Según informaciones periodísticas, hay una acumulación de las denuncias de violencia familiar que involucran a uniformados, lo que marca una tendencia que debe ocuparnos. La violencia reiterada en un grupo específico es el síntoma de problemas más profundos. La violencia se puede prevenir, pero para eso hay que cambiar las condiciones que la generan. Es cierto que en la Argentina hay indicios claros de que está creciendo, pero resulta aún más preocupante que afecte a funcionarios públicos a los que el Estado entrega armas de fuego para cuidar vidas. 

La propia actividad policial tiene particularidades que merecen una mayor atención sobre su reclutamiento, formación, régimen laboral y condiciones de vida de sus familias. No ocuparse de estos aspectos los expone a situaciones de mayor vulnerabilidad que otros ciudadanos.

Es que el trabajo policial se ha convertido en uno de los más difíciles. Las dinámicas de la violencia y el delito lo complejizan cada vez más. Ser un buen policía exige mucho más que la vocación de servicio, el coraje y la subordinación que se les demandaba a los antiguos aspirantes. En el mundo, las instituciones policiales modernas tienden a diversificarse y especializarse cada vez más. Las capacidades de aprendizaje, de comunicación y de adaptación a contextos cambiantes surgen como requisitos adicionales para los buenos policías.

También la generalización de algunas formas de violencia y la expansión de la criminalidad organizada imponen nuevos desafíos a las instituciones policiales y sus trabajadores (hemos visto en otros países de la región cómo la corrupción carcome a las policías y se demuele la confianza social en sus uniformados). El trabajo policial suele incluir también traslados extensos y horarios difíciles, no concebidos para mejorar la eficiencia. No es gratuito: algunos policías suelen hacer chistes sobre sus fracasos matrimoniales, hijos con diferentes parejas y cómo la manutención afecta sus salarios.

En síntesis, el trabajo de policía es un trabajo difícil, con un régimen duro, que exige una atención especial y formación permanente. Necesitamos policías profesionalizados y jerarquizados por la opinión pública. Fundamentalmente, policías que se sientan reconocidos en contextos laborales de protección ante las complicaciones que presenta su trabajo. Pero la participación democrática para mejorar condiciones laborales y darle transparencia pública a los ascensos policiales es una opción que ya hicieron con buenos resultados Santa Fe y Chubut. Jerarquiza y aporta legitimidad. También genera angustia entre los que consiguieron hacer carrera comiendo asado y dando regalos a algún jefe político.

Hablar de los problemas específicos del trabajo policial no les justifica los actos de violencia contra otras personas. Tampoco busca la sindicalización, una opción no viable en un país donde el grueso de los sindicatos está en deuda con la democratización de sus métodos. Pero el reflujo de ideas arcaicas, el retroceso sobre modernizaciones a las que apostó Mendoza, el clientelismo interno y un estilo de gestión agotado están dando sus frutos amargos. Tenemos que llamar la atención sobre cómo se ha deteriorado una institución que es fundamental para reducir los niveles de violencia, prevenir el delito y disipar el temor ciudadano a ser víctimas de un crimen.

Las instituciones de la seguridad pública en la Argentina están atravesando una crisis que se viene gestando desde hace décadas. Las protestas de diciembre pasado lo confirmaron. Son otro componente de sus problemas estructurales. La solución es política: hace falta un amplio acuerdo para mejorar las políticas de seguridad, eludiendo las mezquindades partidarias o la demagogia electoral. 

Las policías necesitan una atención urgente que empiece por ocuparse de la formación, la carrera profesional, el bienestar de los funcionarios y sus familias, que incluya también medidas de prevención y control para erradicar formas de corrupción. Un primer paso para una seguridad democrática y efectiva.