En la última parte del informe especial sobre lo ocurrido durante 2014 en el 4.° Juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza, el operativo realizado por fuerzas conjuntas en abril de 1977 será el foco. En 2015, el 2.° Juicio iniciado en San Rafael y el segundo año del que nos ha ocupado.
El lunes 9 de febrero se retoman las audiencias testimoniales del 4° Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza. Para anticipar la segunda etapa del megajuicio, Edición UNCUYO entrevistó al fiscal Daniel Rodríguez, parte del equipo del Ministerio Público.
En abril de 1977 se realizó en Mendoza un operativo que tuvo la finalidad de secuestrar, asesinar y desaparecer a un grupo de militantes. Algunxs habían venido de otras provincias huyendo de la persecución, como fue el caso de María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José.
Miguel Julio “Lobo” Pacheco vino a Mendoza junto a su esposa de Nora Otín huyendo de la persecución que vivían en La Plata. Fue uno de los detenidos-desaparecidos del operativo conjunto de abril de 1977, causa que se indaga en el 4.° Juicio por delitos de lesa humanidad.
Nora Otín y su compañero Julio Pacheco llegaron a Mendoza huyendo de la represión que se vivía en La Plata. Su testimonio aportó a esclarecer cómo fue el operativo conjunto entre fuerzas militares y policiales de abril del 77, del que fueron víctimas.
La causa “Operativo de Abril de 1977”, que se trata en el 4.° Juicio por delitos de lesa humanidad, fue una serie de operativos conjuntos entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Provincial cuyo resultado fue el asesinato o desaparición de quince personas, entre las que se encontraba Elvira Orfila Benítez.
La segunda semana del megajuicio por delitos de lesa humanidad comenzó con importantes novedades respecto de los imputados. Permitió que el fiscal Dante Vega resumiera los hechos y acusaciones de causas emblemáticas, como la caída grupal de abril de 1977 contra militantes montoneros, y la de las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la supresión de identidad de Celina Rebeca, hija de ambos. También se evidenció la impunidad con la que se desenvuelven aún los exfuncionarios federales: Otilio Romano presionó al Tribunal por su autodefensa y se confirmó el apartamiento de Gabriel Guzzo, exjuez acusado de 107 violaciones a los derechos humanos.