Campesinos chilenos sin soberanía alimentaria
Desde el once de mayo el Senado chileno aprobó la
venta de las semillas a la empresa norteamericana Monsanto que podrá
tener las patentes de las múltiples variedades que existen en Chile y
cobrarle a los agricultores por usar la marca, por ejemplo la palta y la quinua. El convenio impide que los campesinos guarden las semillas y
resguarda los derechos de las empresas trasnacionales.
Esta
información está siendo conocida a casi un mes debido a que los medios chilenos
no informaron sobre esta decisión, sólo las voces de alerta de comunidades
campesinas en los medios alternativos y organizaciones como la Vía Campesina, que
en su portal indica que "esta ley aprobada en el Congreso chileno favorece
solamente a las corporaciones multinacionales como Monsanto y otras, que lucran
con el patrimonio y la riqueza genética de los pueblos" hicieron
posible que hoy esta noticia sea conocida.
Este
modo de implementar las políticas públicas de Chile es preocupante, ya que
implica que gran parte de su población empiece a depender de las empresas
multinacionales; la introducción semillas modificadas genéticamente, que en la
actualidad son motivo de un fuerte debate científico por los efectos a la salud
de las personas y porque está demostrado que cuando se instalan en una zona
acaban con la variedad de especies. Lo cual es preocupante para la soberanía
alimentaría no solo de los campesinos e indígenas chilenos, sino también para
los consumidores urbanos ya que por ejemplo en Chile existen 297 variedades
nativas de papas, número que se ve amenazado por este convenio.
Desde el momento en que se comienzan a utilizar las
semillas transgénicas se debe necesariamente utilizar el herbicida
"Roundup", que investigaciones como las del profesor Andrés Carrasco,
investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET)
verifican
los efectos negativos de su principal componente el "glifosato" en la
salud humana, pero también en los suelos y variedad de seres vivos.
Este convenio que se hace con Monsanto viola el convenio
169 que Chile tiene con la OIT
ya
que allí está explicito que se debe respetar el derecho de los pueblos
indígenas y la alimentación es el derecho básico para poder vivir. Los
campesinos e indígenas según este convenio tendrían que haber sido consultados
antes de tomar esta decisión que los afecta directamente, pero como es habitual
gana siempre la presión de grandes consorcios económicos que quieren que las
tierras fértiles del mundo produzcan alimentos transgénicos.
¿Que implica el convenio?
Para tener en claro imaginemos un pueblo donde los
campesinos ya no podrán ser dueños de almacenar bajo sus formas de conocimiento
las semillas que desde nuestros antepasados han modificado a través de técnicas
ancestrales y que nos legado tanto para el consumo como para medicina, así como
también ya no son dueños del legado de las diferentes formas de cultivos
dependiendo del clima. Todo este conocimiento de siglos de experiencia por
estar en contacto con la tierra son cedidos a Monsanto para que esta empresa
una vez que manipula genéticamente las semillas se las venda.
Falta la promulgación oficial del Presidente Sebastián
Piñera, pero teniendo en cuenta el manejo de otro recurso natural que también
es básico para la existencia humana como el agua, que hoy se encuentra bajo
propiedad de la empresa privada Endesa con 83%, que ha desarrollado proyectos
Hidroeléctricos a lo largo de Chile como Hidroaysén, que son rechazados por la
ciudadanía chilena, rechazo que se hizo visible a través de una multitudinaria
protesta el domingo 29 de mayo,
es muy probable que rectifique el acuerdo a que se niegue a hacerlo.