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La desaparición del joven sigue encabezando la agenda política. Ahora se indagará a siete gendarmes; entre ellos, uno que se separó del operativo el 1.º de agosto. La ONU también investigará.
Gendarmería en estos días será la fuerza más investigada por la justicia. Foto: Primera Edición.
El caso fue girando de acuerdo a la mirada del Gobierno nacional, y los informes enviados al juez Guido Otranto lo muestran. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo hizo notar con sus explicaciones en el programa de Jorge Lanata en Canal 13. Esto se traduce en el diario Clarín en la portada impresa, que señala que ahora averiguan qué hizo un grupo de siete gendarmes, en especial uno de ellos, que se separó en un momento del operativo cometido el 1.º de agosto en Chubut.
Tiene cierta consonancia lo que dice el jefe gendarme de la operación sobre el caso al aseverar que “no hubo detenidos”, lo que supone que, si pasó algo ilícito, fue una acción individual y no la acción coordinada en cumplimiento de una orden. Es decir, lo que se intenta con esto es desvirtuar la idea instalada de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Esta semana será clave en la causa de Maldonado. El Gobierno nacional avanzará esta semana con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y colaboren con la investigación sobre Santiago Maldonado, en respuesta a una solicitud de la familia del joven desaparecido hace 40 días. Esto, al margen de la indagatoria que ordenó el juez Otranto a los gendarmes y jefes que participaron del operativo.
La campaña para la aparición del joven artesano se incrementa y se muestra como espontánea y con nuevas variantes, como el hombre que reclamó en el aeropuerto de Mendoza con el nombre del chico más buscado de la Argentina como si fuera un pasajero llegado de un viaje cuyo destino es desconocido aún.
Como dato lateral emerge el conflicto del reclamo de las comunidades originarias por los territorios ocupados. Hay una reflexión del antropólogo Diego Escolar, quien analiza “la realidad de las comunidades mapuches y la importancia de la ley que impide los desalojos a grupos indígenas”, en Unidiversidad.
A través de La Nación se consigna que llega al Congreso el debate por 8 millones de hectáreas que reclaman los pueblos originarios: “En noviembre vence la ley que evita desalojos, pero el tema quedó envuelto por el caso Maldonado; en 11 años sólo se relevó la mitad de las tierras; la mayoría no tiene títulos”.
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