La primera denuncia quedó asentada en la Fiscalía de Luján el 25 de noviembre del 2016. Por entonces, una testigo de identidad reservada declaró sobre los abusos sexuales que habían padecido durante años los chicos sordos e hipoacúsicos que asistían al Instituto Próvolo. Un año después, asciende a 18 el número de víctimas de la causa que investiga el fiscal Gustavo Stroppiana y cuya querella está representada por los abogados Sergio Salinas y Juan Dantiacq, y el letrado de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, Oscar Barrera.

"Cumplimos un año y la causa ha tenido un crecimiento respecto al apoyo que hay entre las víctimas para animarse a denunciar lo que durante tantos años tuvieron callado y les obligaron a callar", detalló en Dale! Sergio Salinas respecto a los avances de esta causa en la que se investigan casos de abuso sexual y corrupción de menores ocurridos en el instituto católico de Luján.

Explicó, además, que se presentaron tres líneas de imputación: "la acción de violar; el que omitió denunciar la violación y el que omitió información generando una red de encubrimiento". En esas tres líneas se encuentran desde los primeros cinco autores (entre ellos, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho a la cabeza), a la línea de las monjas (las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez), hasta el personal interno: exdirectivos, empleados y profesionales.

Actualmente, detalló el letrado de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), se han realizado 29 cámaras Gesell. Sin embargo, todavía hay información faltante en la causa, puesto que el Instituto solo informó cuántos alumnos asistieron entre 2005 y 2015, con lo cual entre 1997 y 2005 y desde 2015 a noviembre 2016, se estima que faltan unas 201 personas. "Quedan muchas personas que quieren declarar", aseguró.

Entre los puntos que van a contrapelo del avance de la investigación, Salinas criticó el rol de la Iglesia, en tanto institución: "La iglesia ha tenido un rol de encubrimiento. O mala voluntad. Vamos a demandar a la Iglesia por falta de información porque tiene la obligación de darla como cualquiera", señaló.

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