El dictamen favorable, e histórico, que había conseguido el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso; se vio truncado por el legislador de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega, que además oficia como presidente de la comisión de Asuntos Penales. Luego de la explicación poco consistente de no haber alcanzado la mayoría de las firmas, Vega convocó a las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Acción Social, y Salud Pública para hoy jueves con la intención de tratar el proyecto de La Campaña Nacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta convocatoria se hizo sin haber hablado previamente con los presidentes correspondientes de las comisiones, por lo que no se realizó nada dicha convocatoria. Nadie puede descifrar con seguridad cuál es el motivo que hizo a Vega determinar que no se alcanzó con la mayoría necesaria para dar dictamen favorable, aduciendo que se encontraban 15 diputados presentes cuando las personas que asistieron al tratamiento contabilizaron 12 diputados.  

Más desconcierto aún generó en algunos sectores el proyecto de dictamen que planteo Diana Conti, de la bancada kirchnerista, por el que se pretendía legalizar el aborto pero mantener penalizada su práctica médica. Finalmente lo retiró y firmó en disidencia parcial el que proponía Horacio Alcuaz (Gen): el de la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito que apoyan 350 organizaciones, 16 universidades nacionales y 50 diputados de diversos partidos políticos.

En la entrevista por teléfono con la Diputada Nacional por la provincia de Córdoba, Cecilia Merchán, comentaba que “nosotros denunciamos la forma en la que se dio la Comisión Penal y el manejo que hizo el presidente de esa comisión Juan Carlos Vega; porque no tuvo en cuenta ni siquiera la cantidad de Diputados presentes para contabilizar el dictamen”. Vega convocó a una reunión con las comisiones restantes “sin tener diálogo con ninguno de los otros presidentes de las comisiones” por lo que lógicamente se iba a suspender dicha reunión.

“Toda la desprolijidad que existió al respecto también muchas veces está rodeado de presiones; sabemos que cuando discutimos un tema como éste aparecen rápidamente las presiones de los sectores conservadores, aparecen visiones que están muy plagadas de doble discurso. No sabemos bien cuáles fueron las causas por las cuales el presidente de la comisión modificó la cantidad de diputados presentes, porque la modificó él mismo porque un día dijo una cosa y al otro dijo otra. Como tampoco se explica el accionar de la diputada Patricia Bullrich, quien impugnó el dictamen siendo que ella, como miembro de la comisión de asunto penal, no estuvo presente para dar el debate. Y  menos se entiende cuando ella, en el año 1994, presentó un proyecto casi idéntico al que presentamos ahora con La Campaña. Todos los dobles discursos y la hipocresías a la hora de actuar, y las especulaciones políticas que a veces una no entiende, están muy atadas a esas presiones”, decía contundentemente la diputada cordobesa.

“Lo importante de todo esto es que nosotros logramos que se empiece a dar este debate por primera vez en la historia dentro del Congreso, más allá de todas las idas y venidas de los presidentes de las comisiones”, recataba Merchán.

Habrá que esperar. “La suspensión de la convocatoria hasta el año entrante es algo lógico porque ya no tenemos prácticamente tiempos parlamentarios, quedan apenas 2 semanas y  quedan aún temas importantes y una gran cantidad de otros temas que ya se viene discutiendo. Entonces, es muy probable que ya no exista esa reunión”, reflexionaba la diputada. “Nosotros no aspiramos a que se produjera la totalidad de los dictámenes este año, aspiramos a instalar el debate, aspiramos a que se diera seriamente que es lo que se logró. Logramos además un debate muy interesante, ya está instalado y se continuará el año próximo”.

“El tratamiento no se ha caído, todo puede instalarse como debate nuevamente el año que viene en el congreso siempre y cuando sea la sociedad en su conjunto la que debate estos temas. Este proyecto de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo jamás hubiese llegado hasta donde llegó si no hubiese sido por el trabajo colectivo de más de  300 organizaciones que se nuclearon en la campaña nacional por un aborto legal, seguro y gratuito, por las 16 universidades que lo acompañaron y ni hubiera sido posible sin el debate intenso que se da en el conjunto de las instituciones de la sociedad”, decía Cecilia Merchán.

