El integrante de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mocase), Diego Montón, aseguró que el decreto del Ejecutivo nacional que modificó la Ley de Tierras Rurales y flexibilizó los requisitos para que los extranjeros puedan comprar campos forma parte de una política clara para que el sector financiero avance sobre los pequeños productores y la agricultura familiar.

El ingeniero agrónomo, que forma parte de la organización que tiene presencia en toda la Provincia y que une a profesionales y campesinos en la elaboración de diversos productos, dijo que la venta de tierras a extranjeros es uno de los aspectos medulares en la política agraria de un país. El decreto, agregó, es una muestra de que el Estado se desentendió de su rol de regulador y permitirá el avance sin restricciones de capitales especulativos.

Montón señaló que en este tema no sólo es preocupante la compra por parte de extranjeros de tierras donde actualmente trabajan familias campesinas, sino que en la mayoría de esas zonas hay nacientes de ríos y otros recursos naturales clave para un país.

El integrante de la UST destacó la importancia de la Ley de Tierras Rurales al asegurar que para los pequeños productores era un verdadero blindaje frente a la especulación de capitales extranjeros.

Más allá de la crítica a las flexibilizaciones, el ingeniero agrónomo destacó la forma “poco democrática” en que se modificó una ley que se votó en el Congreso, a través de un decreto.
 

Ley por decreto

El Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 820/16, que modificó la Ley 26737 de Tierras Rurales y flexibilizó los requisitos para que los extranjeros puedan adquirir tierras. La ley fue aprobada en 2011 y estableció, entre otros aspectos, un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión de tierras en manos extranjeras y restringió a 1000 hectáreas la superficie que puede poseer un mismo titular foráneo.

Hasta el momento en que se aprobó la norma regía el decreto 15385 de 1944, que declaraba la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad estuvieran en manos de ciudadanos argentinos nativos. Esta zona es una franja a lo largo de la frontera terrestre y marítima, que se considera clave para la defensa de un país y donde existe gran cantidad de recursos naturales, especialmente nacientes de ríos y glaciares. En Mendoza, esta franja está demarcada por la Ruta 40 hacia el Oeste y hasta el límite con Chile, y muchos emprendimientos extranjeros están asentados sobre ella, como mineras, bodegas y proyectos turísticos.

La ley aprobada en 2011 también determinó la necesidad de realizar un Registro de Tierras Rurales en manos extranjeras, que llevó adelante la Nación. Los resultados mostraron que los foráneos son dueños del 5,93 % de los campos argentinos, es decir, de 15 881 096 hectáreas. También, que la mayoría  son de propietarios estadounidenses (1,13 %), seguidos por italianos, españoles, suizos y uruguayos.

En cuanto a la realidad en las provincias, el registro mostró que Misiones, Corrientes, Salta, La Rioja y Catamarca poseen los niveles más altos de extranjerización (entre el 10,9 y el 13,9 %), mientras la Patagonia posee porcentajes que van desde el 2 hasta el 9,6 %. En cuanto a Mendoza, los resultados determinaron que el  8,6 % de las tierras rurales está en manos de foráneos, con un total de 12 775 km2, y que el único departamento que excede el límite impuesto por la ley es La Paz, aunque otros están muy cerca de cruzarlo:  Tunuyán, Las Heras y Malargüe.

Ahora, el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri flexibilizó las restricciones impuestas en la ley para que los extranjeros compren tierras. Si bien no alteró el porcentaje total de superficie que puede estar en sus manos (15 %), amplió del 25 al 51 % la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas para comprar tierras en el país y modificó la limitación del máximo de 1000 hectáreas que los foráneos puede adquirir en una localidad de la zona núcleo de la producción agropecuaria.

En este sentido, el Ejecutivo ordenó a las provincias que en 30 días redefinan la equivalencia de esa medida de 1000 hectáreas en su zona productiva. De lo contrario, esa decisión quedará en manos del Consejo Interministerial de Tierras.

El decreto también dejó sin efecto las limitaciones para la compra de aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial", por lo que esas superficies no serán computadas a los fines de los límites fijados por la ley.
 

Defensa y crítica

Luego de publicado el decreto, el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, defendió la decisión y aseguró que busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país. El decreto cosechó el respaldo de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR), por considerar que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero.

En sentido contrario se expresó la Federación Agraria Argentina (FAA). A través de un comunicado, su titular Omar Príncipe sentenció que los pequeños y medianos productores siguen esperando respuestas del Gobierno, y se preguntó quién asesora al presidente de la Nación y qué intereses están detrás del decreto, “con el cual se avanza sobre los pequeños productores”.