Antes de que se dictara la nulidad de las leyes de impunidad y comenzaran los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, muchos casos pudieron ser juzgados en tribunales de otros países gracias al concepto hasta entonces desconocido de “justicia universal”, que indica que cualquier juzgado de cualquier país puede actuar en relación con crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo. 

Así fue como delitos ocurridos en Argentina durante la última dictadura militar comenzaron a tramitarse en España. Ahora la situación se revierte. Una de las personas que más ha movilizado el desarrollo de este tipo de juicios es el abogado Carlos Slepoy, sobreviviente del genocidio en Argentina, quien impulsa actualmente que nuestra justicia avance en la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo, algo que el poder español busca evitar hacer en su propio país. .

El intento de investigar los crímenes ocurridos durante el franquismo le costó al juez español Baltasar Garzón una acusación por prevaricato y una suspensión en su cargo. Ante la imposibilidad de avanzar en el camino hacia la justicia en su país, organismos de derechos humanos, junto a familiares de fusilados y desaparecidos en España, iniciaron una causa en Argentina en 2010, que se encuentra a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría. El equipo de abogados querellantes está integrado por Beirusz Shmukler, Máximo Castex y Carlos Slepoy, quien sostuvo el siguiente diálogo con periodistas de Oral y Público. 

Fernando Tebele: Vos sos uno de los responsables más importantes de que hoy tengamos juicios aquí, porque fuiste quien motorizó la estrategia de que los juicios se dieran en España, bajo el concepto de la justicia universal, y nosotros sostenemos que esa movilización que se dio en la sociedad y justicia argentinas a partir de que los casos se juzgaran en España cuando aquí había impunidad, determinan de alguna manera una situación importante para que después los juicios puedan darse en Argentina. Ahora estás trabajando en la causa que tiene que ver con invertir la cuestión y que en Argentina se juzguen por el mismo principio de la justicia universal los crímenes cometidos durante el franquismo. Esa causa avanza en la Argentina, ¿en qué instancia está hoy?

Carlos Slepoy: Si me permitís, hago una breve referencia de la primera parte de tu pregunta, que es el tema del aporte que se hizo desde España y lo que nombraste de mí particularmente. Nosotros siempre sostenemos que sin el movimiento social desatado en Argentina en contra de la impunidad y la labor de los organismos de derechos humanos nada hubiera sido posible, y es importante destacar que, antes de los juicios en España, hubo juicios en Italia, en Francia. Lo que pasa es que el proceso español tuvo la singularidad de que fue por justicia universal, o sea que implicaba a todas las víctimas y victimarios, a diferencia de los otros procesos que se referían a nacionales de los países que acabo de mencionar. Aparte de que tuvo la suerte, para decirlo de alguna manera, de que protagonizó hechos muy relevantes como la detención de Augusto Pinochet, el juicio a Adolfo Scilingo o la detención de Ricardo Cavallo y su extradición a España. Eso le dio una especial envergadura a este juicio, y sin duda que fueron un aporte todos los procedimientos abiertos en países europeos en aquel momento, pero me parece sustancial señalar que esto fue producto de que, cuando en Argentina no había posibilidad de justicia, los organismos de derechos humanos recurrieron a distintas instancias internacionales para abrir caminos, ya sea las Naciones Unidas, OEA, juzgados y tribunales de otros países, hasta que finalmente esos caminos se fueron abriendo. Esto me lleva a la pretensión que tenemos con la querella que se ha planteado en la Argentina y que lleva adelante la jueza Servini de Cubría contra los crímenes del franquismo; eso, como una especie de devolución si se quiere, lo que pretende es provocar un efecto parecido, es decir, ayudar a que termine la impunidad en España. 

