El gobierno de Chubut instrumentó desde este miércoles una serie de medidas para agilizar la expulsión y prohibición del ingreso a la provincia de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados, tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos porque, según el ministro de Gobierno local, Federico Massoni, "no podemos permitir la delincuencia importada". 

Esta decisión del mandatario chubutense fue rechazada por constitucionalistas, que expresaron que es una atribución del Estado federal. 

El gobernador Mariano Arcioni firmó el decreto que dispuso desde este miércoles, a través del Ministerio de Gobierno, "la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.

Massoni explicó: “La realidad actual de Chubut demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros”. Las declaraciones de Massoni no están en línea con el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) que elabora todos los años el Ministerio de Justicia. En la versión de 2017, se informó que en establecimientos carcelarios manejados por el gobierno de Chubut, el 96 % (426) de las personas presas (con o sin condena) eran argentinas y el 4 % (25), extranjeras. Según ese informe, en 2017 había en Chubut 1141 personas presas (619 en cárceles federales, 451 en provinciales y 71 en comisarías).

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno señaló: “Si bien todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir no van a poder ingresar a Chubut". El funcionario sostuvo: “Los chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio y que cuando, con el esfuerzo del Estado y la policía, se los detiene, cada ciudadano aporte para mantenerlos”.

El decreto del gobierno chubtense indicó también en su artículo segundo que se impulsa "desde el Ministerio de Gobierno la gestión y formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación”.