En 26 hectáreas ubicadas en el paraje Los Sauces, en Tunuyán, nueve familias campesinas viven y producen desde hace 30 años en forma comunitaria. Pero el gobierno vendió esas tierras fiscales, por lo que los productores acudieron a la Suprema Corte de Justicia, que ahora analiza el proceso.

Las tierras, con derecho a riego, están ubicadas a 20 kilómetros de la Ciudad de Tunuyán y ahí los campesinos cultivan hortalizas, frutas y crían animales. Ahora, el panorama es incierto porque un privado compró el lugar y ya intentó desalojarlos.

Los campesinos, que integran la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST), presentaron una medida precautoria ante la Justicia; es decir, una especie de amparo para frenar la venta hasta tanto los magistrados dictaminen. La Suprema Corte aceptó el caso y hace una semana convocó a una conciliación entre las partes, pero aún no tomó ninguna resolución.

Campesinos resisten la venta de tierras fiscales en Tunuyán

Nueve familias que habitan esos terrenos se manifestaron en contra de esta decisión. Informe de Verónica Gordillo, periodista de Unidiversidad. #UnidiversidadNoticias

José Ortega y Emilia José forman parte de ese grupo de campesinos que hoy vive una situación de incertidumbre. En medio del feriazo que se realizó en la Plaza Independencia, cuentan que su familia les enseñó a cultivar la tierra, que es lo que quieren seguir haciendo y que ahora la diferencia es que se organizaron para producir en forma comunitaria. Susana Morales, otra de las campesinas que produce duraznos y manzanas, cuenta que ella y su familia viven momentos de incertidumbre porque no saben si podrán quedarse en las tierras que trabajan en forma comunitaria. 

La venta puso en jaque esa organización comunitaria. Primero fueron imputadas cinco personas por usurpación de la tierra y luego intentaron desalojarlos por la fuerza.

Hay 60 conflictos por la tierra entre campesinos y privados

En Mendoza hay 60 conflictos por la tierra entre productores familiares y privados, la mayoría de los cuales están judicializados. Esta situación ha provocado que muchos puesteros estén imputados por usurpar la tierra donde habitan y producen desde hace generaciones.

La venta

El proceso de venta de las tierras lo inició el gobierno en diciembre de 2018 a través de la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo), la repartición encargada de gestionar el paquete de créditos y bienes de los exbancos de Previsión Social y Mendoza. En total se ofrecieron cinco terrenos: tres ubicados en Tunuyán, uno en San Rafael y otro en San Martín.

En el llamado, publicado en la página web del Ministerio de Hacienda, se detallan las características de cada uno de los terrenos ofrecidos y se aclara que en el caso de Tunuyán, estos se encuentran ocupados. Uno de ellos es el que está en calle Bascuñan, del distrito Los Sauces, donde viven y producen los campesinos.

“La venta de las propiedades se realiza en el estado de uso, conservación y situación de ocupación en que se encuentren, quedando a cargo del comprador los trámites legales pertinentes que requiera el eventual desalojo de las mismas”, se lee en la descripción del ofrecimiento.

Son 63 mil las familias afectadas

Los números que maneja la Nación.

Derecho de posesión

De acuerdo a información oficial, el objetivo de la venta fue recaudar alrededor de 22 millones de pesos y dejar de tener terrenos ociosos, ya que los compradores pretenden activar fincas que no están en producción. Frente a este objetivo, desde la organización que nuclea a los campesinos cuestionaron la venta, primero, en forma administrativa en el Ministerio de Hacienda y luego, con la presentación ante la Corte.

Diego Montón, integrante de la UST, explicó que hace tiempo iniciaron un proceso de regularización de las tierras de Tunuyán para que los campesinos puedan seguir produciendo. En algunos casos, con la asistencia de la Agencias de Ordenamiento Territorial, lograron que los productores puedan seguir en esas tierras fiscales bajo la figura del comodato.

Políticas públicas para fortalecer al sector

Entrevista a Mariana Diaz Valentín.

Montón planteó que los campesinos tienen la posesión de la tierra y que esa condición es tan válida como un título, ya que está contemplada en el Código Civil, las leyes de Agricultura Familiar y de Colonización, así como en la reciente Declaración de Derechos Campesinos, de Naciones Unidas.

Unidiversidad intentó plasmar la versión oficial, pero desde la Daabo no contestaron el requerimiento, que se solicitó a través de la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda.

Montón explicó que existen 150 propiedades en toda la provincia que están en una situación similar; es decir, son tierras fiscales, en las que hacen años viven y producen familias campesinas. Por eso, solicitó que las fincas que están bajo administración de la Daabo sean puestas a disposición de la Ley de Colonización, con la intención de realizar  un programa de arraigo y fomento a la producción que garantice trabajo a los campesinos y alimentos de buena calidad.  

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Nueve familias que habitan esos terrenos se manifestaron en contra de esta decisión. Informe de Verónica Gordillo, periodista de Unidiversidad. #UnidiversidadNoticias