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05 DE DICIEMBRE DE 2024
La copresidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos, Patricia Galván, calificó como "un retroceso" la reforma de la Comisión de Prevención de la Tortura.
Foto: Pixabay
Esta semana, la cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto por el cual se modifican distintos artículos de la Ley 8284 de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con sede en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza. Los principales cambios están dados en la composición, que se reduce, y en el ámbito de ese organismo, que pasa a la órbita legislativa.
Con respecto a los miembros, el Comité reduce de 12 a 2 la representación de los organismos de la sociedad civil. “Es como si el Ejecutivo pretendiera ocultar las acciones y que nadie pudiera observarlas. Esto es un retroceso, estamos preocupados porque los organismos, cuando actuamos, lo hacemos con el único interés de preservar derechos”, dijo a Radio U la copresidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos, Patricia Galván.
“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tiene la función de asegurar que ninguno de los ciudadanos sea avasallado por el Estado. Si esto ocurre, se interviene en resguardo de los derechos de todos y todas. Hace tiempo nos preocupa cómo se vive en las cárceles porque tienen un sistema muy punitivo. Una persona que está cumpliendo una sentencia no tiene por qué sufrir otro padecimiento, como la falta de los derechos básicos como alimentación, higiene y salud. Vimos situaciones escabrosas”, explicó Galván. “El año pasado nos juntamos con varios de los organismos de Derechos Humanos porque veíamos venir toda una ideología punitivista, exacerbada por los cambios en el Código de Faltas, que lo único que hizo fue retroceder. Cuando uno conquista un derecho, no se puede retroceder, pero eso está sucediendo”, agregó.
Escuchá la entrevista completa.
Es Ley la polémica modificación de la Comisión de Prevención de la Tortura
La cámara de Diputados, por mayoría de votos, convirtió en ley el proyecto venido en revisión del Senado por el cual se modifican distintos artículos de la Ley 8284, sancionada en marzo de 2011, de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con sede en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.
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