La sospecha llegó desde la Cámara de Comercio de Tunuyán y fueron los legisladores radicales quienes elevaron una denuncia a la Fiscalía de Estado pidiendo que se suspendiera el proceso licitatorio encarado para lograr la renegociación de contratos por las máquinas tragamonedas en el Valle de Uco. El órgano de control consideró que uno de los puntos del pliego permitía que, de común acuerdo, el Instituto y el contratante pudieran incrementar sin límite alguno las máquinas contratadas dentro de la zona adjudicada, y por esto decidió dejar sin efecto la licitación y considerar que se debía proceder a un nuevo llamado que contemple las observaciones realizadas.

La extensión de las concesiones de los casinos del Valle de Uco despertó el malestar de los comerciantes de Tunuyán, quienes interpusieron un recurso de amparo en la Justicia para frenar los procesos de renegociación de contratos por las máquinas tragamonedas en esos departamentos. El proceso licitatorio se convocó a través de los diarios el 5 de junio.
De manera paralela, los diputados radicales Néstor Parés y Néstor Majul pidieron en Fiscalía de Estado que se suspendiera la licitación, argumentando que uno de sus artículos permitía la ampliación de máquinas tragamonedas dentro de la zona concesionada.

En aquel momento, el Gobierno aseguró que se estaba llamando a licitación el proceso que venció en abril de 2015 y que sólo se trataba de una "extensión" de esa concesión. Mientras, Ricardo López, de la Cámara de Comercio de Tunuyán, consideraba que los pliegos licitatorios abrían las puertas a la habilitación de nuevas salas de juego.

Las partes involucradas fueron notificadas este viernes a través del expediente 1603, que lleva la firma del fiscal Fernando Simón y deja expresada claramente en su conclusión la necesidad de suspender el proceso y abrir uno nuevo.

Quienes poseen la concesión hoy de las salas de juego en Tunuyán, Tupungato y San Carlos son IVISA, BETHEC y BINGO'S. Lo que sospechan los comerciantes de ese departamento es que se pretende abrir la puerta a las empresas de tragamonedas que operan en el Casino central, propiedad del empresario Daniel Vila.

A días de las elecciones generales, Carlos Bianchinelli, presidente del Instituto de Juegos y Casinos, negó tal afirmación y recordó que en 2009 el gobernador Francisco Pérez promulgó la ley que prohíbe la instalación de nuevas salas de juego. “Estuvimos el miércoles en Tunuyán para explicarles el proceso que se está llevando a cabo y que es legal. Ellos entendieron que no se trata de nuevas aperturas porque eso está prohibido”, dijo el funcionario. Sin embargo, el justicialista deberá frenar el proceso y, de seguro, deberá resolverlo la próxima gestión.

En el Valle de Uco hay cuatro casinos oficiales y uno privado, en una extensión de territorio de baja densidad poblacional.