El desarrollo de las ciencias en el mundo contemporáneo se asienta en la noción de que el conocimiento científico puede aplicarse a la atención de diversas problemáticas sociales. Una de las preguntas clave que debiera formularse la política científica y tecnológica de cualquier gobierno es cómo orientar la producción y circulación del conocimiento científico para que aporte positivamente a mejorar la vida de la comunidad.

La sociedad tiene una gran expectativa en relación con el aporte que las universidades y los centros de investigación pueden realizar para atender sus problemas y aproximarse al bienestar general. En el estudio de Demanda Social a la Universidad (UNCUYO, 2009) [1] se vio reflejado el prestigio que la sociedad mendocina reconoce a sus instituciones científico-académicas y la solicitud de que la Universidad tenga un mayor involucramiento en materia de políticas públicas.

La relevancia social que ha adquirido la discusión sobre el presupuesto 2017, y el posible recorte de fondos que éste estipula para financiar la ciencia y la tecnología local, es un índice más del espacio significativo que fue adquiriendo en nuestro país esta actividad. Esta relevancia se sedimenta y se hace visible en el desarrollo institucional (la creación y el refuerzo de universidades y centros de investigación y la creación del Mincyt; el crecimiento de la cantidad de investigadores, becarios y personal técnico; la multiplicación de proyectos y líneas de investigación que resultan en publicaciones académicas, reservorios institucionales, patentes, tecnología de punta) y el creciente involucramiento de los miembros de la comunidad científica en la discusión sobre los lineamientos de la política científica y su adecuado financiamiento.

Sin dudas, hay que continuar pensando y debatiendo acerca de cómo traducir estos avances en transformaciones concretas de nuestra realidad, consolidar la base de recursos humanos, infraestructura y presupuesto lograda en los últimos años e insistir en el objetivo planteado en el Plan Estratégico “Bicentenario” para llegar a destinar el 1 % del PBI a este tipo de actividades. La inversión en ciencia y tecnología requiere esfuerzos de largo plazo para poder obtener resultados palpables en materia de desarrollo y bienestar social. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo de formación de un investigador o la construcción de un satélite.

¿Cómo se vinculan conocimiento y políticas públicas? No existe un único modo. Podemos pensar en la docencia, investigación y extensión, e identificar temas de discusión. La función de la docencia es central en el fortalecimiento de las capacidades estatales por su aporte al alto grado de profesionalización que requiere la administración pública provincial (ver figura). El principal tema de discusión aquí es la definición de nuevas carreras y actualización de las existentes. Otro interrogante es si la formación contempla las capacidades y sensibilidades necesarias para incorporar preocupaciones sociales en el futuro profesional. La inclusión de prácticas preprofesionales en el Estado y la realización de actividades de extensión social como complemento a la formación áulica son otros puntos nodales de este debate.

Nivel de capacitación formal alcanzado por los empleados públicos de Mendoza. Fuente: Censo provincial del trabajador público 2013, Gobierno de Mendoza.

La relación de las políticas públicas con la investigación es discutida alrededor de dos cuestiones: el modo de vinculación del conocimiento con las necesidades sociales y el establecimiento de nexos entre la ciencia y la política. En relación con el primer punto, podemos distinguir dos modelos lineales: el de oferta (primero se investiga y luego se analiza “cómo transferir”) y el de demanda (definir los temas a partir de los requerimientos de los posibles “usuarios” del conocimiento); y un modelo interactivo, que involucra el diálogo y la negociación en la definición de las agendas de investigación.

Independientemente del modelo, es necesario reconocer la relevancia de traducir aspectos de los problemas sociales en problemas de conocimiento; identificar si existe el conocimiento necesario para abordarlo (y en el caso de que no exista, encontrar los recursos humanos, institucionales y financieros para desarrollarlo); y establecer los nexos necesarios para que ese conocimiento se incorpore en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

La relación entre la ciencia y la política no es sencilla: investigadores y políticos tienen sus propias agendas de trabajo, prioridades y plazos. Muchas veces sus intereses no tienen puntos de encuentro. Sin embargo, es preciso reconocer que hay numerosas experiencias exitosas de articulación entre estos dos ámbitos. El desafío que hoy se nos presenta es consolidar y profundizar el desarrollo del sistema científico local y los canales de vinculación con el sistema político para realizar aportes significativos que mejoren la capacidad del Estado para responder eficazmente a las demandas sociales y satisfacer las necesidades (es decir, los derechos) de nuestro pueblo.

[1] La UNCUYO está en proceso de elaboración de una actualización de este estudio.