Desde luego, la pretensión es que, tal como hizo Garzón en su momento, se investiguen en la medida de lo posible los hechos desde aquí, se dicten órdenes internacionales de detención contra los responsables. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de dictadura franquista hablamos de cuarenta años de dictadura. No hablamos solamente de la primera etapa, la guerra civil y la inmediata post guerra, sino de cuarenta años de dictadura que llegan hasta el 15 de junio de 1977, día en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España, y por lo tanto hay muchos responsables vivos. La pretensión es que se avance en ese camino y se convierta también en un elemento que ayude, como efectivamente ayudaron los juicios en el exterior, a quebrar la impunidad que existía en nuestro país en ese momento. Esta es un poco la idea. Hablé de devolución, pero no tiene que ver solo con la devolución de un favor, sino con que la Constitución Argentina establece, desde su creación en 1853, este principio de que los crímenes contra la humanidad, habla de los crímenes contra derechos de gente, sean juzgados por tribunales argentinos cuando se cometan fuera del territorio nacional. Lo que ocurre es que nunca se había puesto en práctica, como ocurre en general con muchos otros países que tienen una legislación parecida. 
Cuesta mucho poner esto en práctica, hay poderosos intereses de todo tipo: económicos, políticos, diplomáticos, de toda naturaleza, de impedir que avancen estos procedimientos, pero creemos que la experiencia demuestra, a partir de las investigaciones que llevó adelante Garzón y otros logros que se fueron desarrollando aún en la propia justicia española, que este es un camino para acabar con la impunidad. Desde luego, un camino largo, que no tiene un horizonte definido, sino que se va definiendo y divisando a medida que se avanza, pero que sin duda constituye una posibilidad importante de terminar con la impunidad.



Eugenia Otero: Sabemos que son muy complejos y que son muchos, pero ¿podríamos hacer un resumen de los hechos que se juzgan?

Carlos Slepoy: Efectivamente son muchos. Por un lado hay un fenómeno de desaparición forzada de personas que se produce fundamentalmente durante la guerra civil, y más singularmente durante la post guerra, desde 1939 hasta 1950 aproximadamente. Hay una cifra estimativa de 150 mil personas desaparecidas, personas que, como ocurre en nuestro país, o bien fueron cremadas, incineradas, o bien fueron tiradas en lugares inaccesibles, o enterradas en fosas comunes. En España se ha desarrollado un proceso muy importante, de un intento de recuperación por parte de familiares, fundamentalmente los nietos, de los restos de sus abuelos, y eso ha ido generando una conciencia creciente en la sociedad acerca de la necesidad de llegar a la verdad y de hacer justicia en relación con esto. 

Luego está el tema absolutamente lacerante de los niños apropiados. En Argentina contamos con un número aproximado, estimativo, de 500 niños apropiados de los que se han recuperado ciento ocho. En España, en el período que mencioné, la cifra que fija el juez Baltasar Garzón en resoluciones a partir de investigaciones históricas muy profundas es de treinta mil niños apropiados, por el sistema de quitárselos a las madres republicanas que estaban presas cuando los niños tenían tres años y entregárselos a familias adictas al régimen o internarlos en instituciones públicas, pero además, a partir de esa fecha en que estaba legalizado esto, había decretos que lo establecían: hablaban de que, para que los chicos no estuvieran contaminados por las ideas de sus padres, había que separarlos del seno familiar y entregárselos a instituciones del Estado, familias identificadas con el régimen. Además, esto se convirtió con el tiempo, y hasta bien entrado el proceso democrático, podríamos decir que hasta los '90, en una práctica sistemática de apropiación que tenía como motivo el lucro en muchísimos casos, implicados en ello por supuesto médicos, enfermeros, parteros, funcionarios, directivos de clínicas, tanto públicas como privadas, y hay quienes cifran en ciento cincuenta mil personas a estos niños apropiados. Quizás sea una cifra excesiva, pero en todo caso la absoluta falta de información, el ocultamiento de estos hechos, hace que se especule con la cantidad de niños que pueden ser. 

