La Unidad Especial de Violencia de Género será el nuevo organismo estatal que abrirá sus puertas el lunes 6 de febrero, con el fin de recibir denuncias y certificar la veracidad de las mismas. Cuatro fiscales ya designados estarán a cargo de la tarea. Todos provienen de fiscalías departamentales y seguirán un estricto protocolo de control, establecido por el Procurador general de la Corte, Alejandro Gullé.

Según difundió este viernes el diario Los Andes, estos fiscales terminarán orientando sus imputaciones tanto a los acusados de hechos de violencia de género como a las autoras de falsas denuncias. De acuerdo con ese matutino, en Tribunales comenzó a crecer el temor de que los esfuerzos del Estado por priorizar los casos de violencia doméstica se banalicen y generen situaciones de injusticia inversa por el avance de denuncias falsas.

“No desperdiciemos esta ley. He tenido la denuncia de una psicóloga que me dice que la están mandando de algunos estudios jurídicos a que certifique violencia de género donde no la hay, y eso es gravísimo”, denunció ayer por Canal 9 la abogada Carolina Jacky. La especialista en violencia de género remarca que esta situación se resuelve con la debida capacitación de los profesionales intervinientes, “ya que a través de un estudio de un psiquiatra se puede saber si (la denunciante) es víctima de un príncipe azul que destiñe o victimaria por despecho”.

La falsa denuncia es un delito tipificado por el artículo 245 del Código Penal como ‘contra la administración pública’. Contempla una pena de prisión de dos meses a un año o multa de hasta 12 500 pesos.

La violencia de género es un agravante de otro delito, que estableció la Ley 26791 del año 2012. Su aplicación fue motorizada en medio de un clamor generalizado, que en octubre del año pasado movilizó a más de 5000 personas en Mendoza bajo la consigna "Ni una menos".