El papel de los medios públicos en la vida democrática se comprende mejor en su aspecto político cuando se analiza su contraparte, el conjunto de los medios hegemónicos concentrados.
Unos pocos aparatos distribuidos en distritos específicos del país son la referencia del encendido televisivo nacional. Una gran distancia separa esos números, que conforman el rating, de un conocimiento cabal de las audiencias. Esa es la motivación por la cual la Presidenta convocó a las universidades –entre ellas la UNCUYO– que deberán diseñar un sistema que supere al dato comercial del rating.
La Defensoría del Público abogó por medios públicos que escuchen a sus audiencias y valoró la gran actividad de estas en el reclamo permanente de sus derechos comunicacionales.
La Universidad Nacional de Río Cuarto planea iniciar a la brevedad sus emisiones de Televisión Digital Abierta, tras un fallo favorable de la Justicia y una resolución del Gobierno cordobés que la habilita para poner en funcionamiento la antena.
La declaración de plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crea un nuevo escenario mediático, en el que cambian las posibilidades políticas del grupo Clarín y aumentan los desafíos para el periodismo y la oposición.
Desde su génesis, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contó con un grupo de jugadorxs de primera línea: la dirigencia política. Hubo quienes levantaron la mano para apoyarla, quienes la militaron, pero también quienes la atacaron y se levantaron con discursos y acciones en contra del proyecto. Ahora que la Ley comienza a aplicarse en su totalidad gracias al fallo de la Corte del martes, ¿cómo jugaron referentes de la política?
El máximo tribunal falló a favor de la constitucionalidad de la ley 26522. Con la decisión se termina un largo camino de presentaciones judiciales, iniciado por el grupo Clarín el mismo día que se aprobó la norma, en 2009. Los puntos centrales del fallo.