Al parecer, el gobernador Alfredo Cornejo quiere que los diputados y senadores se ganen los 72 mil pesos mensuales que cobrarán por mes en 2016. Su impronta de gobierno apunta a sancionar leyes que legitimen casi todos sus movimientos de gestión.

En los próximos días, cuatro proyectos auspiciados por el Gobernador coparán la agenda legislativa: el cambio en la administración de los hospitales de cabecera es el principal. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca ahorrar casi un millón de pesos diarios que hoy se gastan por mala administración.

Además, habrá lugar para tratar tres proyectos más: la ratificación del convenio firmado con el gobierno de Mauricio Macri por la devolución de los fondos coparticipables que se debitaban para fondear a Anses –y que implica endeudamiento, por lo tanto, el frente CM necesita de los votos opositores–, y dos leyes de seguridad: la unificación de las causas que un imputado tenga en distintos juzgados de la provincia y una regulación de la tarea de los cuidacoches. Estas últimas aún no han sido enviadas, pero al parecer ingresarán por el Senado, al igual que la de Salud.

Mientras, la ratificación del convenio con el Gobierno nacional está en la Cámara de Diputados, a punto de ser debatida.
 

Hospitales en la mira

La autarquía hospitalaria no ha dado buenos resultados, según analizan los técnicos del gobierno, sobre todo en el área administrativa. Que cada centro asistencial de referencia se financie con su propio presupuesto, tome decisiones de gestión y regule su personal, ha vuelto casi inmanejable el sistema. El producto ha sido que cada hospital funciona como un micro-ministerio de Salud.

El presidente del bloque radical en el Senado, Alejandro Molero, explicó que con el cambio, Cornejo no sólo apunta a terminar con esa autarquía, volviendo al sistema centralizado –aunque estas instituciones manejarán su propia caja chica y tomarán decisiones de compras menores, como insumos y algunos otros gastos corrientes–, sino que achicará los directorios y concursará los cargos de comando.

Con esta determinación, además de apuntar a una política sanitaria de ahora al futuro –y no estar cambiando a todos los directores cada vez que concluye una gestión–, el gobierno busca dejar de gastar cerca de 30 millones de pesos por mes, lo que equivale a una cifra nada despreciable en materia de ahorro: casi 1 millón de pesos por día.

El cambio implica todo un desafío, sobre todo en la organización interna de los centros sanitarios acostumbrados a manejarse con fondos propios. Una de las grandes diferencias será que, para realizar compras de grandes proporciones, tendrán que pedir autorización al Ministerio de Salud, algo que hasta ahora no sucedía.

El apuro para que este proyecto se convierta en ley es grande porque está por concluir la intervención hospitalaria y esto se convertiría en el puntapié inicial del nuevo sistema. La idea es que mañana, martes 7, la debata el Senado para enviarla inmediatamente a Diputados en busca de su aprobación definitiva. En cuanto a los votos, para darle luz verde al proyecto, CM no necesita de la oposición, así es que es probable que su tratamiento sea expeditivo.
 

Las otras leyes

La ratificación del convenio con el gobierno de Macri por la devolución del 15 % de los fondos de la coparticipación federal que se debitaban a Mendoza –y al resto de las provincias– para capitalizar a la Anses necesita de los dos tercios de los votos de Diputados para pasar al Senado y ser aprobado. Sin embargo, los legisladores del FpV dudaron una vez que el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, y el de Gobierno, Dalmiro Garay, concurrieron a explicarlo a la Legislatura. Esto, porque implica una nueva toma de deuda, esta vez por 3000 millones de pesos para los próximos cuatro años.

La razón es que la gestión nacional pretende devolver el dinero en forma escalonada hasta 2020, momento en el que se restablecerá el 15 % total de los fondos que se descuentan. En 2016 se acordó una devolución del 9 %, cuyo reintegro se hará de la siguiente forma: 3 % en efectivo y el 6 % restante en crédito a una tasa muy conveniente: 15 % anual.

Si bien el acuerdo implica dinero para las comunas, lo que quieren los legisladores de la oposición es conseguir más beneficios para los intendentes. Así lo adelantaron la presidenta de la principal bancada opositora, Patricia Fadel, y el diputado peronista Jorge Tanús. La rueda de consultas con los cinco jefes comunales del FpV terminó la semana pasada y ahora queda dar el apoyo al proyecto. Cabe aclarar que, como se trata de un convenio ya acordado, los legisladores no le pueden introducir modificaciones, sólo aprobarlo o rechazarlo. Esta semana habrá definiciones al respecto.
 

La seguridad sigue en agenda

Desde el 1.° de mayo los temas de seguridad están en el candelero oficial. Primero, fogoneando el proyecto de protocolización de la prisión preventiva –que se convirtió en ley el miércoles en la Cámara Baja– y luego con las noticias del envío de otras dos iniciativas que tienen como objetivo agilizar el sistema judicial y mejorar la seguridad urbana.

Se trata del proyecto de ley para unificar las causas que un imputado pueda tener en distintos juzgados de la provincia. Según explicó el jefe de la bancada oficialista en el Senado, esto tiene que ver con que se simplifique el proceso judicial, por un lado; por el otro, para que se tenga en cuenta la reiterancia a la hora de pedir la prisión preventiva del acusado.

La idea se concreta lentamente, puesto que aún falta definir si las causas serán reunidas en el juzgado donde se registró el primer ilícito o si serán tomadas por el que tiene la causa más grave. Todo apunta a que será de esta última forma.

El otro proyecto de seguridad tiene como objetivo regular la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial. La idea es simple, pero traerá polémica: quieren incluir esta forma de subsistencia en el Código de Faltas a fin de prohibirla. El punto es que, si lo que se busca es –tal y como se rumorea– replicar la experiencia de Capital al respecto, deberán pensar en incluir en el proyecto un capítulo destinado a la inserción social de las personas que realizan esta actividad. En Capital los cuidachoches están censados, pagan un seguro y se les entrega la mitad de la ganancia por cada tarjeta de estacionamiento medido que colocan. Cabe destacar que este proyecto tampoco ha sido enviado y se encuentra aún más en borrador que el anterior, aunque la decisión de normativizar la tarea de los cuidadores de autos ya está tomada.