El fiscal que lidera la investigación por los abusos a chicos y chicas hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo, Gustavo Stroppiana, solicitará agravar las imputaciones contra los cinco acusados, dos de ellos sacerdotes. Los fundamentos del pedido son que tanto el tiempo que duraron los ultrajes como que algunos de esos actos se desarrollaron en un templo perteneciente a la Iglesia Católica resultan agravantes que permiten cambiar la imputación de abuso sexual simple a gravemente ultrajante, que conlleva una pena más elevada.

Stroppiana confirmó a Unidiversidad que este será el planteo durante la audiencia que se concretará en la Octava Cámara del Crimen. Ese día, los magistrados escucharán y tomarán una decisión respecto de las apelaciones que todas las partes involucradas en la causa –es decir, el fiscal, los abogados querellantes y los defensores– presentarán sobre la prisión preventiva que se dictó a los imputados.

El pedido del fiscal irá en el mismo sentido del que realizará la parte querellante. Así lo confirmó el abogado que representa a las víctimas, Sergio Salinas, quien explicó que en la audiencia también solicitarán el agravamiento de los tipos penales.

Por la causa que se inició el 6 de noviembre de 2016, la Justicia imputó a los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), y a los empleados José Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez por abuso y corrupción de menores agravados por la guarda y la edad de los pequeños. En febrero, la titular del 4.º Juzgado de Garantías, Alejandra Alonso, dictó la prisión preventiva a los acusados, es decir que permanecerán detenidos hasta la realización del juicio. El único que cumple prisión domiciliaria es Corradi, decisión que la jueza otorgó con base en el deterioro del estado de salud del cura, lo que fue confirmado por peritos del Cuerpo Médico Forense.
 

La solicitud del fiscal

El planteo que realizarán el fiscal y los abogados querellantes ante los magistrados de la Octava Cámara del Crimen será que existen agravantes para cambiar la imputación de los acusados de abuso sexual simple a abuso gravemente ultrajante. El primer tipo penal prevé una pena de tres años, mientras que en el segundo caso se eleva a ocho.

Stroppiana explicó que su solicitud está ajustada a la letra del Código Penal, ya que tanto el tiempo en que se cometió el delito como que se realice en un templo religioso y por un ministro de algún culto, reconocido o no, son agravantes especificados en el artículo 119 de la norma.

Los magistrados de la Cámara no sólo escucharán las razones del fiscal y del abogado querellantes, sino también las de los defensores de los acusados, que presentarán apelaciones relacionadas con la prisión preventiva.
 

Avance de la causa

Stroppiana explicó que continúa tomando declaración a posibles víctimas de abusos, utilizando el sistema de cámara Gessel, para que los chicos y chicas tengan todas las garantías que necesitan para contar lo que les pasó.

El fiscal subrayó que su intención es solicitar lo antes posible la elevación a juicio de la causa para evitar que se transforme en una investigación tan grande que se convierta en inmanejable. Y aclaró que esto no significa que dejarán de lado nuevas pistas o presuntas víctimas, sino que en forma paralela podrán abrir nuevas líneas de trabajo cuando surjan datos o se presenten nuevos testigos que así lo ameriten.