La pobreza energética es una categoría que comenzó a estudiarse en la década del ‘90 en Europa. En Buenos Aires, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) determinó que casi la mitad de los bonaerenses es “pobre energético” y, en Mendoza, la Asociación Civil Consumidores Mendocinos busca establecer el índice en la provincia. Aseguran que es necesario para instaurar políticas públicas que garanticen el derecho al acceso a la energía de la población.

Se considera que una persona es pobre energética cuando una persona debe destinar más del 10 % de sus ingresos disponibles (es decir, descontando lo que se gasta en alquiler de un inmueble y en la canasta básica alimentaria) en gastos energéticos. Así lo explicó Gisela Lamberti, de la Asociación Civil Consumidores Mendocinos, quien agregó que es alarmante el caso del área metropolitana de Buenos Aires, en donde el 48 % de sus habitantes son pobres energéticos.

Este dato se desprendió de un estudio que realizó CEPA en mayo de 2017 y que tiene vigencia por los constantes aumentos tarifarios a lo largo y ancho del país. Asimismo, Gisela Lamberti explicó que, en el informe de ese centro de estudios, se apunta que la probabilidad de ser pobre energético aumenta cuando en un hogar no se tiene acceso al gas natural. Esta situación es común, en nuestro país, para los que tienen bajos recursos, lo que hace a una gran parte de la población “doblemente vulnerable”.

Si bien el gobierno nacional manifestó -en alguna oportunidad- sus intenciones de incorporar la categoría de pobreza energética para medir el impacto de los tarifazos, no hay informes oficiales. En el caso de Mendoza tampoco lo hay, pero la asociación civil a la que pertenece Lamberti pretende realizar un estudio similar al que hizo CEPA en Buenos Aires, pero en el Gran Mendoza.

Para Gisela Lamberti, el gobierno nacional prioriza la ganancia de las empresas en lugar de buscar garantizar el derecho al acceso a la energía de la población. Por lo tanto, sólo sabiendo cuántos son los mendocinos que tienen dificultades para pagar los servicios básicos energéticos (agua, luz y gas) y estableciendo una “canasta básica energética” -es decir, cuánto es el mínimo de energía que necesita una familia para tener una vida digna- se pueden fijar políticas públicas para proteger a los habitantes de la pobreza energética.  

El acceso a la energía, un derecho consagrado

En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos en esa materia. Uno de ellos es “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” por lo que se considera que “el acceso universal a la energía es esencial”.

Además se considera que el acceso a la energía es un derecho humano consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ese artículo indica, al comienzo, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.