Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral, acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. El juez Julián Ercolini dio por clausurada la investigación de la causa Los Sauces y elevó el expediente a juicio oral y público.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez –ambos presos–, es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, en la que la expresidenta está señalada como máxima responsable y su hijo aparece como organizador. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar dinero proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

A juicio oral irán también López y Báez, ambos ya detenidos; Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (excontador de CFK) y los hijos de Báez, entre otros.

Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual "una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional –a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.– iba a parar a los expresidentes y a su núcleo familiar".

Esto se concretó a través de un sistema "montado con base en la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces". El objetivo, según el juez Ercolini, era "sustraer y apoderarse y de millonarios fondos públicos" y habrían operado durante más de 10 años, "hasta el 14 de diciembre de 2016".

Esta maniobra es parte de una "gran matriz de corrupción" que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. En esa otra causa, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según el escrito al que accedió Clarín, empezando por los dos principales inquilinos, Báez y López, que garantizaron el 86 % de la facturación de Los Sauces SA. En dinero, se trata de unos $ 26 millones que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar, a través de aquellos, decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”. Ellos fueron los responsables, “junto a los expresidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudiera llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

De este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

Por su lado, la hija de Cristina Kirchner, después del fallecimiento del expresidente se incorporó a Los Sauces y brindó “su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades y del patrimonio personal de su padre”.

También, como vicepresidenta de la inmobiliaria y empleada de la misma, se “ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.