Chile y Argentina tras las Reformas Educativas de los 90’ y sus consecuencias

-¿En qué consistieron las reformas educativas de los 90’, en la Región? 

La década de los 90’ marca un importante cambio en los sistemas educativos de los países de América Latina. Para entender estos procesos hay que tener en cuenta varios puntos. En primer lugar debemos tener en cuenta que las reformas de los 90’ son producto de un modelo internacional, es decir que son “reformas dependientes”, en el sentido que no han resultado de consensos regionales, por lo tanto de una real convergencia, sino que son consecuencia de los procesos de globalización, en el que juegan un rol fundamental organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Estos organismos impulsaron en los 90’ una agenda de reformas educativas vinculada a políticas de préstamos abundantes y a condicionamientos de tipo general de las políticas económicas. El marco es la estrategia de desarrollo diseñada en el Consenso de Washington.

En segundo lugar las reformas educativas de la década de los 90’ se asocian a un momento político, social y económico de cambio en distintos países de América Latina. Como producto de estos procesos de reforma, se realizaron en la mayor parte de los países, cambios en las leyes y reglamentos vigentes que ordenaban la educación. Un conjunto nuevo de estos instrumentos acompañó en unos casos, y recogió en otros, los contenidos de las reformas educativas. Desde ya, estos instrumentos jurídicos no constituyen ni expresan las reformas en todo lo que significan. Pero han sido la muestra superficial de emergencia de las mismas, recogiendo y agrupando en términos legales la intencionalidad política e ideológica de las reformas más que siendo el motor que las impulsó.

Dicho esto, podemos observar una serie de características comunes, que estuvieron presentes en estos procesos de reformas: Los ejes principales son los postulados de calidad de la educación, igualdad de oportunidades y, fundamentalmente, la descentralización, entre otros. Se quiere inscribir a la educación en el ámbito del desarrollo científico y tecnológico como factor central de competitividad, ya que no hay que olvidar que uno de los temas fundamentales de la globalización es la competitividad en el mercado. Para esto se le exige a la escuela que supere su condición tradicional con nuevas formas de organización, “inteligentes”; nuevas modalidades que debían responder al mercado, ahí está la clave.

Se pasó de un sistema educativo centralizado a uno descentralizado: se toma a la escuela como la unidad de gestión administrativa al punto que se plantea la posibilidad de que la escuela llegue a gestionar sus propios recursos. Acá se plantea toda una crítica, en nuestro país, del peligro de convertir la educación pública y gratuita en una educación privada. 

En este sentido es interesante  ver  cómo se quiere reemplazar el concepto de “derecho a la educación” por el de “servicio educativo”, lo que marca el final de la idea de Estado docente. Se pasa a asignarle responsabilidades a la familia y a la sociedad, y se reafirma el estímulo de la iniciativa privada. Las declaraciones del presidente de Chile, Piñera  sobre la educación como un bien de consumo son totalmente consecuentes con la visión de las reformas de los 90’. 

-¿Cuáles han sido los resultados?

Bueno, esto tiene dos caras: la implementación y la letra o texto de la ley, ya que se presentaron contradicciones entre el abordaje teórico y la realidad sociocultural de su implementación- léase marginalidad, pobreza de ciertos sectores, con insuficientes recursos materiales, capacitación y formación continua permanente- lo que generó profundas controversias en su aplicación. 

En la implementación nosotros notamos que existen fallas respecto a lo que se plantea a nivel normativo. Cuando analizamos los documentos de las leyes de reforma vemos que, en realidad, se plantean cambios sustanciales, de contenido: metodologías de aprendizaje, capacitación de docentes, obligatoriedad ampliada al octavo y noveno año, o sea diez años de obligatoriedad- a diferencia de la ley 1420, que sólo abarcaba el nivel primario- cambio en los contenidos curriculares, etc.

Se habla, así, de calidad e igualdad de oportunidades; nosotros preferimos hablar, siguiendo a François Dubet, de justicia social. La igualdad de oportunidades es un mito. Para que haya igualdad debe haber justicia social. Esto quiere decir que no basta con reformar un sistema educativo, sino que debe haber una reforma estructural. 



Entonces, en la implementación quedan muchas personas que no logran ingresar al sistema educativo, ¿por qué? Porque no se contempló los problemas que surgen de un contexto de exclusión, que viene de mucho antes, principalmente de la aplicación de las políticas de ajuste y de las privatizaciones de los 90’. Se debe recordar por ejemplo la gran masa de desempleados que quedó de esa época y que no lograron insertarse nuevamente en el mercado laboral. Como vemos, la crisis del sistema educativo es producto de la crisis social. 

