El Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), conducido por Marcelo Balcedo, detenido el jueves 4 de enero pasado en Punta del Este, Uruguay, suma 2000 juicios a escuelas y jardines en los que ni siquiera tenía presencia jurídica. Presunto lavado de dinero y delitos tributarios son algunas de las irregularidades por lo que se detuvo al gremialista.

Las instituciones educativas pertenecen a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba a las que se las extorsionaba desde el 2014 con el pago de una deuda que no existía. Las escuelas y jardines debían abonar un aporte solidario, ante la negativa se les iniciaba un juicio. El sindicato enviaba cartas de documentos en las que estipulaba el monto que debían cobrar a partir de la inspección de las instituciones que, según aseguran fuentes consultadas por diario La Nación, nunca existieron.   

En total son nueve los jardines y escuelas afectadas por ese modus operandi. En las actas que se labraron, se estipulaba que desde SOEME acudieron a controlar las instituciones pero que los dueños no les permitieron el ingreso. Todas ellas están firmadas por una misma persona que, no coinciden las fechas, ya que debería estar en todas las provincias al mismo tiempo.

Allanaron tres sedes de SOEME

Por disposición del Juez federal Ernesto Kreplak, el pasado sábado 6 de enero, se realizaron tres allanamientos a las sedes del sindicato. Gendarmería nacional estuvo a cargo del operativo en las dos delegaciones de La Plata y la central ubicada en Capital en búsqueda de pruebas que aporten a la causa en las que están imputados Marcelo Balcedo, su socio Mauricio Yebra -ambos detenidos- y su mujer Paola Fiege. Al finalizar el operativo las tres dependencias fueron clausuradas y quedaron en custodia de Gendarmería nacional.

La CGT  mantiene el silencio

La Confederación General de Trabajadores (CGT) no emitió declaraciones oficiales en referencia a la detención de Marcelo Balcedo ni a los allanamientos que se realizaron en las tres sedes por la causa que lo llevó a prisión por presunto lavado de dinero y delitos tributarios. Sin embargo, sí expresaron un “amplio repudio” por el allanamiento que se realizó, al mismo tiempo, al Sindicato Obrero del Caucho y Afines (Socaya) por las irregularidades en las elecciones.