En los comienzos de su gestión, el gobernador Alfredo Cornejo le dio de baja a 80 trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que se encontraban en planta temporaria. 

La medida fue polémica porque el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados del Casino, firmado por los trabajadores y el Estado en septiembre del 2015, homologado por decreto del gobernador Francisco Pérez en noviembre y publicado en el boletín oficial el 30 de diciembre, les daba estabilidad a estas personas, que debían pasar a planta permanente inmediatamente después de firmado el convenio. 

Pero desde el Ejecutivo no enviaron a ratificación legislativa el CCT y el 30 de enero se les dio de baja. El gremio apeló a la Justicia y la 5ta Cámara del Trabajo emitió un fallo, el 27 de julio pasado, en el que afirma que el CCT goza de plena vigencia desde el 30 de diciembre del 2015, es decir, desde que fue publicado en el Boletín Oficial. Por ende, los trabajadores cesanteados deberían ser reincorporados. 

Uno de los argumentos por los que la Justicia respaldó la vigencia del CCT es que no se afectan los intereses patrimoniales de la provincia, tal y como lo informó la Fiscalía de Estado. 

En este orden de cosas, el secretario general del Sindicato, Martín Caín, anunció que emplazarán al gobierno para que cumpla con el fallo emitido por la mencionada cámara de trabajo. 

El punto es que el gobierno va a apelar, y de hecho tiene 15 días –contándose desde el momento en el que fue emitida la decisión judicial– para hacerlo. Sin embargo, según el secretario general, esto no implica que el gobierno no tenga que cumplir desde ya con lo que determinó la justicia. 

En esa puja se encuentra hoy el sindicato frente a la gestión de Alfredo Cornejo, que no quiere dar marcha atrás con la decisión de no reintegrar a los trabajadores del IPJyC.