Salvo en Uruguay, donde implementaron un sistema de cogobierno en el que el Estado tenía y tiene una fuerte participación, en otras palabras el Estado docente no sólo pervive sino que se fortalece  extendiendo sus cometidos, y el esquema decisorio se centraliza aún más; en Chile y en Argentina se tendió a una descentralización más pronunciada y, también, a una fuerte dependencia del financiamiento exterior. Esto último produce endeudamiento, pero además la descentralización tiene como consecuencia, en nuestra región, desarticular el sistema educativo y el efecto aquí es muy negativo porque se tiende a incrementar la diferencia entre regiones ricas, más poderosas, y regiones pobres. El efecto de la descentralización es desigualador trayendo como consecuencia: escuelas para ricos y escuelas para pobres.

Por lo cual sostenemos que la premisa de que la educación es un factor de equidad social no tiene posibilidad de concreción en Latinoamérica, con gran desigualdad e inequidad —significativamente más alta que en regiones de similar nivel de desarrollo— y donde las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría de alumnos son precarias. En los actuales procesos de transformación educativa las estrategias para aproximarse al cumplimiento de tal premisa son absolutamente insuficientes para encarar el enorme déficit social y educativo acumulado.

La equidad y la excelencia son dos principios incuestionables de las políticas orientadas a la mejora de la calidad de la educación desde una perspectiva que entiende la educación escolar como un instrumento básico para el progreso económico y social.

Las distintas estrategias políticas de reforma llevadas adelante en los tres países se pueden esquematizarse como estatista descentralizadora en el caso argentino, mercantilizadora en el chileno y estatista tradicional en el uruguayo.

-¿Qué está pasando hoy en Chile? ¿De qué se trata en los reclamos que se dan en educación? 

En la actualidad en Chile existe una oferta de educación, con financiamiento estatal en los niveles básico y medio que corresponde a la educación municipal administrada por los D.E.M. o por corporaciones financiadas por los municipios y la educación privada subvencionada por el Estado; y la otra forma de financiamiento compartido son subvenciones parciales con fondos estatales y aportes de las familias de los alumnos atendidos.

Creo que esta situación está llegando al límite. Hoy el conflicto es grave y se acentúa y el gobierno no cede ante los reclamos de estudiantes y profesores. Desde lo que venimos diciendo, el caso de Chile es preocupante. A partir de los 90’ se toman las medidas de municipalización, pero a través de créditos para el estudio. El problema es que si uno llega a quedar con una deuda, si no la paga, es como un crédito financiero acá en la Argentina: aumentan los intereses; y aumentan de una manera tal que la deuda se hace cada vez más difícil de cancelar. 

Desde el Ministerio de Educación, el gobierno atiende algunas de las demandas estudiantiles y se instala una mesa de diálogo entre estudiantes y el Ministerio. Uno de los datos más significativos es que muchos colegios privados, incluso de elite, apoyaron las manifestaciones. A las marchas en las calles se sumaron varias instituciones educativas con el apoyo de los docentes. De las demandas referidas se pasó a una agenda mucho más ambiciosa, en la que los estudiantes reclaman por las deficiencias de calidad y de equidad del sistema educativo chileno. 

Chile tiene diversos planes entre los más destacados se encuentra el plan de escuelas focalizadas que al parecer no dado los resultados esperados, y se ha marcado más la diferencia entre aquellos que tienen más posibilidades de acceder al sistema educativo y aquellos que no. El sistema no responde a las realidades sociales e históricas de la sociedad y se ve en la cantidad de estudiantes chilenos que migran a la Argentina: un dato importante es que un considerable porcentaje de la matrícula ingresante a la UNCUYO, son chilenos. Lo cual implica que no sólo les resulta más económico, sino que tienen oportunidad de trabajar y estudiar a la vez .

Otro ejemplo surge de la comparación de algunos datos estadísticos de Argentina, Uruguay y Chile. En las evaluaciones internacionales realizadas, de lecto-escritura, y matemáticas, datos obtenidos a través de PISA, Chile nos aventaja siempre. A primera vista es paradójico ¿Cómo, nos preguntábamos en la investigación, los porcentajes de Chile están siempre por encima de los nuestros y de los de Uruguay? En realidad, si ahondamos, vemos que eso es nada más que el resultado de un sector, un sector que se puede acceder al sistema Es una cuestión que la gente tiene muy asumida…pero ahora se está llegando a una situación de quiebre. Se está buscando que la educación pública sea gratuita y de calidad. Lo cual debe entenderse, repito, en relación con la situación social del país y con el contexto internacional del neoliberalismo. 

Haciendo una analogía con nuestra historia, Chile vive hoy, desde el punto de vista educativo, su “2001”.


-¿Habrá un cambio en Chile? 

