Inversora, integrada, entre otros, por Daniel Vila, Héctor López (supermercados Metro), Ernesto Pérez Cuesta (Mendoza Plaza Shopping) y Jacques Matas (Industrias Matas).

Los periplos judiciales de Moneta por su desempeño al frente de los bancos República y Mendoza se iniciaron el 8 de abril de 1998, cuando una resolución del Banco Central ordenó el cierre simultáneo de las dos entidades financieras por serias irregularidades, según precisa diario Los Andes. Un juez investigó la supuesta administración ilegal del dinero en ambos bancos y acusó preventivamente por los delitos de subversión económica, asociación ilícita y violación a la Ley Penal Tributaria a Moneta y a otros nueve directivos del banco.

Moneta se había quedado con el Banco Mendoza a través de su privatización, iniciada en diciembre de 1996, junto al Banco de Previsión Social. Por 30 millones de pesos quedó en manos del consorcio Banco República-Magna Inversora, cuyo principal accionista era Moneta. Sin embargo, un balance final determinó que el Estado le devolviera 15 millones. 

Una vez en manos de Moneta, el Banco Mendoza comenzó a tener problemas y luego soportó una corrida de depósitos, hasta que fue suspendido. En ese momento se inició la investigación del entonces juez Luis Leiva, quien se basó en supuestos préstamos a empresas vinculadas con el grupo Magna, al que pertenecían Moneta y otros empresarios mendocinos. 

A principios de la década de 2000, Moneta tenía una fuerte exposición pública. El semanario que se le atribuía, El Guardián, cerró sus puertas luego de una cruzada mediática contra sus denunciantes, los políticos del PD Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter, y la familia Saguier, con el objeto de quedarse con el diario La Nación. Carrió fue la única que sobrevivió a los embates de El Guardián, que incluso pegó afiches con escraches por toda Mendoza.