Mediante una resolución del Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE) elaborado por la Nación en 2015. Así se eliminan los obstáculos al acceso a este tipo de prácticas y se adecuan los lineamientos para que puedan acceder las mujeres, niñas y personas trans sólo bajo las causales de peligro para la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.

La gestión de María Eugenia Vidal se suma a la lista de otras provincias donde ya rigen los protocolos como: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva bonaerense establece que todos los efectores de salud (incluyendo al personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE cuando corresponda. Además indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible, en un espacio de confidencialidad y privacidad.

También se incorporan avances respecto del grupo de jóvenes y niñas (Comunicación N.º 7, disponible más abajo), conforme los nuevos preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociéndolas como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.

El Protocolo sancionado en 2015 por la Nación establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” e indica que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. De este modo, todas las jurisdicciones del país deben aplicarlo, adhieran o no, pero la iniciativa bonaerense brinda un reaseguro para mujeres, niñas y personas trans.

La voz de Amnistía

La resolución 2095/2016 –que será publicada en el Boletín Oficial bonaerense esta semana– dispone que el protocolo nacional para abortos no punibles sea de "aplicación obligatoria" en la red sanitaria provincial, lo que deja sin efecto la resolución 3146/2012, algo que fue calificado como "un paso adelante" por Amnistía Internacional por considerar que la vieja disposición "incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal".

"La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y de la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de Estado respetuosa de los derechos humanos", indicó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.