Todos los días abrimos los diarios y observamos escándalos por la obra pública. Este Gobierno, que pretende hacer un cambio, debería tratar de que las leyes tendieran a generar más controles. El proyecto del Poder Ejecutivo que establece un régimen de Participación Público Privada (PPP) para atraer inversiones y reactivar obras de infraestructura, tal como llegó a Diputados es una vergüenza y una vuelta atrás en cuanto a los controles del Estado sobre la obra pública.

Por ejemplo, carga sobre el Estado la garantía de una utilidad razonable para las empresas. Además, en su artículo 5 exime a las empresas en la responsabilidad de los daños o perjuicios ambientales, haciendo cargo al Estado por la remediación de los problemas generados. Justamente ahora que hemos visto los derrames en Jáchal, justamente ahora que Vaca Muerta aparece como uno de los más promisorios hitos de inversión extranjera, cuando todos sabemos que el fracking tiene grandes cuestionamientos en todo el mundo por los perjuicios ambientales y a la salud pública que genera.

Se habla de la seguridad jurídica para poder recibir inversiones extranjeras, pero la seguridad jurídica tiene que darse en ambos sentidos, tanto para las empresas que vienen a invertir como para el propio pueblo argentino, que tiene que tener la garantía de que no sean afectados sus derechos tanto económicos como ambientales. Esta es la ley más importante que hemos votado y no ha sido suficientemente discutida, como tampoco ha tenido ningún impacto mediático.

Nosotros, como legisladores, no tenemos una carta blanca para votar lo que se nos ocurra. También tenemos que consultar a la ciudadanía si está de acuerdo en que esta ley se apruebe, una ley que garantiza a las inversiones privadas y a los capitales privados cero riesgo y cero responsabilidad. Vamos a tropezar otra vez con la misma piedra, pensando en un derrame de inversiones que nunca llega.