Para los camioneros de Mendoza, el sistema Cristo Redentor que conecta con Chile no es sólo una ruta para transportar mercadería. Es un entramado que implica tiempo, dinero, predisposición y, sobre todo, paciencia. Es estar listo para superar adversidades que a 3500 metros de altura se pueden dar por causas climáticas o por las siempre probables fallas humanas.

Guido Calzetti, presidente de Aprocam, dijo que no existe coordinación entre las instituciones que trabajan en el Paso y recordó un viejo anhelo de los transportistas mendocinos: unificar los controles migratorios y de carga para acelerar los tiempos de viaje.

Por el paso Cristo Redentor pasan entre 500 y 700 camiones por día. En invierno, una constante es la demora en la apertura del túnel. Para Aprocam, esto depende pura y exclusivamente de la decisión del lado chileno. Pero, además, en Argentina las autoridades de Gendarmería y Aduana no siempre entienden la dinámica del Paso ya que, para la asociación, muchos no están capacitados para reaccionar ante las inclemencias en zonas montañosas.

Desde la Cámara ven necesario replantear los cobros para la habilitación de las cargas. Entre las 8.00 y las 16.00 el trámite es gratuito. Luego hay que pagar un canon. Para abaratar costos, muchos camioneros llegan cuando la revisión es gratuita y crean congestión vehicular, evitable si se reduce el valor del impuesto y se implementa el pago 24 horas.

Además está el destrato que, según el empresario, reciben los conductores en épocas de vacaciones pues se controla más a los visitantes que viajan en vehículos particulares y colectivos que a los transportistas. Para Calzetti es una falta de respeto: benefician al turismo y se olvidan de los camioneros que transportan el 95 % de las mercaderías del país.

Estos problemas podrían solucionarse con la construcción del paso Las Leñas en Malargüe, que implicaría una disminución del 30 % en las demoras en el Cristo Redentor, pero el proyecto depende de la voluntad política. “Los tiempos de los políticos no son los tiempos de los empresarios. Ellos alargan el problema y demoran el paso”, sentenció.

Infraestructura

Calzetti recalcó que uno de los puntos a favor son las maquinarias de Vialidad y el estado de las rutas. En el verano esto ayuda a que el tránsito se agilice, en especial los días de lluvia.

El representante criticó el parador que se pretende construir en Uspallata a través de un convenio que firmó en 2014 Rubén Miranda con un grupo empresario y que había enojado a los transportistas porque aumentaba los costos de los productos que partían al exterior. El litigio llegó a la Fiscalía de Estado, que en noviembre de 2016 validó el acuerdo y autorizó a avanzar con el plan de impacto ambiental.

Para los miembros de Aprocam esto es inconstitucional porque obliga a los transportistas a pagar $ 744 por viaje. Además, el único organismo que tiene esa función es la Aduana y lo hace de manera gratuita. “No estamos en desacuerdo con que construyan algo para los choferes, sólo queremos que saquen el apartado que habla de la obligatoriedad”, concluyó.