Luego de que Sérgio Moro, juez federal de Curitiba (estado de Paraná), aceptase la acusación pública del fiscal Deltan Dellagnol, quien desde su oficina acusa a Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso conocido como “petrolão”, el expresidente de Brasil y principal referente del Partido de los Trabajadores (PT) quedó a un paso de la prisión preventiva.

La coima que habría recibido el principal referente del Partido de los Trabajadores (PT), y en la que se sustenta la denuncia por corrupción, sería de 3,7 millones de reales en concepto de “retorno” por un desvío fraudulento a la constructora OAS por 87 millones, a expensas de Petrobras, además de una prebenda de 1,3 millones de reales.

Por su parte, Lula calificó al proceso que lo podría sentenciar a 35 años y 4 meses de prisión -además de grandes multas y una prohibición de ejercer cargos públicos por ocho años- como una “farsa” y “gran mentira” que busca, como ya dijo en veces anteriores, sacarlo de la política y promover una “restauración conservadora”.

A la vez, el juez Moro, quien encabeza las investigaciones de la operación ‘Lava Jato’ (lava autos), admitió que "los elementos probatorios son cuestionables, pero en esta fase preliminar no se exige una conclusión sobre la presencia de responsabilidad criminal".

En la denuncia también fueron procesados la esposa de Lula, Marisa Letícia; el titular de la constructora OAS, Léo Pinheiro, cuatro ejecutivos de la misma compañía; y el titular del Instituto Lula, Paulo Okamotto.