El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, tendrá acceso a los siete cuerpos del expediente que se inició luego de la desaparición de la adolescente lavallina Johana Chacón el 4 de septiembre de 2012. La razón es que la Justicia mendocina aceptó la petición de ese organismo para convertirse en querellante en la causa.

Con esta decisión judicial, la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se convirtió en querellante en las causas por las desapariciones de Johana Chacón y Soledad Olivera, de la que nada se sabe desde el 18 de noviembre de 2011. En este segundo caso, la Cámara de Apelaciones de Mendoza ya había aceptado la petición del organismo los primeros días de noviembre. Ese antecedente fue fundamental, ya que la titular del Tercer Juzgado de Garantías, Alejandra Mauricio, aceptó la petición de Peñaloza remitiéndose al fallo de la Cámara de Apelaciones, que entendió que el hecho investigado (la desaparición de Olivera) debía ser calificado como violencia contra la mujer y, por ende, una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

En el escrito que se conoció en noviembre, los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel determinaron que se trataba de una desaparición prolongada en el tiempo, definieron al caso como grave y consideraron que provocó una gran alarma y conmoción social, especialmente en la comunidad de Lavalle. Y destacaron que en este mismo lugar había sucedido la desaparición de Johana Chacón. “La situación de clara violación de derechos humanos que se desprende del hecho denunciado, la circunstancia de que la investigación llevada adelante se haya extendido en el tiempo sin que luego de transcurridos casi tres años de desaparecida Soledad Olivera se haya castigado al responsable y, lo que es más grave, no haya podido darse con su paradero, puede acarrear responsabilidad al Estado Nacional, aun cuando la autoría del delito sea atribuida a un particular”, dice el escrito que firmaron los integrantes de la Cámara de Apelaciones.

Los jueces también hicieron alusión a la situación de desamparo en la que se encontraba la víctima, ya que sus herederos forzosos –padre, madre, hermanos y hermanas– no se constituyeron en querellantes particulares.  A estos fundamentos fue a los que se remitió la doctora Mauricio para aceptar la petición de Peñaloza de convertirse en querellante en el caso de Johana Chacón, decisión que dio a conocer la semana pasada.

Peñaloza recurrió a instancias superiores, teniendo en cuenta que el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, quien lidera ambas investigaciones, rechazó sus pedidos de convertirse en querellante. En el caso de Johana Chacón adujo que no existía delito comprobado; en el de Soledad Olivera entendió que el organismo nacional no tenía legitimidad para convertirse en querellante por no ser un afectado directo, como sí lo sería un familiar.

Acceso al expediente

Transformarse en querellante en las causas por las dos mujeres mendocinas desaparecidas en democracia significará para el abogado del organismo nacional la posibilidad de tener acceso a los expedientes, colaborar en la investigación, ofrecer pruebas, asistir a las audiencias, aportar testigos, acompañar pericias y, cuando se sustancien los juicios, participar como un acusador más. Peñaloza explicó a Edición UNCUYO que a partir de esta decisión tendría acceso al expediente por la causa de la desaparición de Johana, una causa que consideró siempre un misterio porque no estaban claras las pistas que se habían seguido o los testimonios tomados a los familiares, ya que a su entender existió algún tipo de encubrimiento por parte del círculo íntimo que rodeaba a la adolescente. El abogado consideró poco probable avanzar en el estudio del expediente antes de febrero, luego de la feria judicial, ya que tenía siete cuerpos para analizar. 

Silvia Minoli, directora de la escuela Virgen del Rosario, a la que asistía Johana y en la que continúan cursando sus estudios los hijos de Soledad Olivera, celebró la decisión. La docente consideró que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había ganado la pulseada a la Provincia “que parece estar en el camino equivocado, ya que Johana y Soledad todavía están ausentes”. Minoli aseguró a Edición UNCUYO que, aunque los esfuerzos de muchas personas habían logrado visibilizar ambos casos, era preocupante el abandono de la Justicia sobre la violencia de género y las desapariciones. Consideró que muchos funcionarios, fiscales y jueces habían mirado para otro lado durante mucho tiempo. 

La docente se lamentó de que hubiera pasado el 2014 y que siguieran sin saber el paradero de las dos jóvenes; aseguró que su ausencia seguía provocando desvelos y angustias para quienes las querían de regreso. “Son demasiadas las desapariciones de mujeres, niños y niñas en nuestro país. Muchas organizaciones trabajan buscando personas que “mágicamente” se esfuman de su entorno. Se publican sus imágenes en redes sociales; en su mayoría no aparecen, se van borrando de la memoria y son reemplazadas por otras desapariciones. Parece una ruta sin fin, un camino solo de ida”, se lamentó Minoli.

Desaparecidas en democracia

Johana Chacón fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012 cuando descendió del micro que la llevó desde la escuela Virgen del Rosario hasta la finca de la familia Curallanca, donde vivía con sus tres hermanos y su hermana desde que su padre, Bernardo Chacón, accedió a que se quedaran en la casa de ese vecino. Al día siguiente, la directora de la escuela, Silvia Minoli, se enteró de que la joven había desaparecido e hizo la denuncia. Pocas horas después supo que un año antes había desaparecido Soledad Olivera, una joven de 33 años cuyos tres hijos también asistían al colegio.

Por este último caso, la Suprema Corte de Justicia solicitó el jury contra el titular de la Unidad Fiscal Las Heras-Lavalle, Darío Nora, por presunto mal desempeño en la investigación luego de las primeras horas de la desaparición. Sin embargo, los mismos miembros del tribunal votaron por unanimidad desestimar la acusación. La investigación por ambas desapariciones quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, quien siguió una línea de investigación basada en la hipótesis del homicidio.

Hoy la investigación no muestra avances, pese a los rastrillajes que se hicieron en la finca donde vivía la joven y los allanamientos realizados en distintos lugares donde dijeron haber visto a la adolescente. Ante esta situación, las maestras de la escuela, integrantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, presentaron un escrito ante la Justicia Federal de Mendoza para que se iniciara una investigación con la hipótesis de trata de personas. El mismo fue aceptado y quedó en manos del fiscal Fernando Alcaraz, quien pidió copia del expediente y dio intervención a la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex).

La causa Olivera

En la causa por la desaparición de Olivera hubo avances, especialmente la detención e imputación en agosto del 2013 de Mariano Luque por privación ilegítima de la libertad. La investigación liderada por Garay determinó que Luque tenía relación con Olivera, lo que quedó demostrado a través de las numerosas comunicaciones que tuvieron entre los celulares de ambos. Incluso, la mujer comentó el día de su desaparición que se iba a encontrar con Luque.

Luque es el hijastro de Luis Curallanca, el hombre que albergó en su casa a los cinco hermanos Chacón con la anuencia de su padre, Bernardo Chacón. Además, al momento de la desaparición de Johana, Luque era la pareja de Beatriz, hermana de la joven desaparecida.