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05 DE DICIEMBRE DE 2024
Tenía un puesto en el Ejecutivo provincial. Aseguran que no renunció en tiempo y forma. El Legislador denunció “persecución política”.
Foto publicada en @marceloromano11
Fuentes: Prensa Gobierno de Mendoza / Diario Los Andes
Publicado el 05 DE DICIEMBRE DE 2019
Marcelo Romano, senador provincial por el partido Protectora, fue cesanteado por el Gobierno de Mendoza en el cargo de planta que tenía reservado en el Ministerio de Economía. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el legislador tenía otro cargo de planta reservado en el Congreso y que, además, nunca regresó a cumplir funciones ni renunció en tiempo y forma, lo que derivó en un sumario administrativo.
Según la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, el 26 de septiembre de 2018, notificó al agente Romano para que remitiera toda la documentación para continuar con la reserva del cargo, bajo apercibimiento de iniciar sumario. Ante el incumplimiento de lo anterior, la notificación fue reiterada el 6 de febrero de 2019.
El artículo 61 de la Ley 5811 establece expresamente: “El agente tendrá derecho a que se le reserve su empleo, sin retribución, cuando desempeñe una representación gremial, política o ejerza un cargo de mayor jerarquía en las administraciones públicas nacional, provincial o municipal. Esta reserva durará hasta 30 días después de haberse producido la cesación de la causa que motivara la reserva del cargo”.
Durante más de tres años, el empleado estatal mantuvo en reserva su cargo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, siendo que poseía un cargo de planta permanente en el Senado de la Nación tras ser asesor de la exsenadora nacional Laura Montero.
Romano no tardó en responder públicamente y, según dijo al diario "Los Andes", "se trata de una persecución política sin precedentes en la provincia", y expresó que no le extraña "viniendo del entorno oscuro de Cornejo”.
Para el senador, su compromiso con el cumplimiento de la Ley 7722, que regula la megaminería metalífera, y su oposición al fracking fueron los argumentos para “perseguirlo”.
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