Si bien, al medio día de hoy se rumoreaba que es probable que haya una reunión para tratar el tema el próximo jueves, las posibilidades de que la reunión se concrete son muy escasas. El presidente de Salud es el kirchnerista Antonio Morante, que está en contra de la despenalización y, pese a que dijo estar dispuesto a dar el debate, difícilmente realizará una movida que disguste a la Casa Rosada (recordemos que la presidenta ya se manifestó en contra del aborto y dijo que “no es hoy un tema de agenda política”). Y la titular de Familia, la peronista disidente Claudia Rucci, ya habría expresado su decisión de no participar del plenario del jueves.

Comunicado de La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por su parte, el área de prensa de La Campaña dio a conocer un comunicado en donde se aclara a la opinión pública su versión de los hechos. Parte de dicho comunicado dice que “La desmentida, por parte del diputado Juan Carlos Vega, del dictamen que él mismo había aprobado el 1 de noviembre, en la reunión de comisión de legislación penal que él preside, y que él mismo había convocado, es insostenible. Insostenible, pero acorde con la falta de palabra que lo ha caracterizado. En lo que va del año, el diputado Vega: había convocado a una reunión similar para el 27 de septiembre, cuando la mayor parte de los diputados firmantes del proyecto de la Campaña habían explicitado la conveniencia de convocar a la reunión después de las elecciones presidenciales; dio a conocer su propio proyecto de ley sobre aborto no punible en ocasión de esa convocatoria; la postergó para el 1 de noviembre debido a presiones de sus pares. Al inicio de la reunión del 1 de noviembre, pretendió excluir los proyectos de ley de legalización del aborto para centrarse en el proyecto de ley que él mismo había presentado. Bastó el firme posicionamiento contra un dictamen en esas condiciones de varias/os diputadas/os presentes para que Vega incluyera de inmediato los dos proyectos de ley que acababa de excluir. Al día siguiente del dictamen, cuando la noticia del dictamen estaba en todos los medios, lo desmintió, como si fuera posible que él como presidente de la comisión de legislación penal no supiera contar los votos de los presentes, no supiera contar a los diputados de la Comisión presentes, no supiera calcular la consiguiente proporción para considerar mayoritario el dictamen.

Lo cierto es que no hubo 15 diputados en el momento de la votación, sino 12, como lo aclaró la diputada Vilma Ibarra en el momento y tal como está consignado en la versión taquigráfica de la reunión, versión donde puede seguirse pormenorizadamente la discusión durante la reunión, las opiniones vertidas por los diputados de todas las pertenencias partidarias, y la aceptación final del dictamen”.

Falta mucho, muchísimo, quién podría negarlo, pero lo cierto es que más allá de la urgencia que nos imprime la realidad social -el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna- la legalización de la interrupción voluntaria nos devuelve la potestad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, de debatir el control que la sociedad imprime sobre ellos porque el inicio de esta discusión en el Congreso habla de una lucha que, aunque no está completamente articulada, ha logrado avanzar y cautivar a decenas de miles de mujeres que ya no pueden pensarse sin igualdad. Se dice la palabra “igualdad” porque sólo las mujeres adineradas se pueden realizar un aborto de forma segura, perversa, pero segura y las pobres se mueren y si no se mueren, sienten que la muerte es la consecuencia más probable; por eso muchas veces deciden ser madres a los 13 o 14 años.

¿Queremos que el aborto sea legal para que dejen de morir mujeres o creemos que las mujeres mueren porque no tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo? La diferencia es de concepción no de redacción. Y es sustancial. Hubo un proyecto de ley, el año pasado, que pretendía declarar a los úteros como patrimonios estatales a través de la extraña figura de “ambiente protegido”. Quizás sirva como ejemplo para clarificar la mirada, porque es difícil escapar a veces a una naturalización tan profunda como la que ejerce el Estado en la mujer, cuando la convierte en un elemento de reproducción humana.

Las mujeres tenemos la capacidad de decidir por nosotras mismas y debemos poder ejercer el derecho a abortar, a acceder de forma segura y gratuita a métodos –como el misoprostol- que están avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y silenciados por los organismos estatales y paraestatales, generando una desinformación peligrosa que atraviesa todas las clases sociales y estigmatiza a quien simplemente no quiere esa maternidad.