En una nueva audiencia por el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mendoza, en el Tribunal Oral N.º 2, también denominada Megacausa o Megajuicio, el representante por el Ministerio Público Fiscal, Dante Vega, continuó con su alegato, acompañado por Jorge Auat, titular de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad.

El alegato de Fiscalía comenzó el lunes 14 de marzo y, luego de una introducción referida al contexto histórico y un detallado desarrollo de investigaciones referidas al funcionamiento en conjunto entre la Justicia Federal y las Fuerzas Armadas, antes y durante la última dictadura cívico-militar, el martes comenzó con el análisis de cada uno de los casos. Recordemos que se trata de violaciones a los DDHH en más de 200 víctimas. Hombres, mujeres y niños sufrieron secuestros, detenciones, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos. Los cuatro exmagistrados, Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, son parte de los 34 imputados en la causa por estos delitos.

La etapa de alegatos es el recorrido final de un juicio, pero ese camino es largo en sí mismo. El fiscal adjunto de la causa, Daniel Rodríguez, explicó que esta segunda parte de la exposición de Vega, es decir, la lectura cronológica de todos los casos, demandará varias semanas, y la acusación será la última parte. Luego restan los alegatos de los demás fiscales, incluyéndolo. También se espera la devolución de la defensa de los acusados. “Esto llevará meses”, dijo Rodríguez.   

Antes de dar a conocer las vivencias de cada una de las víctimas, el fiscal Dante Vega volvió a realizar una breve mención a los “recurrentes abusos sexuales” sufridos en los centros de detención, siendo el más importante de ellos el D2 (Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza). “El delito sexual no se trataba como se trata ahora”, dijo, explicando que la jurisprudencia constante abrió paso para que las víctimas pudieran animarse a relatar lo sucedido. No sólo mujeres, incluso hubo hombres, dijo el abogado, que se animaron a relatar que sufrieron abuso sexual.

También volvió a hacer hincapié en lo referido a la “falsedad documental” con la que las fuerzas de seguridad se manejaban para cometer sus delitos, algo que mencionó detalladamente durante la audiencia anterior. “Todavía estamos con algunos huecos de información sobre el D2 debido al ocultamiento que hubo, pero hemos avanzado lo suficiente como para poder reconstruir su modo de funcionamiento”, dijo Vega. “No puede haber ninguna duda sobre la categoría 'lesa humanidad' en lo que estamos tratando”, fueron algunas de las palabras de Vega, explicando que, de hecho, es “innecesario” preguntarse si es esa la categoría a asignar.

El primer caso a analizar por el representante del Ministerio Público Fiscal fue el de Carlos Eduardo Cangemi, detenido el 11 de noviembre de 1975 y trasladado al D2, donde se lo interrogó por su militancia política y se utilizó la violencia para torturarlo. El 17 de noviembre del 75 intentó denunciar los maltratos, pero el entonces juez federal Luis Miret se lo impidió y le obligó a no declarar por los apremios ilegales. En 1977 se condenó a Cangemi a 5 años de prisión.

Continuó con la causa Rabanal, originada en febrero del 76 con el apresamiento de Daniel Rabanal por un auto robado. Luego se atrapó a un numeroso grupo, entre los que se encontraban sindicalistas de ATE y miembros de la JP Montoneros, debido al homicidio del cabo Cuello, cometido en enero de ese año. Un homicidio muy dudoso, de hecho, puesto que no se encontró en el expediente nada relacionado con la existencia de este policía.

Ya en el D2 sufrieron amenazas, torturas y ataques sexuales. Miguel Ángel Gil, uno de los miembros de ese grupo detenido, murió a causa de los tormentos. Días después, los detenidos fueron presentados ante el juez Carrizo y relataron lo sucedido. Nada de esto fue tomado en cuenta por el fiscal Romano.