En este momento en España, por estos casos que declararon últimamente, hay interpuestas unas dos mil denuncias hechas por hermanos respecto de otros hermanos, que fueron sustraídos a sus padres durante el nacimiento diciéndoles que habían muerto y luego, en algunos casos, investigaciones han demostrado que esto no era así. Se les decía a los padres que los chicos habían muerto, pero no se les mostraba el cuerpo, o se les mostraba un chico de sexo masculino y luego en la partida salía un sexo femenino, una serie de irregularidades flagrantes hechas con una totalidad impunidad y que ha dado origen a que en España existan veinticuatro asociaciones de niños robados. Esto también está incluido en la querella argentina.

Eugenia Otero: Algo que fue hecho con total impunidad y además mucha eficacia, porque yo recuerdo el momento en que le comenté a mi padre, gallego él y de familia republicana, hace ya varios años lo de los niños apropiados, y él me dijo: ‘No, mujer, eso en España no sucedió, con los niños nunca se han metido’.

Carlos Slepoy: Ese comentario me retrotrae al momento en que las abuelas iban a España a denunciar (estamos hablando de 1996, 1997, 1998, años en que se empezaba a hacer el procedimiento del juez Garzón) y en los periódicos se reflejaban las denuncias de las abuelas, quinientos niños apropiados era el número que más o menos se estimaba y se estima, y la gente en España estaba escandalizada, no podía creer que en un proceso, por más que sea una guerra como le decían, se pudiera apropiar a niños, y lo que estaba oculto era esta realidad que es absolutamente constatada.

Eugenia Otero: Ricard Vinyes, el historiador catalán que lo investigó, nos contaba que cuando él accede a los registros de las cárceles, lo que le sucede es que no sabe cómo analizar esos datos con los que se encontraba porque no tenía marco de referencia para pensarlo.

Carlos Slepoy: Efectivamente, y todo esto está emergiendo en estos últimos años y está provocando un shock en muchos sectores de la sociedad española. Desde luego, hay muchos sectores que permanecen en la indiferencia, como ocurre en toda sociedad, pero cada vez hay más sectores conscientes de esto y más indignados con esta situación. Gran parte de la investigación efectuada por Ricard Vinyes fue publicada en Irredentas, las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Además, puede verse el documental Niños perdidos del franquismo, realizado por Vinyes, junto a los también catalanes Montse Armengou y Ricard Belis.



Fernando Tebele: Uno ve los testimonios de este documental mil veces, sabiendo lo que sucedió en Argentina muchos años después, y cuesta creer que haya quedado sepultado durante tantos años, pero es así cómo la sociedad española después de la Moncloa construyó su propia historia, bastante diferente de cómo lo estamos haciendo nosotros.

Carlos Slepoy: Allá hubo un pacto lamentable por el cual se estableció una amnistía, que, a cambio de la libertad de los pocos presos que quedaban, porque ya habían sido arrancados a través de distintas luchas populares, se estableció que los crímenes cometidos anteriormente a la firma de esta ley no iban a ser investigados, cualquiera fuera el motivo por el que se habían cometido, se tratara de delitos, decía, de intencionalidad política, como dice la ley. En realidad está en discusión si un crimen contra la humanidad se puede considerar como de intencionalidad política, que la hay, desde luego, pero en el marco de lo que se entiende en el derecho internacional, sobre crímenes políticos o delitos de carácter político, porque no tienen nada que ver con estos crímenes. Por lo tanto, esto también ha abierto un debate en España acerca de la interpretación de esta ley de amnistía, y también hay un sector muy importante y creciente que reclama la anulación de esta ley. Estamos viviendo en España un proceso, en períodos mucho más largos que los que ocurrieron en nuestro país. En su momento, se planteaba aquí que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos eran inamovibles porque habían sido dictados dentro de la legalidad vigente por un parlamento democrático y por amplia mayoría, que los indultos habían sido dispuestos por un presidente constitucional y que esto no se podía modificar,;se decía que plantear la nulidad de estas disposiciones era vulnerar el Estado de derecho. 

