El Poder Judicial de Mendoza es el que presenta más falencias ante situaciones de violencia de género,  cuyo último eslabón deviene en la muerte de mujeres en manos de hombres. Eso ocurrió en Guaymallén ayer martes 13 de febrero, cuando dos mujeres y un pequeño de 7 años fueron asesinados por José Patricio Molina, quien horas más tardes se suicidó. Carolina Jacky, la abogada referente en casos de violencia de género, dialogó con Unidiversidad y explicó cómo actúan la Justicia, el Estado y la sociedad ante este flagelo social.

La causa del crimen ocurrido en Guaymallén está caratulada como “homicidio agravado por femicidio” por la muerte de Maira Soledad Bueno, de 25 años, y “homicidio simple” en el caso de Mónica Isabel Outeda, de 51 años, y el pequeño Lautaro, de 7.

En este sentido, Jacky explicó: “Desde ya es femicidio con respecto a su pareja. Si se quiere hilar más fino, se debería investigar si el hombre mató primero al hijo y a la abuela; en ese caso sería femicidio transversal porque se entiende que los mató para hacerle daño a su pareja y después la ultimó a ella, y estaríamos hablando de un triple femicidio, que en esta etapa preliminar aún no está determinado”.

Después de los asesinatos, el femicida José Patricio Molina se suicidó, por lo que la investigación continúa para determinar si hay algún otro responsable y, en el caso de que no exista, se cerrará la causa.     

¿Qué se debe hacer ante estos hechos?

La obligación del Estado es brindar todas las protecciones necesarias para prevenir la violencia. En este sentido, “los jueces tienen amplias facultades, desde la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, las distancia perimetrales necesarias para que el hombre no se acerque a la mujer”, explicó Jacky. Toda la protección debe ser dirigida hacia la mujer. Al que se lo debe excluir es al hombre. “Es algo que todavía nos falta, tenemos que tener más perspectiva de género y preguntarnos: "¿Qué hacemos realmente en favor de las mujeres?”, cuestionó la letrada.

“A la justicia le falta perspectiva de género. Falta en los magistrados, en los camaristas, en los fiscales, que no pueden ver la desigualdad y la discriminación que existe por el solo hecho de ser mujer”, sentenció Jacky, quien además entiende que es una mirada que va más allá de estudiar la ley.

“Si la justicia no cambia y no entiende este nuevo paradigma, cuesta mucho. Y es una remada más dura cuanto más ascendemos en la Justicia, porque nos encontramos con personas de mayor edad. Los camaristas, jueces y ministros de la Corte pertenecen a otra generación que tienen que cambiar el chip”, agregó la abogada.

Responsabilidades del Estado

Cuando existen denuncias previas de violencia de género y ocurre un femicidio, toda la responsabilidad le cabe al Estado. “Estamos en deuda en esta temática, no hay seguimiento de las situaciones y de los casos. Si existiera podríamos prevenir, que es la primera orden de la Ley Nacional: prevenir, sancionar y erradicar la violencia en cualquiera de los tipos y modalidades”.

Sobre el  último caso de femicidio de Mendoza, la abogada declaró: “Esa persona (Molina) tendría que haber sido tratada en la primer denuncia. Si hubiéramos hecho un seguimiento, podríamos haber cambiado la historia”. “Las excusas siempre son: no tenemos los recursos, no tenemos presupuesto, pero creo que tenemos que ponernos a pensar si habría que llevar un registro de todas estas personas violentas y evaluarlas. Es importante que sepan que hay un control, que están siendo monitoreadas”.

¿Qué rol ocupa la sociedad?

La violencia de género es una problemática que nos atañe a todos los ciudadanos y ciudadanas. Así, la Ley establece que si se tiene conocimiento acerca de que una mujer es maltratada, si se escuchan gritos y golpes, se debe dar aviso de inmediato al 911 o al 144, línea de asesoramiento contra la violencia machista que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

“No sólo llega tarde la Justicia, sino también muchas veces la sociedad por no involucrarse, por no denunciar. No existe la índole privada: la violencia de género es de orden e interés público. Los vecinos hoy podrían pagar económicamente por no cumplir con la ley”, manifestó Jacky.

 “Sería bueno que aunque sea se paguen $ 2000 ó $ 3000 para que todos entendamos que tenemos que comprometernos con esta lucha. No podemos esperar que las víctimas lleguen a tiempo. Acá tuvimos a tres que no pudieron hacer nada”, concluyó la letrada.