El presidente Alberto Fernández decidió dar marcha atrás con la prórroga de la negociación por el canje de deuda y Argentina quedó al borde del default. Esto se debe a que se necesita un acuerdo que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de adhesión de los bonistas y el ministro de Economía, Martín Guzmán, hasta ayer sólo contaba con una cifra cercana al 40 por ciento.

Según consigna Infobae, al ordenar que no haya una nueva prórroga en las negociaciones, el mandatario clausuró la posibilidad de continuar con el diálogo con los bonistas, lo cual deja a la Argentina al borde del default a raíz de que es imposible avanzar desde el 40 por ciento de la adhesión que supuestamente ya se tiene asegurado, al 66 u 85 por ciento de aceptación legal que está prevista en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los bonos emitidos durante 2005 y 2016.

Si el Presidente no cambia de opinión en las próximas horas, la negociación habrá fracasado porque no se llegó a un acuerdo con los acreedores privados, quienes pueden aguardar una nueva ronda de diálogo con Guzmán o ir a los tribunales de Manhattan para iniciar un juicio por default.

La diferencia de la oferta oficial respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados es de tres dólares. Fernández ya advirtió varias veces que Argentina no mejorará su oferta. “Hasta acá llegué. No hay un peso más”, reitera el Presidente cada vez que lo consultan al respecto.

En este contexto, el Presidente sólo extenderá la oferta hasta el 28 de agosto si se producen estas dos situaciones diferentes o combinadas entre sí:

1. Los bonistas adelantan que aceptarán la última propuesta oficial y los trámites legales se cierran durante agosto.

2. La International Capital Market Association (ICMA) convalida ciertas reformas jurídicas que imprimirán mayor certeza a la adhesión del canje, durante la extensión de la oferta que vencería a fines de agosto.

En esta combinación de posibilidades, Alberto Fernández ya descartó una tercera alternativa. No habrá prórroga si los fondos no se adhieren a la última propuesta de la Argentina, aunque la IMCA anuncie que avala los cambios jurídicos.

La estrategia del Gobierno, que diseña Alberto Fernández y ejecuta Guzmán, abre dos posibilidades. Los bonistas pueden hacer uso de sus derechos y presentar una demanda por default contra la Argentina, o aceptar un standstill que ya empezó a estudiar el equipo técnico del Palacio de Hacienda.

Un standstill sería un acuerdo formal entre la Argentina y los acreedores privados que establece la postergación de las negociaciones por un tiempo prudencial y evita así la posibilidad de iniciar acciones por default en los tribunales de New York.

Desde la perspectiva de Olivos, y en caso de confirmar su decisión de suspender la extensión del plazo de la oferta y congelar las negociaciones directas con los bonistas, Guzmán pondría foco en abrir el diálogo formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

“Ponemos a los acreedores en un standstill, y empezamos a negociar un crédito con el Fondo. Cuando llegamos a un acuerdo, volvemos a abrir la negociación con los acreedores privados”, fue la propuesta que el ministro le acercó al presidente, quien aceptó la iniciativa.