Nosotros decíamos que lo único que vulnera el Estado de derecho era la institucionalición de la injusticia que plantea este tipo de normas. Finalmente,se pudo quebrar esto que parecía inquebrantable, incluso para propios, no solamente para extraños. Para propios, parecía que había que buscar caminos pero que estas leyes eran inmodificables, y sin embargo, hubo un proceso histórico en nuestro país ayudado, como ustedes decían, por procesos en otros lugares del mundo que terminaron con esta impunidad. Esta es la pretensión que tiene la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Las dificultades son mayores porque ha habido cuarenta años de dictadura y más de treinta y cinco de esta complicidad para que no se investiguen estos hechos. Sin embargo, hay una pujanza muy grande de sectores crecientes de la sociedad española. Por otra parte me parece muy interesante destacar que, desde el momento en que esta querella empezó a cobrar fuerza a través de distintas medidas adoptadas por la jueza, se fue generando una red de apoyo social importantísima, más de sesenta asociaciones en este momento, y además pronunciamientos institucionales en distintos lugares de España por parte de ayuntamientos, por ejemplo. En los plenos de ayuntamientos se vota la condena al franquismo y el apoyo explícito a la querella argentina contra el franquismo. 

Hace poco, en febrero, se planteó por parte de un diputado, ante el Congreso de los Diputados, la necesidad de apoyar la querella y se requirió al fiscal general de Estado, que sería como el Procurador General de la Nación en nuestro país, que colaborara con la justicia argentina. Es decir que esto está teniendo un efecto parecido al que tuvieron las actuaciones de los tribunales europeos cuando los argentinos concurrían a estos países o mandaban sus testimonios porque acá no se podía hacer, y va generando toda una conciencia. Estamos convencidos y conocemos algunos casos de jueces y fiscales que quisieran actuar pero que se ven impedidos por esta doctrina del Tribunal Supremo español que impide la investigación, pero que a partir de las investigaciones de la justicia argentina yo creo que van a empezar a animarse cada vez más, en un proceso similar al que se vivió aquí. Para nosotros los argentinos, sí se puede decir esto sin pecar de chovinismo, debe ser un orgullo que desde Argentina se pueda hacer esto, que tiene que ver con la legitimidad, aparte de la legalidad establecida en la propia ley argentina en el derecho internacional, la legitimidad que da un país que está juzgando a sus criminales, con dificultades, con críticas que en muchos casos se pueden hacer, pero que está siendo un referente mundial en la persecución de estos crímenes cometidos en su propio país. Por tanto, digamos que es inatacable lo que está haciendo la justicia argentina.

Fernando Tebele: Cuando se piensa en que se está llevando adelante esta cuestión, hay gente que nunca pasó por un estrado judicial para declarar. Así como los testigos argentinos tienen esa sobrecarga, ese peso que implica haber pasado tantas veces por los estrados judiciales, en España hay gente que nunca pasó y me imagino que deben estar esperando el momento de hacerlo más que ansiosos.

Carlos Slepoy: Para la gente, que haya un procedimiento judicial abierto y que un juez los escuche, independientemente de los resultados de la investigación, ya es una reparación. Yo recuerdo cuando venían los ex detenidos desaparecidos, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, distintas personas y representantes de asociaciones afectadas: el hecho de declarar ante Garzón los emocionaba porque decían "Por primera vez en mi vida me escucha un juez". Acá está pasando exactamente lo mismo; han venido algunos españoles a declarar y salen con la misma sensación, se dan por pagados con que un juez los escuche. Esto, porque ningún juez los escucha en España, porque a pesar de tanto crimen no hay un solo imputado, nadie que haya sido llamado a declarar, no hay ningún niño que haya sido restituido. Esta es la impunidad absoluta; por tanto, cuando ves una lucecita que se agranda cada vez más como es esta querella, la gente se vuelca y se siente reconfortada de que esto sea así. Yo creo que va a llegar el momento, y quizás no esté lejano, en que los jueces españoles empiecen a escuchar a las víctimas y a investigar estos crímenes.