Debe haber un cambio, ya que hay un 80% de adhesión de distintos actores sociales. Se está defendiendo un derecho y el gobierno no responde, pero se debe dar una respuesta inmediata, sino el conflicto va a pasar a ser un conflicto social de mayores dimensiones. Pero, cabe preguntarnos ¿quién debe garantizar un cambio efectivo?, ó ¿quién debe provocar un cambio sociocultural? Indudablemente que la respuesta está clara. El gobierno a través de las políticas en educación debe replantearse los objetivos y comenzar por liar los bártulos de los procedimientos para poder provocar el cambio. En esta nueva sociedad en vertiginoso cambio, donde todo es de todos y la sociedad del conocimiento y la información cada día nos sorprende con algo nuevo, hace preciso estar al corriente y estar a la par con estos cambios. Se habla de globalización, se habla de inserción mundial, se habla de entrar al primer mundo, ¿es posible lograrlo con índices en educación tan bajos, donde el problema principal es la desigualdad social?

-¿Si lo comparamos con el caso chileno, cual sería nuestra situación? 

En Argentina hubo profundos cambios en el sistema educativo en los 90’con el gobierno de Menem y el nuevo rol que se le asignó Estado. Se descentralizó la gestión del Ministerio de Educación traspasando a las provincias las escuelas de jurisdicción nacional, con todos los efectos que hemos mencionado. Es el inicio también de las subvenciones al sistema privado: de ahí surge la gran oferta de educación privada en el país. En relación a Chile, nosotros no tenemos una crisis tan grande. Sobre todo, acá tenemos un sistema que, a pesar de todas las críticas que podamos hacerle, sigue siendo gratuito. Tenemos un sistema educativo público y gratuito, que hay que defender. 

-Y se ha reformado la ley de educación en nuestro país

Sí, se derogó la Ley Federal sancionada en 1993, por la Ley Nacional de Educación sancionada en el 2006. Hay cambios, en el sentido que se ha buscado considerar dentro de la ley algunos temas importantes como: la cuestión de la educación en los contextos de encierro, el tema de la interculturalidad (que ella no sea un obstáculo, sino que se incluya en la política educativa), de la educación bilingüe, de la igualdad de oportunidades (en tecnologías) para las escuelas rurales, de la extensión de la obligatoriedad, extendiéndola a todo el nivel secundario, entre otros temas. Pero cabe preguntarnos cuál es el argumento: todavía no se ha implementado un cambio de estructura curricular, seguimos teniendo la misma estructura de la Ley Federal de Educación. 

¿Cuál es el cambio entonces? Aún no lo vemos. Tal vez sea muy temprano para responder a cabalidad si nos encontramos ante una nueva ola de reforma de distinto signo a la producida un decenio atrás: el proceso es muy reciente, el ritmo de los avances varía de país en país y, salvo en el caso argentino, aún no se ha completado la etapa de reformulación normativa. No obstante en Argentina podemos sostener que si bien es cierto que la Ley Nacional de Educación tiende a corregir los errores criticados a la Ley Federal, como grupo de investigación nos preguntamos si la nueva ley va a responder realmente a un cambio o simplemente volvemos a sistemas anteriores, retomando lo que era el sistema primario y secundario. 

Es necesario en primer lugar dejar de lado modelos hechos en otros países y partir del análisis de nuestro contexto, de nuestro escenario socio-histórico-político y cultural actual, se elabore una ley que responda a las necesidades de nuestro sistema educativo  en virtud a las graves y prolongadas limitaciones que presenta la política educativa en relación a la disminución de la pobreza estructural; la construcción de un sociedad más equitativa, solidaria y participativa; la prestación de un servicio de calidad, democrático y adecuado a las necesidades de los sujetos y sus contextos; la mayor apertura, autonomía y criticidad de los actores comprometidos con el sector educativo para asumir y viabilizar la propuesta del cambio social, etc.

Es un problema complejo porque, como dije, se trata de lograr equidad social en primer lugar. Nuestra pregunta neurálgica es: ¿cómo lograr un sistema educativo que contribuya a la equidad social frente a los problemas estructurales aún no resueltos? Es una respuesta que obliga a la reflexión de todos los actores sociales responsables de una educación con calidad. 

Los investigadores de nuestro proyecto consideramos que, a partir de un diagnóstico in situ de la dimensión de los problemas prevalecientes, es posible re-pensar y re-imaginar innovaciones científicas, didácticas, curriculares, profesionales e institucionales para asistir y subsanar desde las ofertas educativas alternativas (sistema formal, informal y no-formal) las postergadas y acumuladas exigencias de los sectores sociales más castigados por la vigente estructura política y económica.  La reestructuración en boga, al amarrar los objetivos más amplios de la educación a las necesidades de la industria y del comercio, reduce y minimiza a los sistemas educativos. (...) la educación se torna más volátil, frágil y precaria frente a los vaivenes materiales, ideológicos y sociales.


1. Nota: 
Proyecto “Estudio comparativo de las Reformas Educativas en Argentina, Chile y Uruguay en la década de los noventa” de la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado (SeCTyP) UNCUYO.  Elsa Yolanda Cáceres es Magister en Gestión de las Organizaciones Públicas con especialidad en Administración de la Educación; Especialista en Docencia Universitaria y doctoranda del Doctorado de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL-UCUYO).     dewagacor