No es novedad la problemática de falta de acceso a la vivienda digna que sufre la mayor parte de los argentinos. El propio subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, afirma que el déficit habitacional ronda los 3,5 millones de hogares. La cifra crece a un ritmo de 36 mil viviendas por año, según la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI), y afecta tanto a las clases medias como a las de más bajos recursos.

La Subsecretaría, con ayuda de las universidades, estima un déficit habitacional del 25,4 % de las viviendas existentes a nivel nacional, lo que se traduce en 3 millones y medio de familias con problemas habitacionales. Al desagregar la problemática se observa que, de esa última cifra, 2 millones presentan inconvenientes en la calidad de la vivienda, de las cuales 1,3 millones tienen situaciones de hacinamiento, y los restantes 1,5 millones son las viviendas que se necesita construir.

Esta problemática no sólo afecta a las clases más pobres y vulnerables, sino también a las clases medias que cuentan con más recursos. De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), el primero de estos sectores parte ya de la imposibilidad de acceder por vías formales a suelo bien equipado y localizado (urbanizado), lo que hace de la autourbanización la solución más alcanzable para estas familias, aunque ello implique la precariedad edilicia y sanitaria.

En los últimos años, el acceso a servicios como agua corriente, cloacas y gas natural no ha visto mejoras considerables como para revertir la situación. Un claro ejemplo son los datos que exhiben Serio y Gabrielli para Acovi: el porcentaje de hogares sin agua corriente en el país pasó del 15 % al 11 % en 2012; si observamos las cifras de la cantidad de hogares argentinos con desagüe a la red pública, tampoco se ven grandes mejoras: pasó de un 43 % en 2003 a un 37 % en 2012. 

El segundo sector en la última década, a pesar de tener un pasar económico un poco mejor, se vio imposibilitado de poseer una vivienda propia debido a la falta de acceso al crédito, lo que tuvo como consecuencia inmediata la saturación del mercado de alquileres. Hoy en día, con las altas tasas de interés que impone el BCRA, la situación crediticia se complica aún más.

Emplear estadísticas ayuda a tener una noción sintetizada de lo que ocurre, pero ver la cantidad de viviendas como un número frío y aislado sería un estudio poco juicioso de la problemática. En un país donde la concentración de la riqueza está presente en cada uno de sus rincones, la construcción de nuevas viviendas no implicsa la ampliación del número de propietarios o de nuevas familias que pudieron conseguir su vivienda propia.

Se intentaron políticas de Estado para contrarrestar el conflicto, como lo fue el plan de viviendas Programa de Crédito Argentino (ProCreAr). Supo llegar de buena manera a las familias de clase media para que pudieran obtener su casa propia, pero seguía siendo ineficiente para las clases más bajas, ya que no alcanzaban a cubrir la cuota mínima del crédito. Además, la ineficiencia más importante que se generó fue que se filtró hacia las clases más pudientes que, a pesar de contar con los requisitos para conseguir los escasos créditos que ofrecía la banca privada, se veían tentados por las bajas tasas que ofrecía este crédito estatal.

La segunda etapa del plan pretendió corregir ciertas ineficiencias. La primera de ellas es que el fondeo ya no puede ser más a pérdida: se debe dejar de malgastar subsidios en los sectores más pudientes. El segundo punto va de la mano con el primero y es lograr una buena segmentación de los beneficiarios, suprimiendo los sorteos para realizar adjudicaciones por puntajes de vulnerabilidad. Y, por último, mejorar la articulación de los planes con la Planificación Urbana Integral para que no queden proyectos aislados sin la infraestructura necesaria para la vida urbana.

Para los segmentos que quedan por fuera de estas características, el Gobierno ideó nuevas líneas de créditos hipotecarios de distintos bancos comerciales bajo el sistema de Unidad de Vivienda (UVI), por el que las cuotas se ajustan en función de la inflación y manteniendo una relación lineal con el ingreso del prestatario.

En conclusión, a pesar haber aumentado durante la última década el presupuesto de vivienda, el déficit habitacional continúa siendo estructural, lo cual obliga a repensar los programas, el abordaje, el rol de las provincias y municipios, y a buscar políticas más eficientes, cuyo éxito va a depender de la constancia que se tenga para aplicarlas de manera sostenida y sustentable.