La “verdad histórica” no sobrevivió 24 horas de su propia historia. Los primeros en rechazar la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fueron los padres de los 43 normalistas que el martes mismo brincaron sobre la versión oficial.

Y ayer, antes siquiera de que hubieran pasado 24 horas de la conferencia en la PGR, las mayores organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) se unieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a más de 70 organizaciones civiles mexicanas en el rechazo a lo que fue interpretado como un nuevo intento del gobierno de México para cerrar el caso Ayotzinapa.

El martes pasado, el Procurador Murillo Karam dio un reporte sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de cuatro meses, donde reiteró la versión que ha defendido desde noviembre pasado: que los jóvenes fueron asesinados e incinerados junto con sus pertenencias en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el funcionario federal, en un intento vano por convencer que su investigación está completa y, peor aún, cerrada.

Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Murillo expresó que la versión inicial se reforzó tras la detención, el jueves 15 de este mes, de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios del grupo criminal y quien, según las autoridades, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.

La versión fue refutada unas horas después por los padres de los desaparecidos, quienes señalaron una serie de incongruencias y contradicciones en la versión ofrecida por la PGR y anunciaron que llevarán el caso hasta la Comisión de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ayer, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), expresó en entrevista radiofónica que la información ofrecida por Murillo Karam “no es una verdad histórica, es una versión oficial”.

Manifestó que el hecho de que se haya hablado primero con los medios de comunicación en lugar de con los padres de familia, “da la impresión de concluir mediáticamente el caso”.

“Ha habido negligencia, empezando por la Procuraduría, que se tomó 10 días para tomar el reclamo de los padres”, reclamó.

El miércoles, Murillo Karam y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares deben ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia. Pero las autoridades parecen haber dado ya carpetazo a esa duda.

“No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada”, dijo Murillo Karam.

“Sostener que el Ejército no tenía nada que ver, es una posición política”, respondió por su parte el representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El caso AYOTZINAPA no se cierra: CNDH

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo ayer que el caso no podrá cerrarse hasta que se lleve ante la justicia a todos los responsables y se aclare el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales, hasta ahora sólo se ha logrado presuntamente identificar los restos de uno.

“El expediente de Ayotzinapa para la Comisión Nacional sigue abierto por lo que hace a su propia actuación, pero también falta ver qué dicen los jueces, qué dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y faltan los resultados que se mandaron a periciar al extranjero, y entonces es un expediente que no está cerrado, que no debe estar cerrado que no debe hablarse de conclusión y que para la CNDH sigue abierto”, dijo González Pérez luego de presentar el Informe Anual de Actividades 2014 ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.

Expresó que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, lugar en el que desaparecieron los normalistas, es “el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y las omisiones”.

“Hay que desmontar este entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, comentó.

Dijo que continuará con el análisis exhaustivo de los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de septiembre en donde desparecieron 43 estudiantes normalistas, a pesar de que la PGR prácticamente dio por concluida su indagatoria.

Agregó que la CNDH mantendrá su acompañamiento a los familiares de los normalistas y sus representantes, para determinar si hubo violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas por parte de todas las autoridades implicadas.

“Para la Comisión Nacional es un expediente abierto, en desarrollo, y una vez agotadas todas las actuaciones que tenemos que hacer, haremos el pronunciamiento que corresponda”, afirmó el ombudsman nacional luego de entregar a la Comisión permanente su informe de labores.

Nota: en el video se muestra paso a paso, cómo desaparecieron a los normalistas, según investigación de la Procuraduría, y el proceso de eliminación de las evidencias.