El fiscal federal Marcelo Colombo pidió una pena de cinco años y medio de cumplimiento efectivo para el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por los delitos de cohecho (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública por su participación en la adquisición mientras era ministro de Economía de la empresa Ciccone Calcográfica.

Esta mañana cuando comenzó su acusación en el juicio oral y público Colombo había dicho que hubo un "acuerdo ilegal" para que el ex vicepresidente Amado Boudou se quede con parte de la compañía.

El funcionario había comenzado esta mañana su alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4 que juzga a Boudou, a su socio y amigo José María Núñez Carmona, al dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone; al ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner; al ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri; y al arrepentido Alejandro Vandenbroele.

El fiscal describió la maniobra y pasadas las 16.30 pidió la penas. Boudou, además de la pena de prisión le solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de $ 90 mil. Para Núñez Carmona pidió una pena de cinco años de prisión, para Vandenbroele una de tres años en suspenso, para Ciccone pidió cuatro años, para Resnock Brenner tres años y medio y para Forcieri dos aos y medio en suspenso.

"La abundante prueba que esta causa ya tenía ha sido multiplicada a partir de la evidencia corroborada en el juicio", dijo Colombo.

Para el fiscal hubo "un acuerdo ilegal celebrado entre el grupo Ciccone y el grupo Boudou, representado por él y Núñez Carmona y para quien cumplía funciones Vandenbroele". Vandenbroele es el dueño de The Old Fund, la empresa que compra el 70 por ciento de las acciones de Ciccone. "Boudou estaba detrás de The Old Fund", sostuvo Colombo.

La Fiscalía señaló que Ciccone -la principal calcográfica del país- estaba en quiebra y buscó ayuda en el Gobierno. Boudou inició una serie de gestiones para salvar la empresa y quedarse con parte de la compañía.

"Las promesas de ese acuerdo después se terminan efectivizando en acciones concretas en distintos organismos públicos que estaban bajo la égida del ministerio de economía que comandaba Boudou", describió.

Durante su larga acusación Colombo detalló que la firma Compañía de Valores Sudamericana (CVS) nombre de Ciccone luego de la llegada de Boudou, fue contratada por la Casa de Moneda de la Nación-que dependía de Economía- para que imprimiera billetes de 100 pesos. Un negocio millonario.

El fiscal Colombo señaló como muestra de que Boudou tenía intereses en CVS fue que se suspendió-con intervención del ministerio de Economía- una licitación de compra de maquinaria que iba a hacer la Casa de Moneda. Al no equiparse la empresa estatal -coligió el fiscal- la imprenta CVS quedó en condiciones de ser contratada para la impresión de billetes.

Otro de los negocios que logró CVS después del arribo de Boudou fue el de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2011. En aquella ocasión Boudou fue el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. La imprenta CVS tuvo que subcontratar a otras firmas que pudieran confeccionar las boletas electorales porque no estaba en condiciones de cumplir con el contrato. Pero igual se quedó con aquel negocio millonario.

El de la Fiscalía es el tercer alegato del juicio y el último de las partes acusadoras. Ya lo hicieron la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, las querellas de la causa. La semana que viene se inician los alegatos de las defensas.

La UIF pidió una pena de seis años de prisión para Boudou, de cinco años y ocho meses para Núñez Carmona y Nicolás Ciccone, de tres años para Resnick Brenner y Forcieri, y de un año para Vandenbroele.

La UIF reclamó la inmediata detención de aquellos que sean condenados con penas de prisión efectiva.

Por su parte, la OA pidió para Boudou una pena de cinco años y seis meses de prisión para Boudou; para Núñez Carmona cinco años; para Vandenbroele un año y seis meses; para Ciccone tres años y ocho meses, para Resnick Brenner tres años; para Forcieri, dos años y cuatro meses.

Todos fueron acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Las querellas pidieron una pena menor para Vandenbroele porque tuvieron en cuenta su declaración en la que relató cómo fueron los hechos, los mismos de su declaración como arrepentido. Sin embargo, en este juicio no está en esa condición.