Cuatro años y medio se demora la Justicia mendocina para resolver una causa civil; por ejemplo, una sucesión. Por eso, la gran apuesta del Ejecutivo y el Judicial, con la presentación del proyecto del Código Procesal Civil de la Provincia, es reducir ese lapso a un año, para lo cual prevé limitar los juicios a dos audiencias, incorporar medios electrónicos y la oralidad, y reglamentar el proceso para que los jueces de Paz resuelvan conflictos relacionados con derechos de los consumidores en un único encuentro.

Después de un año de trabajo, las máximas autoridades de los dos poderes se reunieron en el Centro de Congresos y Exposiciones y presentaron el proyecto, que busca adecuar la norma provincial al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde julio de 2015.

Tanto el gobernador Alfredo Cornejo como el presidente la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, resaltaron que Mendoza es la primera provincia en presentar una iniciativa que busca adecuar la norma local a la nacional. Esa intención ya la había dejado plasmada a través de un decreto el anterior mandatario, Francisco Pérez, y Cornejo la retomó.

Cornejo y Llorente también coincidieron en resaltar el trabajo de los integrantes de la comisión redactora, que durante un año elaboraron la propuesta que ingresará en febrero a la Legislatura. En caso de aprobarse, el proyecto reemplazará a la actual norma, redactada por el especialista Ramiro Podetti y que está vigente desde hace 60 años.

El presidente de la Corte aseguró que el objetivo de máxima que persiguen con el nuevo código es superar la anomia que muchas veces caracteriza a este poder del Estado. En el mismo sentido, Cornejo explicó que la administración de Justicia es un servicio clave para los ciudadanos, por lo que consideró que el desafío es agilizar los procesos. Dijo que el cambio de código per se no significa una mejora, sino que lo fundamental es el compromiso de los magistrados y los empleados judiciales.
 

De los papeles a la oralidad

Tal como estipula la Constitución, el Códigos Penal y el Civil son nacionales, pero los de procedimiento, es decir, los de reglamentación de esas normas, corresponden a las provincias. Es en estos últimos en los que el Ejecutivo impulsó cambios, tanto en el Penal (actualmente en tratamiento legislativo), como en el Civil, que se presentó ahora, y en Familia, cuyo proyecto se presentará en breve.

Quieren jueces especializados en temas de violencia

Jorge Nanclares, magistrado de la Suprema Corte e integrante de la comisión que elaboró el proyecto, aseguró que más del 50 % de la causas que concentra el fuero civil en Mendoza son sucesiones, pedidos del beneficio de litigar sin costos (no pagar impuestos de Justicia) y daños y perjuicios. Recalcó que actualmente, en promedio, el tiempo de resolución de los procesos es de cuatro años y medio y que buscan reducir ese período a un máximo de un año.

Para lograr ese objetivo, Nanclares enumeró algunos de los cambios sustanciales que prevé el proyecto. Los juicios se reducen a dos audiencias: una inicial, en la que se determinan los hechos, y otra final, en la que se toma una decisión. La obligación de producir prueba será de los letrados (ahora la produce el tribunal). Se incorporarán medios electrónicos como grabar audiencias, utilización de firma electrónica y del expediente electrónico, con lo cual los abogados podrán seguir el proceso y aportar desde una computadora o teléfono.

La iniciativa también establece cambios referidos a los pedidos de litigar sin costos. De aprobarse, la persona que no tiene recursos sólo debe demostrar esto ante el tribunal, sin que tenga intervención la otra parte en conflicto, como ocurre actualmente.

Otro punto central de la iniciativa es la reglamentación para que los  jueces de Paz pueden resolver en forma rápida causas relacionadas con derechos de los consumidores. Nanclares dio un ejemplo claro: si alguien compró una heladera y no anda, entonces el juez cita a las partes a una audiencia en la que escucha las razones del consumidor y del comerciante o el fabricante, y luego toma una decisión.
 

Justicia lenta

Nanclares fue crítico con el poder del que forma parte. Dijo que la Justicia argentina es lenta tanto en el fuero Penal como en el Civil, y que un punto central para que siga siendo burocrática es el concepto de juicio por audiencia, algo que buscan cambiar con el proyecto que presentaron.

Nanclares explicó que actualmente en Mendoza están en funciones unos 1000 jueces civiles y que en promedio hay 10 empleados por cada magistrado. Dijo que la proporción ideal sería al revés para agilizar los procesos, lo cual, aclaró, no significa que reduzcan personal, sino que a medida que se jubilen se contrate con este nuevo criterio.

El ministro de la Corte dejó en claro que, de aprobarse el proyecto, su puesta en funcionamiento no requerirá un incremento presupuestario. Dijo que el dinero para comprar equipamiento tecnológico (como videocámaras) lo aportará la Nación.

El supremo consideró que hoy se requiere un nuevo perfil de juez, que asista a las audiencias y que tome las decisiones frente a los profesionales y a las partes en conflicto. Aseguró que es clave que se realice un seguimiento de su trabajo, que se fijen objetivos claros y metas a cumplir, al contrario del modo actual, que funciona de manera casi automática según la cantidad de causas que cada magistrado debe resolver.